SOS ciudadano

El Supremo atisba 'desequilibrios' en el incremento patrimonial de Bono

01 de Jun de 2011 a las ::

La Sala Penal se niega a iniciar una investigación por tercera vez. El auto remite al juzgado de Toledo la instrucción de las cuentas sobre la Hípica Almenara.

La Sala Penal del Tribunal Supremo decidió ayer inadmitir, por tercera vez consecutiva, una querella contra el ex presidente de Castilla-La Mancha y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, acusado de presuntos delitos de cohecho, falsificación de documento público y delito fiscal por la asociación Justitia et Veritas.

Como en las dos ocasiones anteriores el Supremo se niega a investigar el notable incremento patrimonial de Bono. Así, cuando se refiere al presunto delito de cohecho, la Sala señala que “sin perjuicio de que se pueda atisbar desequilibrio entre los ingresos y bienes, según la querella, y las deudas y adquisiciones no aprecia dato de ilicitud en el incremento patrimonial”. Para los magistrados, “el hecho de que tal incremento se constate no determina sin más que su causa u origen sea ilícito, de manera que ello nos impide abrir una causa penal a la búsqueda genérica de tales indicios”.

Mucho dinero

Otro de los puntos fundamentales de la querella firmada por el abogado Jaime Ignacio Del Burgo se refiere a la utilización de la Hípica Almenara S L. El escrito acusatorio, para justificar el presunto cohecho, alegaba “el pago de al menos 450.000 euros realizado por las empresas que se anunciaban en las instalaciones del centro ecuestre o el regalo de varios caballos al hijo de Bono por parte del empresario Rafael Santamaría”.

En este punto, el auto, hecho público ayer, se quita de enmedio el asunto al señalar que “la Hípica Almenara está siendo objeto de investigación por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo. De forma que existiendo un procedimiento penal en trámite, donde aparecen como querellados los administradores de dicha sociedad, esta Sala considera que no existen en este momento elementos suficientes para iniciar una causa contra un aforado, sin perjuicio de cual sea el resultado del procedimiento”. Idéntica argumentación se aplica respecto al “posible trato de favor de Bono a Francisco Hernando, promotor de una urbanización en Seseña (Toledo)”.

En cuanto al regalo de varios caballos al hijo del querellado, el Supremo dice que “la querella no aporta elemento alguno indiciario de la realidad de tales hechos”. Pero aquí no queda la cosa. Los magistrados afirman que “tampoco puede valorarse como indiciariamente delictivo lo relativo al pretendido regalo por parte de un empresario de un vehículo de alta gama a la esposa de Bono”. El auto se apoya en que el fiscal presentó una copia de la factura relativa a la adquisición de tal vehículo por parte de la joyería Tous.

Declaraciones

Por otro lado, tampoco considera como delito continuado de falsedad en documento público que en sus declaraciones de patrimonio publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha entre 1995 y 2004, en las que incluía una manifestación de que con el importe de la venta de las fincas heredadas de sus padres en Salobre había podido construirse su casa-mansión de Olías del Rey, comprado el piso de Toledo y pagado en 1995 unas deudas pendientes.

Para el Supremo, “la declaración de bienes o actividades no se considera que sea un acto propio del ejercicio de las funciones del cargo, en el que el funcionario tenga la obligación penalmente relevante de decir la verdad”. Ahora bien, “pero la falta de verdad en tales declaraciones daría lugar, en su caso, a la correspondiente responsabilidad disciplinaria o en el electo, dado el componente ético y de transparencia en la gestión que las inspiran”, subrayan los magistrados.

En otras palabras, se garantiza la impunidad penal en la declaración de bienes de los políticos.

Comisario condenado a siete meses de c�rcel por acoso sexual a otra polic�a nacional

26 de May de 2011 a las ::

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete meses de prisión al comisario del Cuerpo Nacional de Policía Mauricio M.L. por un delito de acoso sexual a una compañera, a la que deberá indemnizar con 20.000 euros por daños morales.

El comisario, que ha sido absuelto del delito de acoso del que le acusaba otra policía y de los de lesiones y trato degradante que le imputaban ambas, también ha quedado inhabilitado para el ejercicio de su empleo durante el tiempo de la condena y no podrá comunicarse por ningún medio con su víctima durante tres años.

Según la sentencia, Mauricio M.L., ex jefe de la Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional, realizó en los años 2004 y 2005 propuestas de mantener relaciones afectivas y sexuales a sus compañeras "aprovechándose de su superioridad jerárquica sobre las inspectoras que allí trabajaban", si bien uno de los delitos ha sido declarado prescrito porque la mujer no lo denunció en su día.

La sentencia relata que la víctima trabajó entre 2004 y 2005 como inspectora en comisión de servicios en la UCI, proponiéndole el procesado asumir el cargo de agregada del Ministerio del Interior en Lituania.

La noche del 7 al 8 de octubre de 2004, el condenado comunicó a la denunciante que debía acompañarle a una cena con policías de este país para un primer contacto. Tras concluir la velada, éste se ofreció a llevarla a casa y en el trayecto, se abalanzó sobre ella e intentó besarla, a lo que ésta se opuso.

A partir de este momento, según el fallo, "el acusado se mostró despótico y despreciativo" hacia la mujer, "haciendo comentarios fuera de tono y descalificando su trabajo, que no respetaba. Además, acudía a su despacho cuando se encontraba sola y le hacía insinuaciones.

El procesado afrontaba una petición fiscal de un año y dos meses de prisión por dos delitos de acoso sexual continuado. Las acusaciones particulares, que representaban a dos de sus víctimas, solicitaban hasta 10 años de cárcel y siete meses de prisión por abuso sexual, lesiones, amenazas y coacciones.

En su declaración, el procesado negó los hechos de los que se le acusa, asegurando ser "víctima de un complot" por parte de las mujeres que le acusaban. "Me consta que han conciliado sus declaraciones para mentir sobre mí", afirmó entonces.

El Presidente Zapatero descarta adelantar las elecciones

23 de May de 2011 a las ::

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha descartado adelantar las elecciones generales tras la "clarísima" derrota sufrida en las autonómicas y municipales para "culminar las reformas imprescindibles para la recuperación económica".

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa ofrecida en la sede de los socialistas en Ferraz, un lugar que desde el cierre de las urnas ya parecía más un velatorio que el cuartel general de un partido.

Zapatero ha reconocido el "retroceso amplio" del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, pero pese a ello, sigue dispuesto a agotar la legislatura: "El respeto de los tiempos y de los mandatos políticos me parece bueno para nuestro sistema democrático", ha zanjado.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que es un "momento trascedente" para terminar las reformas y que se mantendrá en el Gobierno para "alcanzar cuanto antes la recuperación económica y el empleo".

Comparece en lugar de Blanco

Aunque en un principio estaba previsto que fuera el vicesecretario general, José Blanco, quien compareciera ante los medios, la debacle electoral ha obligado a Zapatero dar la cara.

Con semblante muy serio, acompañado por la plana mayor del PSOE y del Gobierno, Zapatero ha querido felicitar a los ganadores en cada ayuntamiento y en cada comunidad, sea cual sea el partido al que pertenezcan, y dar la enhorabuena de manera singular al PP y a sus candidatos.

"Hemos ganado muchas veces y hemos sabido ganar. También sabemos perder", ha declarado.

Detenido el director del FMI acusado de intento de violaci�n

15 de May de 2011 a las ::

El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ha sido detenido hoy en Nueva York por el supuesto asalto sexual contra una camarera de un hotel.

El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, ha sido detenido hoy en Nueva York por el supuesto asalto sexual contra una camarera de un hotel, informó la Policía local.

El político francés, considerado como el candidato con más posibilidades para arrebatar a Nicolas Sarkozy la presidencia de su país, fue detenido por agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y entregado a detectives de Policía de Manhattan cuando se encontraba en el compartimento de primera clase de un avión de Air France a punto de despegar hacia París.

Strauss-Kahn, de 62 años, ha sido trasladado a la Unidad de Víctimas Especiales de Manhattan en donde es interrogado, según el portavoz de la Policía de Nueva York, Paul Browne.

Hasta el momento no se han presentado cargos formalmente contra el máximo dirigente de FMI.

Agentes de paisano abordaron el avión de Air France a las 16.45 de la tarde hora local (20.45 GMT) en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y le detuvieron después de que el Departamento de Policía de Nueva York recibiera la denuncia de una limpiadora del hotel Sofitel situado en pleno centro de Manhattan.

Según Browne, la mujer, de 32 años, explicó que cuando entró en la habitación de Strauss-Kahn, que se encontraba desnudo, éste se abalanzó contra ella e intentó obligarle a practicar sexo oral.

La camarera logró huir y contó lo ocurrido a sus compañeros de trabajo, que llamaron a la Policía.

Cuando se personaron los agentes en el hotel, Strauss-Kahn ya lo había abandonado, aunque de manera aparentemente precipitada, pues dejó en la habitación algunos objetos personales, entre ellos su teléfono móvil.

Bill Murray, portavoz del Fondo Monetario, declinó hacer declaraciones sobre el asunto.

Las acusaciones representan un grave varapalo para las aspiraciones políticas de Strauss-Kahn, quien, aunque aún no había anunciado su candidaura, se daba por descontado que estaba a punto de renunciar a su puesto en el FMI para poder presentarse a las elecciones presidenciales francesas del año próximo.

Según la legislación gala, Strauss-Kahn tenía de plazo hasta el 13 de juniopara declarar sus aspiraciones políticas.

Las encuestas le concedían hasta ahora una cómoda ventaja frente al conservador y actual presidente Nicolas Sarkozy.

Strauss Kahn, del Partido Socialista francés, se encontraba al frente del FMI desde 2007, cuando pretendía aspirar a hacer frente a Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas pero fue derrotado a la hora de obtener la candidatura de su partido por Segoléne Royal.

Catedrático de Economía de profesión, comenzó su carrera política en el Parlamento francés y fue ministro de Economía durante el Gobierno del primer ministro Lionel Jospin hasta 1999.

Al frente del FMI había ganado numerosos elogios por su liderazgo en la crisis económica mundial y la participación de esta entidad en los paquetes de rescate en la crisis financiera de Europa.

Casado en terceras nupcias con la periodista de televisión neoyorquina Anne Sinclair y padre de cuatro hijos, se había visto envuelto en escándalos de naturaleza sexual con anterioridad y en 2008 se le acusó de haber mantenido una relación amorosa con una de sus subordinadas del FMI, Piroska Nagy.

El Fondo Monetario contrató a un bufete de abogados para investigar las denuncias y Nagy cambió su trabajo al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con sede en Londres.

Strauss Kahn pidió disculpas al personal de la entidad financiera internacional a través de un correo electrónico en el que admitió un "error grave de juicio", pero declaró creer "firmemente que no he abusado de mi posición".

El comité directivo del FMI decidió que la relación se había producido por mutuo acuerdo, aunque calificó las acciones de su director gerente como "lamentables" y que reflejaban un "grave error de juicio".

Strauss-Kahn tenía previsto haberse reunido mañana domingo en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, para tratar sobre la crisis financiera y el rescate internacional a Grecia, un asunto que debía abordar también en Bruselas la semana entrante.

El Fondo Monetario Internacional es responsable de un tercio del paquete de rescate financiero para Grecia.

Más información:

Strauss-Kahn no incurrió en abuso de poder, según el FMI

Corcuera: 'Usted no sabe qui�n soy yo'

11 de May de 2011 a las ::

José Luis Corcuera, ex ministro de Interior con Felipe González, pretendía acceder en coche a la Feria de Abril por un lugar reservado para vehículos oficiales y taxis.

El exministro del Interior José Luis Corcuera ha sido denunciado por la Policía Local de Sevilla por el incidente que protagonizó el pasado 6 de mayo cuando pretendía acceder en coche a la Feria de Abril por un lugar reservado para coches oficiales y taxis.

El incidente ocurrió hacia las 18.00 horas en la calle Virgen de la Cinta, próxima al recinto ferial, cuando dos policías locales que regulaban el acceso impidieron el paso al coche del exministro pues no se encontraba entre los vehículos de servicio público u oficiales, únicos autorizados.

El chófer de Corcuera exhibió una placa del Cuerpo Nacional de Policía y pese a ello el policía municipal le indicó que no podía seguir hacia adelante, según la versión del incidente que hoy publica "Diario de Sevilla".

Corcuera, que viajaba en el asiento delantero, se dirigió al policía local diciéndole que tanto él como su escolta iban a pasar, y según el atestado policial decía a voces que "no sabía con quién estaban hablando" y que no se pensaba identificar.

Al pedirle uno de los agentes que bajara la voz porque le estaba hablando con respeto y sin amenazarlo, el exministro contestó: "yo sí que te estoy amenazando y no me voy a identificar".

Poco después llegaron otros dos policías locales, que trataron de calmar al exministro, que reiteró que no se identificaría porque él no había hecho nada aunque finalmente el escolta aseguró que efectivamente se trataba de José Luis Corcuera, ministro del Interior entre 1988 y 1993.

Uno de los dos agentes que llegaron después le informó entonces de que si se quería quedar allí tendría que subirse a la acera y salirse de la calzada porque ya estaba identificado y sus compañeros tenían que continuar con su trabajo.

Finalmente, Corcuera se subió a su coche y se dirigió hacia la Feria, una vez identificado su vehículo como oficial, en un altercado que congregó a numerosos curiosos, algunos de los cuales van a ser citados como testigos en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla por una falta contra el orden público.

El Juzgado también va a llamar en los próximos días a los agentes autores del atestado para ratificar su versión de los hechos.

El Gobierno es el primero que incumple la Ley de Morosidad

04 de Apr de 2011 a las ::

Rafael Barón, presidente de la Plataforma contra la Morosidad: “Falta un régimen sancionador que acompañe a la norma”.

Rafael Barón, además de dirigir la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (Anfalum), preside la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y es hermano de Enrique, ministro de Transportes en el primer Gobierno de Felipe González. Ahora, lejos de comulgar con el actual Ejecutivo socialista, exige que Rodríguez Zapatero haga lo que ningún presidente de la democracia ha logrado: obligar, a través de sanciones, a que cada uno pague lo que debe (y cuando debe).

-¿Qué es la Plataforma contra la Morosidad?

