4 de abril de 2011[493] visitas [1] comentario

Rafael Barón, presidente de la Plataforma contra la Morosidad: “Falta un régimen sancionador que acompañe a la norma”.

Rafael Barón, además de dirigir la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum), preside la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y es hermano de Enrique, ministro de Transportes en el primer Gobierno de Felipe González. Ahora, lejos de comulgar con el actual Ejecutivo socialista, exige que Rodríguez Zapatero haga lo que ningún presidente de la democracia ha logrado: obligar, a través de sanciones, a que cada uno pague lo que debe (y cuando debe).

-¿Qué es la Plataforma contra la Morosidad?

-Es el resultado de la necesidad de hacer frente a los defectos de la Ley de Morosidad de 2004. Somos varios sectores afectados por la dilatación de los plazos de pago en España, muy diferentes a los de los países adelantados.

-Es decir, que estamos hablando de un problema que viene de lejos...

-Ya en los años ochenta, por ejemplo, en Alemania los plazos de pago no excedían nunca de 30 días. Por entonces, aquí en España ya estaban en 120 o 130 días. Fíjate si viene de lejos; es casi un defecto genético nuestro.

-¿Hoy el problema que existe viene de un incumplimiento de la ley o de un defecto de la propia norma?

-La ley tiene que luchar contra esa costumbre de pagar tarde y mal. Por lo general, esta última [la aprobada en julio de 2010] se está cumpliendo, pero hay resistencia, sobre todo por parte de la Administración, porque no está convencida de que tenga que cumplirla. Y el principal motivo es la falta de un reglamento sancionador.

-Da la sensación de que la Administración se sabe directamente por encima de la ley.

-Es que yo creo que estamos de alguna manera en una quiebra del Estado de derecho. Curiosamente, son el Gobierno y el resto de Administraciones, los que tendrían que dar ejemplo, los primeros en no cumplir la ley. Además, lo que ocurre es que los que están al frente de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas no son conscientes aún de que son responsables del dinero que gestionan. Parece que el dinero les viene solo. Piden y piden una vez que se les acaba el dinero. Piensa por un momento qué pasaría si fueras empresario y te presentases en un consejo sin dinero y encima pidiendo más...

-El Gobierno tampoco ha puesto en marcha la línea ICO que preveía la ley.

-Es que es el primero que la incumple. La norma exigía dos cosas y una de ellas era la creación de la línea ICO para pagar las deudas atrasadas. La deuda atrasada con los proveedores alcanza los 35.000 millones de euros y esa línea ICO es fundamental para que el sistema funcione. Porque a nosotros nos obligan, queramos o no, a pertenecer a ese sistema financiero. El otro punto que el Gobierno no ha cumplido es el observatorio para vigilar y controlar el seguimiento de la propia ley. No alcanzo a entender que el Gobierno saque dinero para planes energéticos costosos o para las cajas, pero no para articular una línea ICO, por ejemplo, que puede salvar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

-Antes comentaba que la nueva ley se está cumpliendo. ¿Por quiénes?

-Por las empresas, aunque no de la forma en la que nos gustaría. La idea que tienen las empresas, por fin, es que esta norma hay que cumplirla. La única resistencia es la de ciertos grupos muy concretos.

-¿Como cuáles?

-Como las grandes distribuidoras y, sobre todo, las constructoras. Durante los últimos años no se han dedicado a la distribución o a la construcción, sino al negocio financiero. Rafael Barón, presidente de la Plataforma contra la Morosidad.

Por: A. Gordo