-Es el resultado de la necesidad de hacer frente a los defectos de la Ley de Morosidad de 2004. Somos varios sectores afectados por la dilatación de los plazos de pago en España, muy diferentes a los de los países adelantados.

-Es decir, que estamos hablando de un problema que viene de lejos...

-Ya en los años ochenta, por ejemplo, en Alemania los plazos de pago no excedían nunca de 30 días. Por entonces, aquí en España ya estaban en 120 o 130 días. Fíjate si viene de lejos; es casi un defecto genético nuestro.

-¿Hoy el problema que existe viene de un incumplimiento de la ley o de un defecto de la propia norma?

-La ley tiene que luchar contra esa costumbre de pagar tarde y mal. Por lo general, esta última se está cumpliendo, pero hay resistencia, sobre todo por parte de la Administración, porque no está convencida de que tenga que cumplirla. Y el principal motivo es la falta de un reglamento sancionador.

-Da la sensación de que la Administración se sabe directamente por encima de la ley.

-Es que yo creo que estamos de alguna manera en una quiebra del Estado de derecho. Curiosamente, son el Gobierno y el resto de Administraciones, los que tendrían que dar ejemplo, los primeros en no cumplir la ley. Además, lo que ocurre es que los que están al frente de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas no son conscientes aún de que son responsables del dinero que gestionan. Parece que el dinero les viene solo. Piden y piden una vez que se les acaba el dinero. Piensa por un momento qué pasaría si fueras empresario y te presentases en un consejo sin dinero y encima pidiendo más...

-El Gobierno tampoco ha puesto en marcha la línea ICO que preveía la ley.

-Es que es el primero que la incumple. La norma exigía dos cosas y una de ellas era la creación de la línea ICO para pagar las deudas atrasadas. La deuda atrasada con los proveedores alcanza los 35.000 millones de euros y esa línea ICO es fundamental para que el sistema funcione. Porque a nosotros nos obligan, queramos o no, a pertenecer a ese sistema financiero. El otro punto que el Gobierno no ha cumplido es el observatorio para vigilar y controlar el seguimiento de la propia ley. No alcanzo a entender que el Gobierno saque dinero para planes energéticos costosos o para las cajas, pero no para articular una línea ICO, por ejemplo, que puede salvar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

-Antes comentaba que la nueva ley se está cumpliendo. ¿Por quiénes?

-Por las empresas, aunque no de la forma en la que nos gustaría. La idea que tienen las empresas, por fin, es que esta norma hay que cumplirla. La única resistencia es la de ciertos grupos muy concretos.

-¿Como cuáles?

-Como las grandes distribuidoras y, sobre todo, las constructoras. Durante los últimos años no se han dedicado a la distribución o a la construcción, sino al negocio financiero. Rafael Barón, presidente de la Plataforma contra la Morosidad.

El TS dice a Garz�n que los ciudadanos no asumen buscar la verdad a cualquier precio

04 de Apr de 2011 a las ::

Así lo indica en un auto, en el que rechaza el recurso del juez Garzón contra la resolución en la que el pasado mes de octubre acordó continuar este procedimiento y dar un plazo a las partes para que solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el archivo de la causa.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) instructor de la causa contra Baltasar Garzón por ordenar las escuchas entre los imputados en el "caso Gürtel" y sus letrados en prisión, Alberto Jorge Barreiro, cree que los ciudadanos no asumen que la verdad material de un proceso se busque "a cualquier precio".

Así lo indica en un auto, en el que rechaza el recurso del juez Garzón contra la resolución en la que el pasado mes de octubre acordó continuar este procedimiento y dar un plazo a las partes para que solicitaran la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el archivo de la causa.

En la resolución que ahora confirma el Supremo Jorge Barreiro concluyó que había indicios para juzgar a Garzón por delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales.

Según el instructor, "en un Estado de Derecho el fin de la búsqueda de la verdad material no justifica cualquier medio, sino que son los medios normativizados con garantías constitucionales los que justifican y legitiman la verdad procesal obtenible".

"En los Estados constitucionales de derecho son los medios impregnados de garantías constitucionales los que legitiman los fines, y no a la inversa", puntualiza.

A su juicio, cualquier ciudadano que se viera en la situación de hallarse preso preventivo por haber sido encausado en un proceso penal y que, después de dos meses de instrucción, comprobara que las conversaciones privadas y profesionales que ha mantenido con su letrado han sido íntegramente grabadas por decisión del juez instructor "estimaría que no se hallaba en un Estado de Derecho".

Garzón ha defendido las escuchas recordando las ordenadas entre presuntos implicados y sus letrados en casos como los de Marta del Castillo, Pablo Vioque o Palma Arena y al respecto el Supremo argumenta que "ninguno de tales supuestos es asimilable al que ahora se dilucida".

En su recurso, Garzón criticó la extensión del auto que ahora es confirmado, a lo que el instructor contesta que su escrito no es desproporionado teniendo en cuenta que las partes han presentado más de 300 folios tratando las cuestiones jurídicas que suscitan las escuchas que son objeto del proceso.

El instructor añade que la extensión se ha debido a la "singular posición jurídica" adoptada por la Fiscalía, que ha defendido una tesis "sustancialmente contraria a las garantías constitucionales y legales" al dar validez como fuente de prueba a las grabaciones realizadas a los letrados en la cárcel.

Garzón ha alegado que ordenar las escuchas era la única vía para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban los implicados, a lo que Jorge Barreiro contesta que "en un Estado de Derecho a un preso preventivo no puede privársele ni limitársele de forma sustancial su derecho de defensa por la posibilidad o probabilidad de que ponga a buen recaudo el fruto económico de su actividad delictiva".

Además, explica que dado el elevado número de delitos económicos que se enjuician en España y de delitos de otra índole que también generan ingresos ilícitos susceptibles de ser ocultados "el derecho de defensa quedaría excluido de facto o mermado de forma capital en un elevado número de procesos con presos preventivos".

Información relacionada:

Eligio Hernández: 'Garzón es lo que nunca debería ser un juez'

El Supremo, los medios y Garzón: de polvos y lodos

Inquietante as en la manga del Gobierno de España

El comisario Juan Antonio González se va de España

Inspector de Policía facilita el chivatazo a la banda terrorista ETA

Bermejo y Garzón ¿Es España plural y diversa?

Enrique de Diego, detenido en Ferraz cuando protestaba contra Zapatero

03 de Apr de 2011 a las ::

Hoy (ayer) ha sido una día de dignidad. Era fundamental que los socialistas no se fueran de rositas, que no pareciera que era un debate interno del PSOE, un cambio de cromos, sino una guerra económica que han decretado contra los ciudadanos y que ha llegado el momento de erradicar democráticamente al socialismo, que no sólo Zapatero es culpable, sino todos y cada uno de los socialistas.

Se lo debía a esa señora que estaba ante Ferraz y que ha pasado todo el invierno sin calefacción, envuelta en mantas. A los parados que estaban allí, indignados, y a los que se le acaba la prestación en dos meses. A esos expoliados de Fórum y Afinsa, a los que han robado los ahorros de toda una vida. A todos los españoles de bien a los que han llevado a la indigencia.

Era preciso, cuestión de patriotismo y de dignidad, dar un mentís a todas esas frases de que la sociedad española está adormecida, de que no se mueve por nada.

Era necesario mostrar nuestro coraje y nuestra dignidad. Y lo hemos hecho. Y les hemos tenido rodeados con sus coches oficiales y hemos dado un ejemplo a toda la nación que irá prendiendo.

Deben irse, deben convocar elecciones anticipadas.

Quiero agradecer todas las muestras de cariño. Quiero agradecer todas las muestras de dignidad.

He sufrido una detención ilegal, arbitraria. He sido agredido, primero, luego detenido de manera abusiva. La secuencia de los hechos ha sido:

1.- Una policía antidisturbios zarandeaba a una joven de unos catorce años empeñándose en cachearla para ´incautarse de un huevo´. Le he dicho que era absurdo y que no tenía derecho a hacer eso, que un huevo no era ningún arma peligrosa.

2.- De inmediato, ha venido un policía antidisturbios y me ha zarandeado a mí. Al ver que era increpado por la gente por su brutalidad, se ha puesto aún más nervioso y me ha tirado al suelo. Cuando me he levantado, me ha dicho que estaba detenido. Luego me ha insultado. Cuando ha venido su jefe le ha dicho que me había detenido, le ha preguntado por qué, ha dudado un tiempo largo y luego ha dicho: "me ha cogido por la pechera". De inmediato, he dicho que era absolutamente falso. En las fotos se puede ver a quien cogen por la pechera y zarandean. Esta es la policía que le gusta a Rubalcaba. Si fuera terrorista, Rubalcaba negociaría conmigo y me pondría la alfombra roja. El que tendría que estar detenido es Rubalcaba.

3.- En el Complejo Policial de Moratalaz, como lo de la pechera es una chorrada, he sido informado de que el policía ha declarado que lo he estampado contra unas motos, con lo que he quedado convertido en el clon de Mazinger Z. Además de ser absolutamente falso, nunca le pondría la mano encima a un miembro de las Fuerzas de Seguridad, porque mi padre era capitán de la Guardia Civil, tengo un hermano guardia civil, héroe de España, y un sobrino en la Benemérita. Ellos hacen honor a España. El que me ha agredido y detenido no, hace honor a Rubalcaba.

4.- Me reservo acciones legales frente a lo que considero un caso de brutalidad policial y detención ilegal.

La verg�enza consentida de Gibraltar

02 de Apr de 2011 a las ::

El Príncipe de Asturias sorprendió en la cena de gala del pasado miércoles haciendo una referencia expresa a la necesidad de resolver el «contencioso histórico» de Gibraltar en presencia del príncipe Carlos. Teniendo en cuenta que desde 2002, durante la segunda legislatura de José María Aznar, ningún Gobierno español se ha atrevido a reclamar a Londres la soberanía sobre la colonia británica, existen pocas esperanzas de que el «contencioso» de la Roca pase a ser una prioridad para el Ejecutivo, a punto de meterse de lleno en la campaña electoral. Sin embargo, antes de abrir el melón que tanto parece asustar al Ejecutivo de Zapatero, firme defensor del «statu quo», hay varias asignaturas pendientes que dificultan la vida diaria de los vecinos de Algeciras y que pueden afectar al resto de los españoles.

GASOLINERAS FLOTANTES

El negocio del «bunkering» sigue llenando los bolsillos de las empresas de combustible con sede en Gibraltar. Las gasolineras flotantes instaladas en aguas de la Bahía de Algeciras traspasan a los buques que acuden a repostar un total de siete millones de toneladas de fuel marino al año.

El nuevo sistema de radares instalado por el Gobierno de Caruana permitirá extender este comercio ilegal al este del Peñón. Las asociaciones ecologistas han puesto el grito en el cielo y han advertido de que el desastre que puede ocasionar un vertido de crudo en la cara oriental de la Roca, expuesta al Mar de Alborán, implicaría una auténtica tragedia para el negocio del turismo en la Costa del Sol. Se calcula que la zona tardaría un total de 20 años en recuperar la actividad actual.

SOBERANÍA DE LAS AGUAS

España no admite discusión alguna sobre la soberanía de las aguas que rodean a la colonia británica, bajo control español desde la firma del Tratado de Utrecht de 1713. A través de dicho tratado, España sólo cedió a la Corona británica el dominio sobre las aguas del puerto, pero desde entonces reclama y ejerce de facto el control marítimo de una milla y media náutica al este y tres al sur y al oeste. El Gobierno del ministro principal, Peter Caruana, en el poder desde 1996, no pierde oportunidad de reclamar la aguas.

ACOSO A LA GUARDIA CIVIL

Los 85 agentes de la Guardia Civil que prestan servicio en la Bahía de Algeciras llevan meses sufriendo las provocaciones de la Royal Navy, que campa a sus anchas por la milla y media de la discordia. Según declararon fuentes de la Benemérita, «cualquier día va a haber un golpe entre patrulleras con armas de fuego, y vamos a tener que traernos detenidos a puerto español. Se va a liar una muy gorda. Es sólo cuestión de tiempo».

El hostigamiento al que se ven sometidos los guardias civiles es diario, aunque los agentes españoles tratan de que no haya enfrentamientos. «Ahora la cosa está aflojando porque nos hemos retirado, estamos evitando patrullar cerca del Peñón para evitar el conflicto porque sabemos que nadie nos va a respaldar», aseguran. Los agentes temen que la presión a que se ven sometidos desemboque en un acto de guerra en toda regla. «Las pequeñas unidades navales destinadas en Gibraltar sí que actúan, son embarcaciones de guerra, nos apuntan con armas pesadas, ametralladoras, dejando claro que podemos entrar en un acto de guerra. Y todo esto ocurre a diario en aguas españolas», continúa la misma fuente.

Los agentes no reciben apoyo ni del Ejecutivo ni de Interior. «No recibimos ningún protocolo de actuación. Nos dejan ver que hay que evitar el conflicto, así que nos damos la vuelta, pero no son órdenes concretas. Nosotros pertenecemos a un cuerpo disciplinado, necesitamos órdenes. Encima, luego tratan de buscar responsables; las tripulaciones están muy quemadas», prosiguen antes de aventurar que «si las autoridades no lo hacen, acabaremos poniendo nosotros una denuncia en la Comisaría de Algeciras».

FORO TRIPARTITO

El empeño de Moratinos en 2004 de crear un foro de diálogo que sentara en la misma mesa a Londres, Madrid y Gibraltar ha resultado una fórmula fallida. Las reuniones técnicas que debían resolver asuntos de colaboración se suspendieron a finales del año pasado y siguen sin fecha. Fuentes diplomáticas consideran que Moratinos cometió «un gran error» poniendo a Caruana al mismo nivel que los Gobiernos británico y español.

RELLENOS

Gibraltar trata de ganar terreno a España, y al mar, de forma literal. Lo hace a través de rellenos ilegales de costa a los que, como ya ha dicho Caruana, no piensan renunciar. Grupos ecologistas llevan años denunciando estas prácticas.

Las polémicas visitas

04-03-2009

La princesa Ana de Inglaterra acudió en visita oficial a Gibraltar por tercera vez, del 4 al 6 de marzo de 2009, para inaugurar un centro médico, lo que llevó al Gobierno a expresar su «malestar» al Reino Unido por lo que consideraron que era «una visita inoportuna».

31-08-2001

El príncipe Eduardo de Inglaterra, tan sólo dos meses antes de reanudarse las conversaciones entre España y Reino Unido sobre el futuro de la Roca, acudía al Peñón en visita no oficial para entregar diversos premios a jóvenes gibraltareños por su participación en las actividades organizadas por la Fundación «Duque de Edimburgo». El entonces ministro de Exteriores español, Josep Piqué, indicó que su departamento había manifestado a los responsables británicos su «desagrado e incomodidad» por la visita del cuarto hijo de la soberana.

Información relacionada:

Las decisiones de Zapatero hacen perder a España el control del Estrecho de Gibraltar

Vuelven Miguel Boyer, Ruiz-Mateos, el paro, las huelgas... �y Naranjito?

01 de Apr de 2011 a las ::

En la primera página de un periódico de estos días se podría leer que un tal Miguel Boyer va a presidir la Comisión Asesora de Competitividad del Gobierno socialista. Un poco más abajo, otra noticia aseguraría que la Justicia tiene que decidir si acepta la suspensión de pagos de las empresas de José María Ruiz-Mateos o no... ¿un periódico de 2011 o de 1982?

En las páginas intermedias, la subida del número de desempleados en el país, alcanzando tasas casi escandalosas, es la mayor preocupación de los españoles que escuchan con pavor la palabra crisis económica... ¿una noticia de 1982 o de 2011?

El Gobierno socialista, como resultado de la situación económica, ha tenido que poner en práctica sus políticas más liberales, pese a las promesas iniciales. Ante esta situación, los líderes sindicales, incluidos los de UGT, se han puesto delante de una pancarta para manifestar su oposición a las políticas del Ejecutivo. ¿Los primeros paros de la democracia, en 1982, o la huelga general del 29 de septiembre de 2010?

Menos mal que el Mundial de Fútbol ha salvado el ánimo de quienes ven cómo comprar una casa resulta casi un sueño porque pagar una hipoteca con estos sueldos resulta imposible. El deporte se ha colado en todos los televisores españoles como la receta perfecta de 'Pan y circo'. Pero, ¿el Mundial de España, con Naranjito, o el de Sudáfrica, con Iniesta?

Claro que en este 'dejavù' casi 30 años después hay claras diferencias: La tasa de paro en 1982 era del 17% pero en términos absolutos no se pasaba de los 2,5 millones de desempleados. Hoy son 4,5 millones, un 20% del total.

Mientras Ruiz-Mateos peleaba hace 30 años contra la expropiación de sus empresas por parte del Gobierno, ahora es la crisis y la suspensión de pagos la que está destruyendo su imperio.

Tampoco Miguel Boyer es el que era. Si entonces tenía en sus manos hasta el poder de devaluar la peseta (una sus primeras medidas como ministro de Economía), ahora se escuchará sólo su voz y la moneda única le corta cualquier capacidad de movimiento por ese lado.

Claro que, por suerte, podrá seguir viendo caras conocidas en otros comités de asesores, consejos de administración de grandes empresas... y al final, hasta Rubalcaba, sigue siendo el delfín del PSOE. Sólo se echa de menos a Naranjito.

Rubalcaba y el olvido

30 de Mar de 2011 a las ::

La larga carrera política de Rubalcaba parecía haber llegado a su culmen al convertirse en el sol naciente, no por tardío poco brillante, en el declinar del zapaterismo.

Pero una súbita inestabilidad, propiciada por la emergencia de una memoria que parecía amortizada por el ritmo trepidante de los tiempos, le coloca ahora a un paso de la extenuación, a punto de caer muerto ante la inminencia de lo inalcanzable de la meta. La revelación del contenido de las Actas de ETA no solamente muestra de manera cegadora todo lo que el PSOE es capaz de arrojar por la borda cuando su navío se ve en un aprieto, sino que dibuja un Rubalcaba dispuesto a cargar con cualquier herencia con tal de seguir en esa carrera que ahora le lleva al abismo.

El recuerdo de lo que hizo lo convierte en un guiñapo, en la caricatura de un líder. No hay que olvidar sus palabras. “ETA será criminal, pero nunca mentirosa”. Ahora no sabe qué decir ante la revelación de sus andanzas en una negociación necia y abocada al fracaso. Es posible que intente balbucir algo parecido a “los españoles se merecen una ETA que no les mienta”, pero una muestra de su ingenio a destiempo podría ser la gota que colmase el vaso de la condena inapelable. No le valdrá, tampoco, refugiarse en el silencio porque los españoles saben bien que los políticos lenguaraces son tanto más elocuentes cuando nos dicen que nada tienen que decir.

Sobre su destino político se ha vertido un producto altamente tóxico, una verdad tan verosímil como inconveniente, que muestra su falta de escrúpulos, su posibilismo rayano en la absoluta amoralidad. Con esa carga ha de afrontar, además, los falsos enigmas que rodean al caso Faisán, un asunto que también heredó pero en el que no quiso poner ni un gramo de decencia, confiando, como siempre, en la benevolencia de los fiscales, en la lentitud de la justicia, en el apoyo inequívoco y persistente de la prensa adicta, en la infinita credulidad de sus adictos. Nada bastará, porque lo que finalmente se evidencia es que los socialistas, con Zapatero a la cabeza y con Rubalcaba de especialista en simulaciones, estuvieron dispuestos a lo que fuere con tal de conseguir la apariencia de una rendición de la banda, la fotografía de un final feliz para el desdichadamente llamado proceso de paz. No les importó nada, Navarra tampoco, porque estimaban que el botín por conseguir merecía cualquier clase de dispendios, pero los errores acaban pasando siempre una factura tanto más dolorosa cuanto más a destiempo aparece al cobro.

Rubalcaba es un alquimista de la información, un hombre, sin duda habilidoso, capaz de disimular y de desinformar con la mejor de sus sonrisas, con una sinceridad tan apabullante como falsa. Ha jugado con fuego al imputar a sus adversarios conductas mentirosas porque ha hecho recaer sobre él una demanda especial de credibilidad y cuando, como ahora sucede, se le viene abajo todo el tenderete de sus artimañas, su auténtica condición aparece de manera especialmente obscena y sus mentiras se convierten en insoportables. Por si fuese poca carga tener que soportar las recomendaciones de Botín, ha caído sobre el PSOE la evidencia de lo que tan persistentemente negaron: su arreglo con ETA, su necia convicción de que podrían convertir a criminales avezados en sumisos concejales de izquierda dispuestos a apoyarles en cualquier tripartito. Ha caído sobre Rubalcaba todo el artificio de una legislatura lamentable, y pronto deseará que todo se disuelva en el olvido, pero ya es tarde también para esa salida piadosa.

Uno de los polic�as imputados fue tres veces al bar 'Fais�n' el d�a del soplo

29 de Mar de 2011 a las ::

El juez Pablo Ruz levanta el secreto decretado sobre el vídeo que constata la entrada del agente en el local.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz levantó ayer una parte del secreto del «caso Faisán»: la que afectaba a las imágenes de la entrada del bar de Irún (Guipúzcoa), propiedad de Joseba Elosua. El instructor del «chivatazo» ha tomado esta medida al constatar que uno de los tres imputados, el inspector de Policía José María Ballesteros, aparece en el vídeo hasta en tres ocasiones entre las once y las doce de la mañana del 4 de mayo de 2006. Fue precisamente en este lapso temporal en el que se produjo la delación que obligó a posponer un mes y medio las detenciones.

Aquel día, una persona que Elosua no conoce de nada se acercó a él y le pasó su teléfono móvil diciéndole que al otro lado de la línea alguien le quería comentar algo. Fue este tercer individuo, presuntamente el jefe superior de Policía del País Vasco, el que le advirtió de que iba a ser detenido de forma inminente. Ese 4 de mayo Elosúa se iba a reunir con el etarra Cau Aldanur para hacer efectiva una entrega de dinero procedente del «impuesto revolucionario», y camino a ese encuentro, fue el propio Elosua el que hizo público el «soplo» al comentar a su yerno lo que le había sucedido minutos antes en el bar. Esta conversación, grabada por la baliza del coche en el que ambos se encontraban, fue la que paralizó la operación, para la que ya estaba formado un equipo conjunto de Policía española y francesa.

El imputado lo reconoce

En una declaración prestada ante el juez el pasado 10 de marzo, de cuya existencia no se tuvo conocimiento hasta ayer al haber estado secreta esta parte de la causa, Ballesteros admitió su «presencia física en la totalidad de las imágenes» que fueron aportadas por el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos Germán entre las once y las doce de la mañana del día del soplo. El juez considera «indubitada» la identidad de Ballesteros como la persona que fue grabada por el equipo de videovigilancia que se encargaba de la investigación de la red de extorsión —que venía de años atrás—. Ruz ha examinado para ello un informe pericial antropométrico de la Comisaría General de la Policía Científica, otro informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y un tercero del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Con estas conclusiones, que serán ratificadas por los peritos de la Policía y la Guardia Civil el próximo 4 de abril, el magistrado considera «palmario» que «han desaparecido» los motivos que justificaban mantener el secreto parcial de las actuaciones.

En concreto, Ruz levanta el secreto sobre el informe ampliatorio del equipo de investigación en el que se incluyeron los fotogramas de Ballesteros, la declaración judicial del inspector en la que admitía su presencia en el «Faisán», los autos por los que se llevaron a cabo las diligencias de investigación y los tres informes periciales encargados por el juez.

Momentos «clave»

En su resolución de ayer, Ruz revela los tres momentos en los que Ballesteros aparece en las imágenes del bar «Faisán»: los comprendidos entre las 11. 14. 05 y las 11. 14. 10 horas; entre las 11. 30. 03 y las 11. 30. 08, y entre las 11. 46. 15 y las 11. 46. 25, tiempos a los que, dice, habría que sumar el «desfase horario aproximado de tres minutos existente en el contador del videograbador». Fue el propio fiscal, en el escrito en el que el 1 de octubre de 2009 pidió el archivo de la causa —alegando que no había sido posible concretar la autoría material del «soplo»— quien determinó que la delación «se produjo poco después de las 11 horas (...)».

Otra de las decisiones acordadas por el magistrado ayer es desglosar parte de la causa y remitirla al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid para que éste investigue la filtración a medios de comunicación de datos relativos al informe ampliatorio remitido por Carlos Germán cuando estaba bajo secreto. En opinión de Ruz, los autores de la filtración podrían haber incurrido en la comisión de un delito de revelación de secretos.

En la causa del «Faisán» están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con penas de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco; y el inspector José María Ballesteros.

Colaboración con ETA

En el auto en el que Ruz transformó la causa en sumario, el 24 de enero pasado, aseguraba que aquel momento «en absoluto» aparecía descartada la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista, si bien dejaba la puerta abierta a que la calificación final incluyera únicamente revelación de secretos. Esto es precisamente lo que pidió la Fiscalía la semana pasada ante la Sección Segunda, y su consecuencia más inmediata es que si se retirara la colaboración, ya no sería la Audiencia Nacional la que tendría que investigar los hechos, al no tener ya naturaleza terrorista.

Una de cada tres cl�nicas abortistas enga�a al Ministerio de Sanidad y a Hacienda

27 de Mar de 2011 a las ::

De los 65 centros abortistas, siete usan nombres falsos. Otras cinco no están constituidas como empresas, por lo que no podrían recibir fondos públicos.

Ahora que el aborto se pagará con dinero de los contribuyentes, cabría esperar que las cuentas de los abortistas estén en regla. La última lista de entidades que declaran abortos al Ministerio de Sanidad (2009) prueba lo contrario. De 65 clínicas, 22, o sea el 34%, tienen severas irregularidades. Para empezar, siete usan nombres falsos.

La falsedad más grave es la de adjudicar abortos a la clínica Ginex, que es provida, según explicó su responsable, el doctor Francisco Salamero-Prat: “Tanto el centro Ginex-Instituto Salamero como Clínica Corachan son objetores de conciencia y nunca han practicado interrupciones de embarazo”.

Algo semejante sucede en Pontevedra, donde alguien registra abortos a nombre de una Clínica Climent que no existe. Ello da pie a confusión, ya que en Vigo hay un médico llamado Antonio Climent que trabaja en un hospital, Povisa, que declaró que no hace abortos. Todo apunta a que ese nombre falso fue aportado por Elías García Climent, que representa en Galicia a ACAI (la Asociación de Clínicas Abortistas).

Otra supuesta clínica que aparece en la lista del Ministerio de Sanidad pero no está en el Registro Mercantil es el consultorio ginecológico Clínica Cire (Ciudad Real): en su publicidad se puede ver que allí trabaja el Dr. Sergio Muñoz, de la clínica abortista madrileña El Bosque.

Otra clínica que miente en el nombre que presenta es Policlínica Litoral, que inscribe sus abortos en Granada bajo el nombre de Clínica Ginecológica, sin más.

En San Sebastián, se declaran abortos a nombre de una inexistente Clínica Donosti, que en el Registro Mercantil se llama Askabide Klinika, y no presenta balances. En La Coruña se apuntan abortos a nombre de la inexistente Clínica Faos. En Internet, esta entidad dice llamarse ahora Arce, pero en el Registro Mercantil la empresa se llama Veirase, y se constituyó en 2008. El último nombre falso es el del llamado consultorio ginecológico Clínica Euskalduna: en su dirección hay hasta seis empresas médicas y ninguna lleva ese nombre.

No son empresas

La siguiente irregularidad consiste en no estar constituidas como empresas, por lo que difícilmente podrían recibir dinero público. Tres clínicas abortistas caen bajo este supuesto.

En Valencia, Acuario Casa de la Salud no es empresa, sino “asociación no definida”, nada menos que con fecha de 1972. Difícilmente pudo acreditarse entonces para hacer abortos.

En Asturias, Clínica Sirona es una simple comunidad de bienes de dos personas; ni es empresa ni da balances.

En Bilbao, Lasaitasuna es otra comunidad de bienes entre tres personas.

Sin balances

La siguiente irregularidad consiste en no haber presentado nunca balances, y afecta a siete clínicas abortistas: Centro Médico Valenciano, Centre Mèdic Les Corts (Barcelona), Policlínica Huelín (Málaga; además esconde que hace abortos dando al ministerio otro nombre), Clínica Ginecológica Córdoba (también hace abortos bajo otro nombre), Clínica Ginecológica Levante (da al ministerio el nombre de Ginelevel), Ginemur (Murcia) y Módulo Psicosocial Rekaldeberri (Bilbao).

Otras tres clínicas hace muchos años que no presentan balances: Centro Casanovas (Barcelona, último balance en 2003), Centro Clínico El Bosque (Madrid, 2005) y Clínica Mayrit (últimas ventas registradas en 2006).

Por último, son llamativos los balances de dos centros abortistas: Clínica Oeste (Valencia), con ventas de entre 3.000 y 5.000 euros, y Centro Médico Guadiana (Sevilla), cuyas ventas suben y bajan como el río: 14.749,20 en 2007, 128.394,04 en 2008, 43.176,39 en 2009.

Información relacionada:

España se moviliza para respaldar el 'Sí a la vida'

Aborto: una ley nada equilibrada que rompe consensos

Educación Sexual en la enseñanza concertada: una farsa en cuatro actos

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

La 'marcha por la vida' recorre Madrid en contra del aborto

Espa�a se moviliza para respaldar el 'S� a la vida'

26 de Mar de 2011 a las ::

Familias, jóvenes y mayores se echarán hoy a la calle en más de 70 concentraciones festivas.

Para Leonor y Francisco la vida es sinónimo de «familia, de cariño, de respeto por los mayores y sobre todo de amor». Ese sentimiento que profesan por sus siete hijos y que les «obliga» a pregonar muy alto: «Sí a la vida».

«El ataque a la familia es muy salvaje. Queremos que dejen de pisotearnos y de quitarnos la dignidad», explica Leonor que hoy espera que los ciudadanos se movilicen y salgan a la calle. Ella es un ejemplo del valor de cada vida humana: «Lamentablemente acabamos de perder nuestro octavo hijo». Pero es en estas situaciones cuando el apoyo de los más cercanos se siente con más fuerza. No es la primera vez que esta numerosa familia acude a manifestarse por la vida y, si es necesario, no será la última.

Paco tiene nueve años y, además de ser el mayor del clan, quiere ser como Casillas, el portero que hoy defiende a la Roja. Se lleva ocho años con la más «peque», Pilar, la única que no va vestida de verde porque no hay talla para ella, sólo tiene un año. Eso sí, mira curiosa el escenario donde hoy se leerá sobre la una de la tarde el manifiesto con el que concluye la marcha. Entre ellos: Jorge, Teresa, Leonor, Isabel, Pablo y Pilar , que esperan que alguno de los coordinadores «nos de un globo», dice Leonor, de 5 años; aunque como les ha garantizado su padre, «sino, llevaremos una gran bandera».

Mientras los niños corretean en plena Puerta del Sol con sus camisetas color esperanza, Fran y Leonor observan cómo los operarios ultiman el escenario de 100 metros cuadrados que ocupa gran parte de la plaza y que le da la espalda al famoso reloj. «No sabemos cuanta gente vendrá y aunque queremos que todas las familias celebren el Día de la Vida con nosotros, sabemos que no somos la única movilización y que muchos acudirán a las 78 concentraciones que se han convocado», afirma Leonor.

Convocatoria mundial

Al escenario subirán los representantes de las cuatro asociaciones que ejercen de portavoces. «Queremos que esta iniciativa se repita cada año con diversas actividades como conciertos », afirmó Carmina García Valdés, directora de la Fundación Red Madre. Junto a la Federación Española de Asociaciones Provida, la Fundación Madrina y Derecho a Vivir completan las 48 asociaciones adheridas a la causa. «Salimos a la calle para que los políticos sepan que no queremos leyes contra la vida, y para reclamar políticas eficaces de protección de la vida humana y la maternidad», comentó Gádor Joya, voz de Derecho a Vivir.

Otro de los grandes logros de la iniciativa española es el cariz internacional que ha tomado: «Todos están invitados, por eso es necesario que cada cual aporte lo que está en su mano», declaró Alicia Latorre, de las Asociaciones Provida. Ocho de las manifestaciones se disponen fuera de España. En Latinoamérica recorrerán ciudades de Perú, Guatemala, Argentina y México.

Y en Europa se han convocado tres en Rumania, una en Bélgica y otra en Eslovaquia. Sin embargo, España, con Madrid a la cabeza, lidera las movilizaciones. «En España a las personas mayores se las minusvalora, no se aprecia el cariño. Además, en nuestro país a la mujer la han machacado mucho, por eso nos hemos convertido en los abanderados de la lucha por la vida. Basta ya», explica Leonor. Entretanto, Pablo, de dos años, mira anonadado el ir y venir del centro de la capital.

Apolítica y aconfesional

Como explicó durante la presentación del acto Miguel Ángel Tobías, la convocatoria es «apolítica y aconfesional. Es una defensa de la vida». Tobías ha viajado a numerosos países subdesarrollados en los que ha comprobado que nuestra sociedad ha perdido los valores fundamentales: «En ocasiones es necesario vivir desastres como el de Haití para volver a valorar lo que tenemos, lo importante que es la familia, las personas mayores y los discapacitados, porque cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente y cruzar la línea en algún momento», añadió.

Más de 800 voluntarios animarán la calle Alcalá con sonrisas, pancartas y globos. Pero, sin duda, los protagonistas serán los niños, a los que no les hace falta gritar «Sí a la vida», ya que con sus miradas curiosas, sus gestos y sus inquietudes reflejan sus ansias por vivir, por disfrutar de cada momento y de cada uno de sus familiares: de su abuelo que les cuenta cuentos, o de su tío que, a pesar de su dura enfermedad, lucha por superarla.

Información relacionada:

Aborto: una ley nada equilibrada que rompe consensos

Educación Sexual en la enseñanza concertada: una farsa en cuatro actos

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

La 'marcha por la vida' recorre Madrid en contra del aborto

El equipo del investigador del Fais�n, acusado de supuestas torturas a polic�as en M�laga

24 de Mar de 2011 a las ::

Carlos Germán firmó las diligencias que provocaron las presuntas irregularidades. Sin embargo, esquiva la citación judicial argumentando que “no es función del jefe instruir los atestados”.

El investigador del caso Faisán, Carlos Germán, no sólo mantiene abierto el asunto del chivatazo a ETA. Varios agentes de su equipo cuando este estaba al frente de la Brigada Primera de Asuntos Internos declararán el próximo 29 de marzo como denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga.

Están acusados de torturas, detención ilegal y falsedad documental en el marco de las diligencias 4823/2010 que instruye dicho juzgado andaluz. El propio Carlos Germán, también denunciado, fue inicialmente citado para declarar, pero una extraña justificación ha logrado que el comisario esquive finalmente la acusación. Un escrito de Germán remitido al juez Antonio Navas expresó su “sorpresa mayúscula” tras recibir las citaciones, ya que –según dijo– “han podido ser acusados funcionarios que no tuvieron absolutamente ninguna participación en la confección del atestado 154/08 ni en las correspondientes diligencias de investigación derivadas de esa instrucción policial”, en referencia a las Diligencias Previas 5282/06.

Entre esos funcionarios que no tuvieron nada que ver, según Germán, se encuentra él mismo. El que fuera jefe de la Brigada Primera de Asuntos Internos cuando se produjeron los hechos investigados argumenta que “no es función del jefe instruir los atestados” y que él “no participa ni como instructor ni en ninguna de las diligencias de investigación” que llevaron a la detención de Eusebio Vázquez, el policía posteriormente absuelto que ahora se ha querellado contra el equipo de Germán.

Sin embargo, varios documentos que obran en el Sumario demuestran que Germán participó activamente en el proceso. El mismo día de la conflictiva detención de los policías (el 11 de marzo de 2008), entre los que se encontraba el querellante, Germán firmó como instructor la declaración de uno de los testigos, Francisco Enrique López Prieto. Dos días después refrendó con su rúbrica varias actas de declaración efectuadas el citado día 11 y la jornada siguiente. Cinco meses más tarde, el 24 de agosto, Germán firmó el informe final económico patrimonial. Y el 9 de febrero del año siguiente (2010) rubricó los efectos intervenidos en la citada investigación.

Todas estas actuaciones de Germán tuvieron lugar dentro de las Diligencias Previas 5282/06, tras las que Vázquez (entonces inspector de Crimen Organizado de Málaga) resultó absuelto y se querelló contra el citado grupo de Asuntos Internos (DP 4823/2010). La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga.

Según el relato de los hechos ofrecido por el querellante, el 19 de julio de 2007, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Marbella y la de Málaga –donde trabajaba Vázquez– preparaban un registro domiciliario en Coín (Málaga). El jefe de grupo de Marbella, Carlos Farré, que dirigía el operativo, pidió la orden judicial y ordenó a Vázquez realizar el registro junto a otro grupo de Fuengirola, la Policía Científica, el Grupo de Vigilancias y Seguimientos e incluso los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), dada la peligrosidad de la operación. En total, una veintena de agentes y los representantes judiciales rodeó la vivienda.

Primero entraron los GOES y luego la Udyco de Fuengirola y Málaga, pero la casa estaba deshabitada. Se aseguró la vivienda y entraron los funcionarios judiciales. Tanto Farré como uno de sus subordinados, Alfredo Marijuán, ya “tenían el teléfono intervenido” por Asuntos Internos, que basó sus acusaciones en esas conversaciones. A las 14.37 horas, Vázquez habló por teléfono con Farré y le preguntó: “¿Quieres un maletín de Louis Vuitton nuevecito que hay aquí para ti?”. Según la defensa, se trata de una forma de hablar para decidir si se lleva el maletín el equipo de Farré o se deja ahí. “Claro, coño”, respondió Farré. A las 14.39, Isaac Pacheco, jefe de la unidad de Fuengirola, contó a Farré que había una caja fuerte y le pidió un cerrajero. “Si no, nos la llevamos, que se puede arrancar”, añadió Pacheco. Al final, la caja se mantuvo, ya que la propietaria del inmueble (que estaba alquilado a los delincuentes) apareció después de ser avisada y explicó que era suya. La defensa añadió que la Policía Científica hizo fotos de lo incautado y se llevó a Málaga lo que consideró relevante para analizarlo. El resto de efectos se trasladó a Marbella.

La pala de pádel

Al acabar el traslado, Farré pidió a Vázquez que transportase, en el vehículo del primero, 1.600 kilos de hachís procedentes de otro registro. En una conversación telefónica entre ambos, Vázquez le dice: “Ya estamos cargados. En tu coche hay una paleta de pádel”. “Es de Fredy”, aseguró Farré.

Cuatro meses después, el 20 de noviembre de 2006, el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella incoó las diligencias previas 5282/06 contra Farré y Marijuán, tras las denuncias de la Unidad de Asuntos Internos dirigida por Germán, que acusó a Vázquez y Pacheco de registrar la casa antes de recibir la orden judicial. Y a Vázquez de ofrecer a Farré para “uso particular” un maletín y sustraer “una raqueta de pádel (...) para uso particular de Alfredo Marijuán”.

Con base en las conversaciones telefónicas, el 11 de marzo de 2008 Asuntos Internos detuvo a Vázquez, le leyó sus derechos y le denegó el hábeas corpus que el detenido solicitó. Los agentes argumentaron que había una orden de detención judicial. “Se le incomunicó sin orden judicial”, replicó a esto la defensa. El querellante aseguró que le bajaron a los calabozos, donde estuvo 24 horas sin comer e incomunicado. Ni siquiera le dejaron tomarse un dónut que le trajo una compañera. El agente que le custodió lo destruyó ante sus ojos. Asuntos Internos justificó que tenían una orden del juez de mantenerle incomunicado. Sin embargo, esta orden no figura en el sumario. “No existe ninguna diligencia que justifique la detención 70 horas”, añadió la defensa.

Información relacionada:

Caso Faisán: ¿Favores del Gobierno a los jueces a cambio de olvidar el asunto?

Inspector de Policía facilita el chivatazo a la banda terrorista ETA

El comisario Juan Antonio González se va de España

La Justicia insiste en que Interior debe sustituir a 7.000 policías elegidos a dedo

La Fiscal�a del Supremo cree prescritos el delito fiscal y la falsedad documental de Bono

23 de Mar de 2011 a las ::

La Fiscalía del Tribunal Supremo sigue a lo suyo con las acusaciones de presuntos delitos al ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y presidente del Congreso de los Diputados, José Bono. Hace unos días remitió a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal el tercer informe exculpatorio, referido a la tercera querella que presentó Justitia et Veritas, presidida por Jaime Ignacio del Burgo, contra Bono. En esta ocasión se le acusaba “de un presunto fraude fiscal, falsedad en documento público y delito continuado de cohecho”. Lo más llamativo del informe es que “la falsedad supuestamente cometida en las declaraciones efectuadas como consecuencia su presidencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hallaría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo señalado en el Código Penal”, es decir, 10 años. Esto sería así porque “los hechos, según la querella ocurrieron en la declaración de 1995”.

Según Justitia et Veritas, “Bono, en su declaración de 1996, afirmó que “en 1995 vendió varias fincas rústicas heredadas de sus padres para financiar la casa de Olías del Rey”. Para los acusadores, esta explicación está llena de dudas porque “resulta imposible que con el importe de esa venta pudiera financiar ni siquiera los cimientos de dicha casa y mucho menos pagar deudas anteriores”.

La Fiscalía vuelve a utilizar el argumento de la prescripción para no apreciar delito en el fraude fiscal. “Las imputaciones son vagas e imprecisas y desde luego carentes de la eficacia necesaria para decretar la apertura de una investigación criminal”. En este punto, el Ministerio Público añade que “no existe actuación inspectora por parte de la Hacienda Pública, lo que debe ser exigido como una regla general”.

Además, no se entiende muy bien “si el querellante echa las cuentas de la vieja o las del gran capitán, pero lo cierto es que efectúa un montaje de la venta de unos terrenos rústicos, en 1995, para obtener unos ingresos cercanos a los 300 millones de pesetas”. Esta es la cantidad que, según los querellantes, “debería efectuarse la correspondiente liquidación impositiva” y no se hizo.

Ante todo, investigar

Llama la atención que la Fiscalía exija a la parte querellante que aporte los documentos de Hacienda. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas explican que “eso es imposible porque para aportarlas se necesita una orden judicial”. Es más, “esta situación anómala se denuncia para que sea el propio fiscal el que, ante indicios delictivos, inicie la correspondiente investigación penal”.

El informe de la Fiscalía, como en las dos ocasiones anteriores ante las querellas de Mazón y Panea, también está firmado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, brazo ejecutor de su máximo jefe, Cándido Conde-Pumpido.

Otro de los puntos que el Ministerio Público quiere echar por tierra es el de las cuentas de la Hípica Almenara, de la que Bono tiene el 80% del capital. Para la Fiscalía, “no existe dato alguno que permita siquiera suponer una actuación irregular de la gestión de su patrimonio”. De esta manera, “si se examinan las cuentas anuales de la hípica se aprecia que hubo unas reservas acumuladas, para 2008, de 908.028,40 euros.

Hípica Almenara

Ahora bien, fuentes jurídicas sostienen que “en este incremento patrimonial no consta el reparto de beneficios ni otros gastos ordinarios que deberían haberse descontado, como el pago de impuestos”. Por tanto, el importe es bruto.

Conviene no olvidar que la contabilidad de la Hípica Almenara es lo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo está investigando. Y ello a pesar del criterio en contra del Ministerio Fiscal.

Ingresos ficticios

A estos ingresos, el Ministerio Público le suma los adquiridos por su ex mujer, como consecuencia de su actividad comercial en la empresa Tous. Así, llega a la conclusión de que “nos hallamos ante un matrimonio con capacidad de generar unos ingresos anuales de más de un millón de euros”. Este es el razonamiento del fiscal para afirmar que “es un matrimonio con una gran capacidad de endeudamiento que justifica por sí sólo el incremento patrimonial que ha experimentado dicha familia”. Pero en este punto, “el fiscal no considera que esos ingresos deberían reducirse a la mitad por el pago de impuestos y por los gastos de mantenimiento de todas las propiedades”.

Por lo que se refiere a la acusación del delito de cohecho por parte de Reyal Urbis, propiedad de Rafael Santamaría, el fiscal se remite a lo dicho en los informes anteriores. Esto es, acude al concepto de “relación especial de amistad” entre Bono y Santamaría para excluir de la doctrina jurisprudencial de que “el cohecho pasivo basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado”.

Otro tanto se argumenta respecto a la adquisición del coche marca Porsche. El Ministerio Público tiene claro que “el mencionado vehículo no fue dádiva o regalo de El Pocero sino una adquisición llevada a cabo por la joyería Tous por un importe total de 90.016 euros”.

En cualquier caso, este informe del fiscal no es vinculante para los cinco magistrados que componen la Sala Especial para admitir la querella. Ahora, decidirán lo que consideren ajustado a Derecho. El magistrado ponente es el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra.

Zapatero defiende la 'legalidad y la legitimidad' de la guerra contra Libia

22 de Mar de 2011 a las ::

El presidente del Gobierno justifica que la guerra contra Libia se basa en "un principio humanitario" y no busca expulsar al coronel Gadafi del país, sino "poner fin al genocidio contra su pueblo".

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido hoy la "legalidad" y la "legitimidad" de la guerra en Libia, que, ha dicho, se basa en "un principio humanitario" y no busca expulsar al coronel Gadafi del país, sino "poner fin al genocidio contra su pueblo".

Con estos argumentos, Zapatero ha pedido al pleno del Congreso autorización para que los militares españoles participen un mes en el control de la zona de exclusión aérea y tres meses en el embargo de armas.

Según ha explicado, ambos plazos son prorrogables y, "si las necesidades de la operación internacional lo exigiesen, el Gobierno acudirá de nuevo a solicitar la autorización de la Cámara".

"Hasta ahora (la misión) ha surtido efecto, al menos parcialmente.

Parece que se han detenido los ataques indiscriminados y, eventualmente, se ha producido algún repliegue. Pero el mensaje sigue siendo el mismo: mientras exista el riesgo de que Gadafi vuelva a atacar a su pueblo aplicaemos la fuerza necesaria para impedirlo", ha advertido.

Zapatero ha destacado que se han cumplido las cuatro condiciones que impuso el Ejecutivo para participar en una misión militar: una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un acuerdo europeo, la compliidad regional de la Liga Árabe y de la Unión Africana, y la autorización del Parlamento, que ha deducido que tiene por los contactos que ya ha mantenido con los grupos.

"Se dan las condiciones legales y políticas necesarias para que España asuma sus responsabilidades como miembro de la comunidad internacional", ha subrayado.

En opinión de Zapatero, al intervenir en Libia la comunidad internacional no sólo ha abierto un cauce para "poner fin a unos hechos dramáticos que reclamaban su respuesta", sino que sale reforzada por contar con el "apoyo inequívoco" de la ONU y porque se fundamenta en "el principio de la responsabilidad de proteger".

Se trata, a su juicio, de un principio humanitario: cuando un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla.

Pero Zapatero ha reconocido que la resolución de la ONU tiene también el objetivo de "encontrar una solución a la crisis libia que responda a las legítimas demandas del pueblo".

Ha enmarcado así esta crisis en un contexto histórico concreto, la denominada "primavera árabe", y ha recordado el consenso de los países europeos para pedir la renuncia de Gadafi.

El jefe del Ejecutivo ha recordado las primeras iniciativas adoptadas por España para evacuar a los refugiados que huían de Libia y suministrar ayuda humanitaria.

Ahora, ha recalcado, el objetivo es hacer efectiva la resolución de Naciones Unidas que obliga a proteger a la población civil, contribuir apoyo humanitario al pueblo de Libia y "facilitar la realización de sus aspiraciones".

Zapatero, que ha agradecido el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y en especial del PP, ha explicado que acordó la participación española en esta misión antes de llegar al Congreso por motivos de urgencia.

Cuatro cazas F-18 y un avión de reabastecimiento en vuelo Boeing 707 ya están integrados en el dispositivo aéreo de la coalición para el control de la zona de exclusión aérea, unos medios que han quedado bajo el mando del comandante de AFRICOM, el general estadounidense Carter Ham.

En el embargo de armas, participarán la fragata Méndez Núñez, el submarino Tramontana y un avión C-235 de vigilancia marítima.

En total, se movilizará a alrededor de quinientos militares, según ha apuntado Zapatero antes de elogiar el alto grado de preparación y la disponibilidad de las Fuerzas Armadas frente a situaciones de crisis y amenazas a la seguridad.

Información relacionada:

Zapatero aparca el 'No a la guerra' y ofrece aviones y buques para bombardear Libia

Estado de sitio tras el asesinato de dos guardias civiles en Afganistán

TVE silencia en los dos �ltimos meses los procesos contra Chaves y la h�pica de Bono

20 de Mar de 2011 a las ::

TVE elude informar de la querella de Ciudadanía Anticorrupción admitida a trámite por un juez de Toledo. Omite también la orden del TSJA de expedientar al vicepresidente. El escándalo de Riopedre apenas ocupa 2 minutos en 37 días.

La Corporación Radio Televisión Española ha obviado en su parrilla desde el primer día del año cualquier referencia al incremento patrimonial de Bono registrado desde 1995. Además, ha dedicado una atención marginal al escándalo que ha salpicado a Chaves a través de su hija y las subvenciones que recibió la empresa en la que esta trabaja, Matsa.

Si al enriquecimiento de Bono TVE no dedicó ni un segundo, Chaves sólo ha aparecido en pantalla un total de un minuto y 49 segundos desde el pasado 15 de enero, lo que contrasta, en ambos casos, con la frecuente presencia de nuevas informaciones en los diarios y las restantes cadenas de televisión.

En el caso de Chaves, TVE informó el 15 de enero durante 26 segundos de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) instaba la apertura de expediente para investigar al ex presidente de la Junta por no inhibirse en la entrega de ayudas públicas a la empresa de su hija.

El 18 del mismo mes, TVE emitía 40 segundos dedicados a la exigencia del PP a Griñán de abrir un expediente a Chaves.

La última referencia, que ocupó 43 segundos, fue el 26 de enero, y comunicaba que el PP había interrogado sobre el caso Matsa al Ejecutivo en la sesión de control del Gobierno de ese día.

Manipulación

Sin embargo, se ha silenciado que Griñán ignoró la sentencia del TSJA al no abrir expediente a Chaves, y que el 8 marzo el tribunal impuso al presidente andaluz expedientar al vicepresidente tercero del Gobierno por las ayudas a Matsa, donde trabaja Paula Chaves.

Tampoco se ha hecho referencia alguna a las reiteradas autoexculpaciones de Chaves al acusar al PP de actuar contra él movido sólo por el rencor.

Mientras tanto, el incremento patrimonial de José Bono no existe para TVE. Como tampoco existe la querella que interpuso la organización Ciudadanía Anticorrupción contra los administradores de Hípica Almenara –propiedad en un 80% del presidente del Congreso– por un presunto delito societario y de falseamiento de cuentas. La querella fue admitida a trámite por el Juzgado nº 6 de Toledo, que se propone investigar las cuentas del negocio caballar.

Desde la Corporación también se ha guardado silencio sobre que Bono ocultó haber recibido un coche de 80.000 euros de El Pocero; que el manchego justificó la compra de dos fincas de 500 m2 con una herencia de 40.000 euros, o que la Diputación de Albacete adjudicó 200.000 euros a la empresa que reformó el piso del hijo de Bono.

‘Caso Renedo’

Asimismo, el portavoz en la comisión de TVE, Ramón Moreno, ha denunciado la “ocultación sistemática” del caso Renedo, que afecta al socialista y ex consejero de Educación del Principado de Asturias José Luis Iglesias Riopedre, imputado por la Fiscalía de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y negociaciones ilegales para funcionarios.

También fue detenida María Jesús Otero, ex directora general de Planificación y Centros de la misma consejería.

Moreno critica que, desde el 25 de enero, cuando estalló el escándalo, TVE sólo ha dedicado al caso Renedo dos minutos y 13 segundos, y ha tildado este silencio de “manipulación deleznable”.

Más información:
EREgate, en Andalucía ha trincado hasta el gato

EREgate, en Andaluc�a ha trincado hasta el gato

20 de Mar de 2011 a las ::

Cuando el 30 de diciembre de 1989, el entonces alcalde socialista del municipio gaditano de Barbate, Serafín Núñez, reconocía ante el Pleno municipal que Juan Guerra —hermano del vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra— estaba detrás del desbloqueo del proyecto urbanístico «Puerto de la Plata», abría la primera página de una historia de corrupción en Andalucía. Una larga e intensa historia, que hoy ha saltado al primer plano de la actualidad nacional con el escándalo de los ERE irregulares y el fraude de los cursos de formación, pero que en esta Comunidad autónoma ha sido una constante a lo largo de los treinta años de gobierno del PSOE.

Testigos de estas tres décadas de tráfico de influencias y connivencias con el poder hay muchos, pero en todos ellos hay un denominador común: el deseo de conservar el anonimato. A unos no les importa recordar, siempre que sea en la sombra. Otros ni siquiera eso. Este es el relato, en primera persona, de lo que ha sido el funcionamiento interno de un régimen, el de los socialistas en Andalucía, que hoy vive su particular ocaso.

A Serafín Núñez, aquel escándalo político que derivó en el «Caso Guerra» y que terminó derribando al Gobierno de Felipe González, le pasó una altísima factura. A punto estuvo de costarle la vida, dos infartos, cuatro paradas cardiorrespiratorias y, como el mismo dice, «vivo con el corazón lleno de muelles». Hoy, con 62 años, sigue residiendo en Barbate, «como siempre», en una casa de 70 metros cuadrados y vive con una pensión, porque él asegura que «siempre he sido una persona honrada y honesta, ahí está mi currículum». Aquella historia, que abrió en canal toda una trama de comisionistas e intermediarios en el seno de la Junta, es «ya pasado» para Serafín.

«Cosas malas»

Su dolencia cardiaca le impide recordar. «Lo siento, no puedo hablar de este tema porque me trae cosas malas». No puede conceder entrevistas, por recomendación médica, y se disculpa: «No tengo otra alternativa que pasar página, para mí lo mejor es el silencio y la tranquilidad. Esa historia es ya pasado y la causa que me ha provocado estos problemas de salud. Me tocó vivir esa situación y lo he aceptado sin culpar a nadie».

La confesión de Serafín Núñez, que posteriormente abandonó el PSOE y volvió a gobernar Barbate como independiente hasta que sufrió el primer infarto, dio al traste con una inversión de unos 8.000 millones de las antiguas pesetas para un complejo de hoteles de lujo, tres mil viviendas y zonas comerciales sobre una superficie de 199 hectáreas, de las que 130 pertenecían a una zona militar denominada «El Retín» del Ministerio de Defensa, que Juan Guerra negoció para poder recalificarlas y convertirlas en urbanizable.

Detrás de aquella operación urbanística en el litoral gaditano había más. El caso «Puerto de la Plata» era la punta de lanza de otros grandes proyectos en la misma zona, de dudosa y nula legalidad, como luego lo confirmaron los tribunales de justicia, y todo ellos bajo la protección de intermediarios, con vinculaciones directas con altos cargos del Partido Socialista. Muy cerca de Barbate, en el municipio de Vejer, se levantó otro complejo deportivo y de ocio, «Montenmedio», promovido por Antonio Blázquez, un peculiar empresario del que siempre se dijo que mantenía una estrecha amistad con Felipe González.

Amenazas

Si esa amistad era cierta o no, solo ellos lo saben, pero lo cierto es que se levantó bajo impunes amenazas de chantaje a alcaldes de la zona para que concedieran las licencias urbanísticas, que en muchos casos no se otorgaron. Les dio igual. Se violaron leyes forestales desbrozando caminos y desafiando multas de la Junta de Andalucía, que miró para otro lado. Al final, una sentencia judicial obligó a tirar el edificio principal de este complejo porque se edificó sin licencia.

Quienes levantaron en su día la voz, como Serafín Núñez, hoy tampoco quieren hacerlo, no por enfermedad sino porque su vida ya es otra, como así lo reconoce un ex alcalde andaluz: «Me ha costado mucho trabajo volver a la normalidad, a mi trabajo, olvidar todo aquello». Este testigo directo de amenazas, chantajes y presiones, se siente muy orgulloso de lo que hizo en su día: «Denuncié lo que tenía que denunciar, honrada y honestamente, pero ya no quiero saber nada de aquello».

El caso Juan Guerra fue el más llamativo de aquella época, y supuso, según asegura un ex alto cargo socialista, la «segunda fase» de una corrupción que comenzó de una «forma chusca y zafia» con la implantación de los ayuntamientos democráticos. «Aquello era un jardín de infancia si lo comparamos con lo que estamos viendo ahora», señala este testigo, que recuerda, como ejemplo de estas corruptelas de poca monta, pero que reflejan claramente los primeros escarceos, «lo que le sucedió a un alcalde de Sevilla, al que un empresario le regaló una moto por haberle adjudicado una gasolinera, y la tuvo que esconder en un garaje porque le daba corte sacarla por el pueblo».

Espacios de corrupción

De aquellos regalos en forma de «una Ducati para unos y dos trajes para otro», a mediados de los 80 se dio un salto cualitativo. Los partidos políticos acceden a grandes cuotas de poder y a muchos recursos. Llegan a Andalucía ríos de dinero para la obra pública. Entonces, comienzan a desarrollarse grandes espacios de corrupción, con unas características de bisoñez. «Aparece el comisionista, porque el político no quiere mancharse, y el intermediario, pero estos generan grandes problemas, ya que, al pagarse las comisiones en dinero B, no se sabe si llega todo lo que se paga o el comisionista se queda con una parte».

El caso más emblemático de esta corrupción fue el «Caso Ollero». Una historia de pillos, comisionistas y listos, que salta en 1992 cuando la Policía detiene en la carretera nacional IV a Jorge Ollero, hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta de Andalucía, Manuel Ollero, con un maletín que contenía 22 millones de pesetas en metálico, que se correspondía con el pago de una comisión por la adjudicación a la empresa Ocisa del tramo Las Pedrizas-Salinas de la Autovía del 92 entre Sevilla y Granada. La Audiencia de Sevilla juzgó el caso y absolvió al consejero de Obras Públicas de la Junta, Juan José López Martos, y condenó al ex director general de Carreteras, su hermano y los directivos de Ocisa. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró nulas las escuchas telefónicas que sirvieron para condenar a los implicados. Se ha podido saber que, en el «Caso Ollero», la realidad es que había un intermediario, «el que pedía la mordida», que tenía un trabajador a sueldo dentro de la Consejería de Obras Públicas que le informaba de las empresas a las que les adjudicaban las obras y se adelantaba a la comunicación oficial para hacer ver que gracias a él se la habían concedido, y se llevaba la comisión.

Los testigos de entonces dicen que fue el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, desde un bar de Camas (Sevilla), quién ordenó detener a Jorge Ollero. Nunca ha podido demostrarse que Chaves tuviera participación en este caso, ni en otros, y siempre ha estado a salvo de los miles de casos de corrupción que se han producido durante su largo mandato.

Maletines

El ir y venir de maletines fue el día a día de aquellos años de esplendor de la obra pública. «Aquí trincaba hasta el gato», cuenta uno de los protagonistas de las corruptelas, ya muy alejado de este mundo de la comisión y el tráfico de influencias, que incluso va más allá y asegura que «el dinero se recogía en los cuartos de baño de los hoteles» . Sus recuerdos son tan elocuentes que dan una idea de la impunidad con la que se movían en aquellos años, «yo vi a un empresario llamar a un ministro y hacerse pasar por Alfonso Guerra para conseguir cosas».

Pero la corrupción en la obra pública no fue la única. La llegada de fondos europeos para el desarrollo rural a Andalucía, al ser una región considerada objetivo preferente para facilitar su desarrollo, también fomentó toda clase de corruptelas y uso partidista de estas subvenciones, por parte del PSOE y de los ayuntamientos que gobernaba. Una inyección de cuatro mil millones anuales era un pastel muy goloso para dejarlos pasar sin conseguir beneficio alguno.

«Llegaron a construirse tanatorios con fondos de desarrollo regional, hasta sedes de sindicatos», asegura un testigo directo de la utilización de estos fondos. «Algunos ayuntamientos pretendían financiarse con el dinero del desarrollo rural, y los responsables políticos veían la posibilidad de dominar el sector agrario a través de estos fondos comunitarios», comenta esta misma fuente, que reconoce que cada vez que se tenían que justificar los fondos ante la Unión Europea «había problemas e incluso se presentaron denuncias». Uno de los instrumentos para controlar estos fondos eran los denominados Grupos de Desarrollo Local, que se constituían en aquellas zonas donde se invertía el dinero de la UE, y en las que estaban presentes los alcaldes: «Estos fondos se utilizaban de forma partidista, ya que los alcaldes querían controlar el dinero».

Corrupción en el campo

El campo andaluz también ha sido siempre una tierra fértil donde ha crecido la corrupción. El caso más conocido fue el fraude del famoso PER (Plan de Empleo Rural), que terminó condenando a alcaldes andaluces por firmar peonadas falsas para que los trabajadores pudieran llegar al mínimo exigido para cobrar esta subvención. Incluso hubo una redactora de ABC de Sevilla, Encarna Freire, que se hizo pasar por jornalera para comprar peonadas falsas, demostrando la existencia de un «mercado negro» de compra-venta de peonadas, a cambio de dinero.

Otro ejemplo de esta corrupción en el campo, fue desvelado por el mismo diario después de investigar la denuncia de un ex dirigente del sindicato agrario COAG, afín al PSOE, que recibió dinero a traves de una empresa pública de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía (DAP) para montar revueltas contra el Gobierno del Partido Popular. A este dinero había que sumar cientos de ayudas para cursos de formación e informes que se encargaban a empresas de los propios dirigentes de este sindicatos. Un dinero al margen de la distribución oficial de fondos, que se hacía de forma consensuada con el resto de los sindicatos agrarios.

Mariscadas, chantajes y ERE fraudulentos

El último capítulo de esta larga historia de escándalos y corrupciones en Andalucía se está viviendo en Sevilla. Lo que empezó siendo una denuncia sobre el chantaje (uno más en Andalucía) de unos responsables de Mercasevilla, una empresa dependiente del Ayuntamiento hispalense, a unos empresarios pidiéndoles dinero a cambio de concederles unos cursos de hostelería, ha destapado una auténtica red clientelar para beneficiar a cargos y personas cercanas al PSOE. Del «Caso Mercasevilla» se ha pasado al de los «ERE fraudulentos», en una espiral de escándalos que ha situado a la Junta de Andalucía en una situación insostenible. Paralelamente a este escándalo ha surgido otro: el del uso fraudulento del dinero que la Unión Europea concedía a la Junta de Andalucía para que las empresas dieran cursos de formación. Una investigación de la Guardia Civil ha sacado a la luz lo que en Andalucía era un clamor hace muchos años.

El 37% de los 64 millones en ayudas de la UE al empleo fueron fraudulentos

19 de Mar de 2011 a las ::

Algunas empresas devolvieron el dinero cuando supieron que había una investigación; entregaron la cantidad que marca el límite del delito

La Guardia Civil ha detectado centenares de anomalías en los 6.875 expedientes de empresas que han cometido supuesto fraude en las subvenciones al empleo de la Unión Europea gestionadas por la Junta de Andalucía. Las investigaciones llevadas a cabo revelan una absoluta falta de control por parte del Ejecutivo andaluz en el reparto de más de 64 millones de euros de subvención, concedidos a 11.556 empresas andaluzas, según pone de manifiesto el informe remitido a la Fiscalía Superior de Andalucía.

Esas empresas tienen más de 8.000 empleados y según todos los indicios han defraudado 25.697.173 euros (ver gráfico) de las bonificaciones englobadas en el epígrafe «Nuevas contrataciones bajo la modalidad de fijos discontinuos o transformación de contratos temporales en indefinidos». No solo no sirvieron para crear o estabilizar empleos, sino que todo apunta a que acabaron convirtiéndose en un paradigma de descontrol público.

Las condiciones para recibirlas eran que durante cuatro años la empresa debía garantizar el puesto de trabajo bonificado en las cotizaciones a la Seguridad Social; en caso de despido del trabajador este debía ser sustituido por otro hasta la finalización del contrato del primero, o bien la empresa tendría que haber devuelto la subvención.

Las deficiencias o irregularidades que se han producido son tales que, en ocasiones, los investigadores no han podido determinar si se trata de un delito o de un fallo de grabación de los datos por parte de los organismos encargados del control: la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Al cruzar datos de unos y otros se ha detectado a trabajadores que fueron «fichados» después de la fecha de inicio del contrato que figura en la Consejería; otros empleados fueron despedidos antes de acabar el contrato; para rizar el rizo aparece un tercer grupo que firmó después de la fecha de inicio y acabó en la calle antes de que venciera su contrato y aun se ha descubierto que otros empleados no aparecen como altas ni bajas en la Seguridad Social, pero sí en la Consejería de Empleo.

El descontrol no se refiere solo a ese aspecto. De la documentación analizada se desprenden errores en los NIE (Número de Identificación de Extranjero), de manera que en la Seguridad Social se aportan vidas laborales de personas distintas a las investigadas.

Un tercer error que ha salido a la luz es la coincidencia en el CIF de la empresa y el NIF del empleado en el mismo expediente, lo que significaría que el dueño de la sociedad se autocontrataba como trabajador; hay empleados con un mismo NIF pese a que son distintos y pertenecen a diferentes empresas, y trabajadores que aparecen con un número de documento en la Consejería y con otro distinto en la Seguridad Social; otros empleados directamente ni siquiera están identificados.

No solo eso, los agentes tras revisar decenas de expedientes —que por cierto la Junta de Andalucía envió en papel complicando aún más las pesquisas— se encontraron con que algunas empresas devolvieron distintas cantidades y lo comunicaron a la Consejería, pero este órgano no informó de esas devoluciones a la Guardia Civil. Curiosamente, algunas de esas devoluciones se hicieron fuera de plazo, meses e incluso años después de que el trabajador fuera despedido y con esa entrega tardía los beneficiados consiguieron bajar las cantidades que marcan la frontera entre delito e infracción administrativa (el primero se da cuando se sobrepasan los 87.000 euros de subvención).

Muchas de las sociedades devolvieron el dinero después de que la Junta supiera que la investigación estaba en marcha y solo entregaron la cantidad suficiente para que no se les pudiera imputar un delito.

El informe de la Guardia Civil explica que se ha producido un delito contra la Hacienda Pública (en principio cometido solo por una empresa sevilla aunque se investigó a otras tres) y otro de falsificación de documentos públicos (25 casos). En estos últimos las empresas solicitantes de la subvención no tenían ningún vínculo en la Seguridad Social con los trabajadores a los que supuestamente contrataron. El grueso del fraude son infracciones administrativas, eso sí miles de casos que aún habrán de perfilarse. Lo que está claro es la cantidad supuestamente defraudada: 25.697.173, 87 euros, más de un tercio del total de ayudas repartidas.

Zapatero aparca el 'No a la guerra' y ofrece aviones y buques para bombardear Libia

19 de Mar de 2011 a las ::

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado este sábado que España contribuirá a la operación internacional que se desplegará en Libia para frenar los ataques a la población de las fuerzas de Muamar Gadafi con un avión cisterna, cuatro aviones de combate F-18, una fragata F-100, un submarino y un avión de vigilancia marina.

José Luis Rodríguez Zapatero, en rueda de prensa en la Embajada española en París, tras participar en la 'cumbre para el apoyo al pueblo libio' convocada por el presidente Nicolas Sarkozy, ha precisado que los aviones de combate F-18 "se van a desplegar a lo largo de esta tarde desde España a una base italiana", de manera que "hoy no actuarán", pero"previsiblemente mañana pueden estar a disposición de la coalición".

El jefe del Ejecutivo ha indicado en su comparecencia que durante la reunión en París, los 17 países participantes -diez de la Unión Europea, más Estados Unidos, Canadá y cuatro "del mundo árabe"- y las tres organizaciones internacionales presentes -UE, Naciones Unidas y Liga Arabe- han expresado su compromiso de poner "los medios necesarios" para garantizar el cumplimiento de la resolución 1793 del Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a la población libia frente al "uso de la fuerza" de Gadafi.

En concreto, ha dicho, se va a tratar de "cumplir el objetivo", avalado por la ONU, de establecer una zona de exclusión áerea y poner en marcha un embargo de armas hacia el régimen libio y ha confirmado queEspaña va a contribuir a estas dos tareas.

En primer lugar, para la zona de exclusión aérea, España desplegará, en el marco de la coalición de países que lleven a cabo esta misión, un avión cisterna Boeing 707 y cuatro aviones de combate F-18 "que realizarán tareas de misiones de patrulla aérea". Estos aparatos son los que se desplegarán esta tarde hacia una base italiana "para integrarse posteriormente en el mando de la coalición".

Mientras tanto, para el objetivo de garantizar un embargo de armas, el Gobierno español contribuirá con una fragata F-100, un submarino y un avión de vigilancia marítima. El proceso de despliegue de estos medios "durará algo más de tiempo", según ha indicado Zapatero.

"España asume su responsabilidad -ha afirmado el presidente-. Asume la responsabilidad de hacer efectiva la rsolución de Naciones Unidas y de proteger al pueblo de Libia, asume la responsabilidad de prestar ayuda humanitaria al pueblo de Libia y asume la responsabilidad de facilitar y trabajar en favor de las aspiraciones del pueblo de Libia para lograr una democracia en ese país que sea sostenible".

El presidente del Gobierno ha insistido en que la comunidad internacional ha decidido actuar porque el régimen de Gadafi no ha cumplido con la exigencia de la resolución de la ONU de poner en marcha un alto el fuego inmediato. "La comunidad internacional ha de reaccionar en consecuencia para aplicar la resolución", ha señalado.

Papel fundamental de la Liga Árabe

Zapatero ha hecho hincapié en que la comunidad internacional ha estado "ampliamente representada" en la reunión de París y ha destacado que la Liga Arabe ha desempeñado "un papel fundamental para que esta resolución de la ONU sea una realidad", ya que esta misma organización instó a la creación de una zona de exclusión aérea "para evitar el derramamiento de sangre y los ataques al pueblo libio".

Con todo, el jefe del Ejecutivo también ha lanzado un mensaje al dictador libio, al asegurarle que "todavía tiene la oportunidad" de hacer efectiva la resolución de Naciones Unidas "con carácter inmediato". De hecho, ha asegurado que la "exigencia primera" de la cumbre de París ha sido el "acatamiento" del alto el fuego exigido por la ONU.

Zapatero también ha aprovechado su comparecencia para agradecer las expresiones públicas de los diversos grupos parlamentarios y ha confirmado que comparecerá el próximo martes ante el Pleno del Congreso de los Diputados para "explicar a fondo y en detalle la resolución, esta reunión y la decisión de desplegar los medios militares para hacerla efectiva".

En este punto, ha insistido que se trata de poner medios no sólo para garantizar la protección al pueblo de Libia, sino también "el apoyo humaniario y el horizonte político que necesita y merecen los ciudadanos de Libia".

Preguntado por algunas críticas que comparan esta intervención con la invasión de Irak de 2003, Zapatero ha dicho que "no es el momento de entrar en comparaciones ni en polémica", pero ha destacado que ahora se actúa con el resplado de la ONU. "Sólo porque ha habido una resolución de Naciones Unidas, conforme a la legalidad internacional, estamos aquí", ha afirmado. Además, ha agregado el "supuesto evidente" que "no se producía en otras ocasiones" y es que "lo que está pasando en Libia está ante los ojos de toda la comunidad internacional y de todos los ciudadanos". "La Liga Arabe, la UE, Naciones Unidas, han expresado una voluntad: no podemos consentir por más tiempo que pase lo que está pasando en Libia", ha recalcdo.

En cualquier caso, Zapatero ha recordado que "la mayoría" de los portavoces de los grupos parlamentarios han expresado "respaldo y acatamiento" a la resolución de Naciones Unidades. España, ha insistido, es un país comprometido con la comunidad internacional, con la paz, la seguridad y con un principio que la resolución sobre Libia "consolida", y es el de "la responsabilidad de proteger a los pueblos que sufren agresiones gravísimas, injustificadas, y para responder a los regímenes que actúan en esta dirección".

Inquietante as en la manga del Gobierno de Espa�a

18 de Mar de 2011 a las ::

El ruido mediático, entre victimista y esperpéntico, no es la única arma de Garzón para salvarse de la quema judicial.

El Gobierno se guarda un as en la manga, mucho menos folclórico y mucho más efectivo, del que se beneficiaría el juez estrella, pero que supondría un retroceso del Estado de derecho: la limitación de la acción popular en su capacidad para acusar y solicitar la apertura de juicio oral, aunque no haya fiscal o acusador particular.

El Ejecutivo redobla sus presiones sobre el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, para que limite el ejercicio de la acción popular, de suerte que el monopolio de la acusación pública quedaría en manos del Ministerio Fiscal, es decir, del Gobierno. La acción popular es un derecho recogido en la Constitución (art. 125), que reconoce protagonismo al pueblo para que pueda acusar en asuntos penales. Pero a fin de recortarlo, el Gobierno pretende aprovechar el resquicio que le deja la falta de jurisprudencia consolidada en el Supremo. Este último ha aplicado dos criterios distintos. Por un lado, la llamada doctrina Botín, según la cual sólo acusan el Ministerio Fiscal y la acusación particular (es decir, la parte perjudicada), pero no la acción popular. Y por otra, la llamada doctrina Atutxa, que reconoce a la acción popular la capacidad para acusar y solicitar la apertura de juicio oral, aunque no haya fiscal o acusador particular. Ante la división doctrinal del Supremo, va a ser el Constitucional el que va a decidir.

Deslegitimar la doctrina Atutxa (y cercenar por tanto el papel del pueblo en la acusación) tendría tres graves consecuencias. En primer lugar supondría un retroceso en las garantías constitucionales de los derechos fundamentales de los ciudadanos; en segundo término, un freno a la lucha contra la corrupción (gracias a la acción popular se han sentado en el banquillo los responsables de las escuchas del Cesid, o los casos Roldán, Fondos Reservados o Ibercorp); y, finalmente y como consecuencia de los anteriores, una nueva injerencia del poder político en la esfera judicial, al ganar protagonismo su longa manus, la Fiscalía, en la apertura y cierre de los procesos, en detrimento de una instancia más imparcial como es la acción popular.

Basta recordar el citado caso de Garzón o el de Bono para calibrar hasta qué punto están amenazadas las garantías del Derecho y hasta qué punto le urge a los socialistas presionar al TC. Así, el juez estrella vería archivarse los casos de la Memoria Histórica y los cobros de Nueva York –en los que ha sido decisiva la acción popular–, de suerte que el Consejo General del Poder Judicial levantaría la suspensión que pesa sobre él y podría regresar a la Audiencia Nacional, retomando un asunto tan sensible para el Gobierno como el caso Faisán. Y José Bono se vería libre de la lupa de la juez toledana que escudriña las cuentas de Hípica Almenara, asunto que fue incoado por la acción popular.

Copar todos los resortes del poder, incluida la Justicia, es una vieja obsesión del PSOE, ya desde los tiempos de Felipe González, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que implicó politizar a los jueces y acorralar a Montesquieu. Esa obsesión explica la alergia de Conde-Pumpido a que los ciudadanos puedan actuar en los asuntos penales. El fiscal general llegó al extremo de exigir, en su día, cambios en la ley para acabar con las “fiscalías paralelas” portadoras de intereses espúreos. Habría que preguntar quién es el que defiende intereses espúreos en lugar de atenerse al principio de legalidad.

La Junta de Castilla La Mancha expropia en favor de una empresa de la familia De la Vega

17 de Mar de 2011 a las ::

Ofrece entre 750 y 800 euros por el establecimiento de la servidumbre. Energías Renovables F. de la Vega es la compañía beneficiada. Las localidades de Corral de Almaguer y Lillo son los lugares elegidos.

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha ordenado la expropiación de derechos en varias fincas en la provincia de Toledo para que una empresa propiedad de familiares de la ex vicepresidenta primera del Gobierno y actual consejera de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, pueda instalar torretas de electricidad eólica. A los propietarios de estas tierras les ofrecen entre 750 y 800 euros en concepto de indemnización por el establecimiento de la servidumbre.

Esta decisión le ha sido notificada a los interesados mediante una citación cursada por la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda, firmada por la secretaria provincial, María Teresa Esteban Perona.

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha acordó la creación de esta llamada línea de evacuación mediante una resolución de 30 de agosto pasado, que aprobaba el proyecto presentado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Perjudicados por este trazado informaron a este periódico de que alguno de los afectados están tratando de llegar a un acuerdo con Energías Renovables F. de la Vega para que suban un poco la cantidad a pagar.

Los perjudicados están citados para que comparezcan el próximo 12 de abril en el Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), “sin perjuicio de trasladarse a la finca para proceder a la ocupación, y si procede a la ocupación definitiva”. La Junta de Castilla- La Mancha concedió la explotación eólica de estas tierras a la empresa Energías Renovables F. de la Vega, domiciliada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Esta mercantil estaba formada por el ahora fallecido José María Fernández de la Vega Sedano y sus hijos María Felipa y Virgilio, tío y primos, respectivamente, de la consejera de Estado.

José María Fernández de la Vega fue presidente del vertical Sindicato Nacional de Ganadería y procurador en Cortes. De profesión abogado, falleció el pasado 29 de enero. Sería un poco antes de su muerte, el 4 de ese mismo mes, cuando su yerno Antonio Marín Almodóvar, esposo de su hija María Felipa, se hizo cargo de la presidencia de la compañía.

El nombre de la empresa y su domicilio social también cambiaron. Ahora se llama Eólica de Lillo y tiene su domicilio en un caserón deshabitado situado en el número 8 de la plaza de España de este pueblo toledano. En el consejo de administración de Energías Renovables F. de la Vega se sentabanVirgilio Fernández de la Vega, hijo de José María, y Ricardo Reig Insa, ambos primos de la ex vicepresidenta.

Fabuloso negocio

Según el Registro Mercantil, la propia ex vicepresidenta ha sido accionista desde el año 2000 de Hidroeléctricas Vega, con domicilio en el paseo de la Castellana 175, de Madrid. En el mismo consejo estaban su hermano Jesús, su madre, su tío José María y otros parientes próximos. En este mismo domicilio social tienen también sus oficinas Saltos de Gredos y Saltos del Tiétar. En la primera de ellas, figura que han sido accionistas María Teresa y su hermano Jesús, su tío José María, su prima María Felipa y el marido de esta, Antonio Marín Almódovar. Este último es propietario de la compañía Técnica y Naturaleza.

En Saltos del Tiétar repiten como accionistas y administradores las mismas personas que están presentes en Saltos de Gredos, figurando además, Wenceslao Fernández de la Vega Lombán, padre de María Teresa. En una anotación del Registro Mercantil figura que Hidroeléctricas Vega “ha disparado su beneficio más del 30% en el último ejercicio. Y ha obtenido unos ingresos de casi 3,4 MM de euros, un 20% más. La compañía ha recibido en los últimos años pagos del Ministerio de Industria por 2,7 MM de euros y subvenciones por 453.000 euros, de acuerdo al Plan de Infraestructura eléctrica rural (PIER) de la Junta de Castilla y León”.

Otro punto de fricción entre los vecinos del pueblo y los Fernández de la Vega radica en el cerro de San Antón, en el que se encuentra la ermita del mismo nombre. Si bien esta es propiedad de la parroquia se ubica en la cima del cerro, propiedad de esta familia. Según denuncian los vecinos, “la familia Fernández de la Vega cavó hace cinco meses una zanja de cerramiento en las lindes del cerro que permite el acceso a la ermita de San Antón”. “Se quejaban de que los fieles les espantaban los conejos y perdices”, dicen las mismas fuentes. Los habitantes de Lillo han formado una plataforma vecinal para recoger firmas en contra del cerramiento e incluso el párroco, Tomás Lara Salido, ha pedido al Arzobispado de Toledo su intermediación en el asunto.

La Polic�a extravi� tres ordenadores de la banda acusada de matar a Vargas

17 de Mar de 2011 a las ::

El ordenador incautado en el domicilio de José Jonathan Fajardo desapareció de las dependencias del Grupo de Homicidios.

A priori, la Jefatura Superior de Policía de Madrid debería ser uno de los lugares más seguros de España. Sin embargo, también allí desaparecen cosas. En concreto, tres ordenadores portátiles pertencientes a tres de los acusados de participar en el complot criminal que terminó con la vida del narcotraficante colombiano, Leónidas Vargas, asesinado a tiros en enero de 2009 cuando convalecía en el Hospital Doce de Octubre de Madrid.

Los ordenadores pertenecían a José Jonathan Fajardo y Edgar Andrés Ortiz, que comparecen estos días como acusados de asesinato en el juicio, y a Andrei Alexandru, procesado por encubrimiento en la misma causa.

El ordenador fue incautado en el registro realizado en el domicilio de Fajardo tras su detención junto a Edgar Andrés Ortega, también acusado del asesinato de Vargas el doce de marzo de 2010. Según consta en el atestado policial, los agentes registraron la vivienda de Fajardo, en el distrito de San Blas, donde los agentes hallaron dos ordenadores portátiles. Una tercera computadora fue localizada por los investigadores en la casa de Andrei Alexandru, a quien se acusa de encubrimiento por haberse desecho de la pistola que acribilló a Vargas arrojándola al río Guadarrama.

La ONU pide a Espa�a que acabe con las detenciones indiscriminadas de inmigrantes

16 de Mar de 2011 a las ::

Los controles basados en "perfiles étnicos y raciales" se traducen en la "restricción de derechos" de los extranjeros. Pide que se revise la Ley de Extranjería.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha pedido a España que acabe con los controles de identificación basados en "perfiles étnicos y raciales" que, en la práctica, se traducen en "detenciones indiscriminadas" y "restricción de derechos" de los extranjeros.

En un documento, la ONU recomienda también al Gobierno español que estudie la revisión de la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que regula el tratamiento policial que reciben los ciudadanos extranjeros indocumentados.

Una normativa del Ministerio del Interior que asociaciones de apoyo a los inmigrantes y refugiados creen que estimula la "xenofobia y el racismo" y "vulnera" la Constitución, pero que el Gobierno español considera que "refuerza las garantías" de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Naciones Unidas también aconseja a España, en un documento fechado el pasado 10 de marzo, querevise la vigente Ley de Extranjería porque, a su juicio, es "discriminatoria" para las mujeres "sin papeles" que son víctimas de la violencia machista.

La situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España preocupa especialmente a la ONU, que ha recomendado la elaboración de un reglamento que unifique su funcionamiento interno y garantice las condiciones de vida, la asistencia legal y la atención médica de los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales.

Especialmente duras son las críticas al sistema educativo español por la existencia, según sus informaciones, de "escuelas gueto" en el que se concentran niños y niñas inmigrantes y gitanos, contraviniendo la Ley Orgánica de Educación de 2006 que prevé una adecuada y equilibrada distribución de los estudiantes.

"El Comité recomienda al Estado que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una efectiva distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares", advierte.

En este sentido, la ONU solicita a España que le remita de forma periódica las estadísticas sobre el número de niños y niñas inmigrantes y gitanos que estudian en las escuelas españolas.

En la parte positiva, Naciones Unidas se felicita por los acuerdos sobre asistencia y repatriación de menores no acompañados firmados con Rumanía y Senegal, aunque expresa sus reticencias por la realización de pruebas radiológicas para determinar la edad por el "amplio margen de error" de estos exámenes.

Por ello, el Comité recomienda a España que verifique los diferentes métodos de determinación de la edad y a que invierta en la puesta en marcha de "pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores".

Por último, Naciones Unidas advierte de que el escaso número de denuncias por discriminación racial que se registran en España no debe entenderse como algo positivo, ya que también puede ser un indicador del "temor" de las víctimas a "represalias" o de la "falta de confianza" en la Policía y en la Administración de Justicia.

Cerebro adolescente en ebullici�n

14 de Mar de 2011 a las ::

Uno de cada cinco menores padece algún problema de salud mental, según el último informe de Unicef.

Estos trastornos son el nuevo desafío sanitario del siglo XXI.

El último informe sobre la infancia no deja bien la salud mental de las próximas generaciones. Uno de cada cinco niños y adolescentes padecen algún trastorno o problema de conducta. Del 20% de chavales, solo la quinta parte están diagnosticados y entre el 4 y el 6% padecen un trastorno grave. Las cifras han ido en aumento en las dos últimas décadas en los países desarrollados. El alza se atribuye a la ruptura de las estructuras familiares, desempleo entre los jóvenes y las poco realistas aspiraciones educativas y profesionales para los hijos.

Los expertos coinciden en que los trastornos mentales de los menores son el gran desafío sanitario del siglo XXI, como las enfermedades pediátricas lo fueron durante buena parte del XX. Alrededor de la mitad comienzan antes de los 14 años y el 70 por ciento han debutado ya a los 24. En España no se han realizado estudios de epidemiolgcos de las patologías mentales infantojuveniles, como ha denunciado la Asociación Española de Neuropsiquiatría en el «Informe sobre la salud mental de los niños y adolescentes» . Se admite de forma global una prevalencia entre el 10%-20%. En este mismo informe se pone de manifiesto la carencia de especialistas en salud mental infantojuvenil en el sistema sanitario español. La directora de UNICEF en España, Paloma Escudero, señaló durante la presentación del informe que el comité que evalúa el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país ha recomendado el desarrollo de la especialidad de psiquiatría infantil.

Desde el nacimiento

Y es que la lista de trastornos mentales que afectan a los más pequeños es larga y comienza desde el momento del nacimiento, siendo de los primeros en manifestarse los del vínculo afectivo y los del espectro autista. Aunque sin duda los que tienen una mayor prevalencia son los de conducta, que ya se ponen de manifiesto desde los dos años, alcanzado un máximo en la adolescencia. Para Inmaculada Escamilla, psiquiatra infantojuvenil de la Universidad de Navarra en Madrid, los trastornos de conducta son solo la punta del iceberg y detrás se suele esconder otros problemas, como un cuadro de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención o, con menos frecuencia, un trastorno bipolar. Una dificultad añadida en el diagnóstico es que los síntomas en esta etapa se manifiestan de forma diferente a los adultos, por lo que pasan desapercibidos a los profesionales no especializados. María Sixta Siles, psicóloga clínica infantojuvenil del centro Beck Psicología, explica que los trastornos de conducta «son un cajón desastre que puede incluir bastantes problemas. Sobre todo en adolescentes suelen ir asociados a problemas emocionales, apreciándose rasgos depresivos o incluso una depresión mayor».

Que las cifras sean tan altas a estas edades es significativo de lo que vendrá después, apunta el Ángel Peralbo, coordinador del área de Adolescentes del centro de Psicología Álava Reyes: «Cuando estudiamos muchas patologías en los adultos, como las adicciones, vemos que un 30% se han dado durante la infancia». Y es que la salud mental está muy determinada por los primeros años de vida y su promoción temprana es una inversión de futuro.

«Los padres, al tener ahora más información, consultan antes. Esto supone una labor preventiva muy importante, aunque en el caso de los adolescentes las consultas se suelen hacer cuando los problemas están más enquistados», apunta Sixta Siles. Aunque en la mayoría de los casos, la llamada de atención llega desde la escuela, coinciden los tres expertos. Peralbo precisa que a los problemas de aprendizaje les siguen en muchas ocasiones los de conducta. Y es que una de las cosas que genera mayor malestar en los más pequeños es el fracaso escolar, que afecta al 30 por ciento, apunta Inmaculada Escamilla. Y aumenta las posibilidades de problemas psicológicos.

El entorno

«Las características psicosociales y familiares en las que se desenvuelve el adolescente actual conlleva más trastornos psicológicos, así como un aumento de conductas de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, que favorecen la agresividad y pueden provocar brotes psicóticos, precisa Sixta Siles. Según datos de la Encuesta Domiciliaria del Plan Nacional sobre Drogas (2010), el 28,4% de los chicos y el 17,9% de las chicas de 15 a 24 años consumieron alcohol en atracón en los 30 días anteriores. Según datos de UNICEF, el 18,7% de los adolescentes entre 14 y 18 años —casi uno de cada cinco— habían consumido cannabis en los 30 días anteriores a la realización de la encuesta.

Los tres especialistas coinciden en que faltan medios en la sanidad pública para atender a los menores con problemas mentales, que permite el acceso con cuentagotas a los psicólogos (135 este año para todo el territorio nacional, la mitad que el número de farmacéuticos). Muchos padres recurren a centros privados, pero no todos pueden asumir un tratamiento que puede ser largo y costoso.

La ausencia de terapia puede llevar a serios conflictos en la familia y a situaciones difíciles para el menor, cuyo comportamiento los padres no comprenden. Mientras los reality se nutren con los casos de adolescentes problemáticos, mostrándolos públicamente y contribuyendo a estigmatizarlos, en contra de las recomendaciones establecidas por el plan de Acción Europeo para Salud Mental de Helsinki.

¿Quién defiende a los menores?

Información relacionada:

Juventud estafada

Casi 200 maestros dicen haber sido agredidos por sus alumnos en Murcia

España, segundo país europeo con mayor número de jóvenes «ni-nis»

Educación Sexual en la enseñanza concertada: una farsa en cuatro actos

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

La Justicia insiste en que Interior debe sustituir a 7.000 polic�as elegidos a dedo

13 de Mar de 2011 a las ::

Recuerda que los responsables del ministerio incurren en un delito de desobediencia al no cumplir la sentencia del TSJM. Les acusa de eludir el fallo ratificado por el Supremo.

La Justicia lo tiene claro. Las sentencias son para cumplirlas y la Administración no está al margen de esta máxima. Más bien al contrario, debe dar ejemplo. Así lo considera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un auto emitido el pasado 2 de marzo. El escrito –firmado por los magistrados Gustavo Ramón Lescure, Juan Ignacio Pérez y Pilar Maldonado– advierte al Ministerio del Interior de que tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales “en la forma y términos que en estas se consignen”.

El tribunal insiste en que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba debe sustituir a casi 7.000 mandos policiales elegidos a dedo por funcionarios que superen el correspondiente concurso de méritos, como le ordenó la sentencia 1.128 del 11 de diciembre de 2009, emitida tras un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y ratificada el pasado 15 de julio por el Tribunal Supremo.

El TSJM responde con esta firmeza a un escrito presentado por el ministerio el 21 de diciembre que pretendía, dada la “complejidad” que supone ejecutar la sentencia, rebajar sus exigencias y mantener en el cargo a más de 5.000 policías nombrados ya por libre designación. Es decir, de los casi 7.000 que la Justicia obliga a sustituir, el Ministerio tan sólo quería cambiar a apenas 2.000.

Los funcionarios, insiste con claridad el reciente auto del Tribunal Superior de Madrid, han de ser elegidos “necesariamente por el sistema de concurso de méritos”. De lo contrario, continúa, el tribunal podría imponer “multas coercitivas (...) a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado” e incluso “deducir el oportuno testimonio” a los responsables de la desobediencia con objeto de “exigir la responsabilidad penal”.

El TSJM entiende que “es evidente que no puede tenerse por cumplida, ni siquiera por iniciada la ejecución de la sentencia”. “Parece más bien que intenta no cumplir con lo resuelto en la citada resolución judicial”, añade. “Lo que la Administración intenta –subraya– es obviar la ejecución de la sentencia, continuando utilizando el sistema de libre designación, en lugar del concurso de méritos”.

Además de tratar de incumplir el fallo, como afirma el TSJM, desde que el Supremo declaró firme la sentencia del tribunal madrileño, el ministerio ha continuado actuando como si nada hubiera pasado. Tras la resolución del 15 de julio emitida por la máxima instancia jurídica del país, Interior ha emitido cuatro órdenes generales que desobedecen los criterios impuestos por el juez.

La primera, el 26 de octubre de 2010, cuando la dirección general aprobó la convocatoria de varios puestos de libre designación (orden general 1.852) sin diferenciar entre aquellos que son competencia de los comisarios y los que debe ocupar un comisario principal, como ordenaba la Justicia. La segunda, el 14 de diciembre de 2010 (orden general 1.858), cuando el ministerio aprobó nombrar a dedo 28 altos mandos del nivel 28 de la Administración, cuando el Supremo, el TSJM y la Audiencia Nacional tan sólo permitieron la libre designación para los niveles 29 y 30. La tercera, el 26 de enero de 2011 (orden general 1.867), que el ministerio utilizó para nombrar a otros 55 mandos del nivel 28 a pesar de las citadas resoluciones judiciales. Y la cuarta, el 17 de febrero de 2010 (orden general 1.870), que volvía a usar la libre designación para elegir otros cuatro cargos del nivel 28.

Asimismo, el PP ha presentado ya en el Congreso de los Diputado una proposición no de ley a través de la que pretende instar al Gobierno al inmediato cumplimiento de las sentencias y reprobar al director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez.

Información relacionada:
El PP pide reprobar al director de la Policía por desobedecer al Supremo

Un juez ordena reabrir la protectora de animales de Torremolinos

12 de Mar de 2011 a las ::

Parque Animal vuelve a abrir sus puertas. El titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Málaga ha estimado el recurso presentado por la asociación investigada por supuesto maltrato dejando sin efecto la orden de cierre cautelar dictada por el Ayuntamiento de Torremolinos.

El colectivo siempre ha defendido que el expediente sancionador abierto por el Consistorio (seis meses de clausura y una multa de 15.000 euros por infracción administrativa tipificada como falta grave) se basó únicamente en el informe-denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sin esperar al dictamen de los tribunales.

Pese a la imputación de sus dos máximos responsables y dos veterinarios por el presunto sacrificio irregular de 2.230 perros y gatos con bajas dosis del medicamento letal para ahorrar costes y otros delitos como estafa y falsedad documental, el colectivo mantuvo su inocencia, asegurando que las eutanasias solo se realizaban en casos puntuales y que las muertes no eran agónicas.

El Ayuntamiento rechazó hasta en dos ocasiones las alegaciones presentadas por Parque Animal, procediendo el pasado 16 de febrero al precinto de las instalaciones una vez trasladados a una residencia canina de Alhaurín de la Torre los últimos 72 perros que quedaban. Ese mismo día, la Administración municipal emitió un comunicado en el que aclaraba que con independencia de quienes sean los administradores del albergue animal en cada momento, una vez se constatara la subsanación de las anomalías denunciadas por el Seprona se iniciarían los trámites para autorizar a la entidad la reapertura del recinto en las mismas condiciones que fueron objeto de concesión debido al servicio de que presta en la ciudad al hacerse cargo de los animales encontrados en la vía pública.

Recurso judicial

Pese a ello, la asociación no se dio por vencida y decidió acudir a la vía judicial, cuyo resultado ha sido un auto en el que el magistrado acuerda «con carácter provisional y urgente, la suspensión del decreto de 1 de febrero de 2011 por el que se impone a la recurrente una sanción de 15.000 euros y la clausura y precinto del establecimiento por plazo de seis meses».

En cualquier caso, el juez ha citado a las partes para el próximo día 16 «para sesr oídos sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida».

CRONOLOGÍA:

11/11/2010. La Guardia Civil detiene a la directora, al encargado y al veterinario de Parque Animal por el sacrificio irregular de 2.230 animales. Libertad con cargos (también fue imputado otro veterinario)

19/11/2010. El Ayuntamiento suspende el contrato de concesión del servicio de recogida y custodia de animales abandonados en la protectora.

1/2/2011. Decreto de Alcaldía ordenando el cierre del albergue por seis meses y una multa de 15.000 euros.

17/2/2011. Clausura efectiva.

10/3/2011. El Consistorio recibe el auto del juzgado en el que se ordena la suspensión del decreto y la apertura del recinto.

La UE defiende que el embri�n es un ser humano desde su concepci�n

11 de Mar de 2011 a las ::

Yves Bot, abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitió ayer unas conclusiones en las que pide que no se puedan patentar las células madre si para su extracción necesita destruirse o manipularse un embrión. El dictamen de Bot defiende que las células totipotenciales (óvulo fecundado) tienen por sí mismas « la capacidad de desarrollarse hasta formar un ser humano completo por lo que deben calificarse jurídicamente de embriones humanos». Esta opinión, si es finalmente refrendada por el Tribunal y toma forma de sentencia, supondrá un enorme triunfo para las asociaciones que defienden los derechos del embrión en tanto en cuanto personas potenciales.

Los argumentos de Bot son que la Directiva europea sobre esta materia 98/44 asegura en su artículo 5 que se debe proteger «el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo» por lo que él llega a la conclusión que «las células totipotenciales, que aparecen desde la fusión de los gametos y que sólo subsisten con esta forma durante los primeros días del proceso, presentan la característica esencial de tener cada una por sí misma la capacidad de desarrollarse hasta formar un ser humano completo».

De esta forma, continúa el abogado general, «dichas células, en la medida en que constituyen el primer estadio del cuerpo humano en el que van a convertirse deben calificarse jurídicamente de embriones, cuya patentabilidad deberá excluirse».

Otro de los argumentos es que «debe concederse la calificación de embrión al blastocito (estadio ulterior del desarrollo embrionario transcurridos cinco días después de la fecundación) ya que el principio de dignidad humana al que se refiere la Directiva se aplica a la persona humana existente, al niño nacido pero también al cuerpo humano desde el primer estadio de su desarrollo, es decir, desde la fecundación».

El abogado aclara sin embargo que «las células embrionarias pluripotenciales, consideradas aisladamente, no se incluyen en el concepto de embrión ya que individualmente ya no son aptas para desarrollarse hasta convertirse en un ser completo».

Todas estas disquisiciones son fruto de una pregunta realizada por el Tribunal de Justicia de Alemania al Tribunal de Luxemburgo a propósito de una patente sobre células progenitoras neuronales aisladas y depuradas, producidas a partir de células madre embrionarias humanas utilizadas para tratar enfermedades neurológicas, patente que pertenece al ciudadano alemán Olivier Brüstle y que fue anulada en su país por ser fruto de procedimientos que permiten obtener células progenitoras a partir de embriones humanos.

La distinción entre los diferentes tipos de células embrionarias que hace el abogado general, si se confirma en la sentencia, abrirá la puerta a que «las invenciones que se refieran a células madre pluripotenciales pueden patentarse si no se obtienen en detrimento de un embrión, ya se trate de su destrucción o de su alteración». De este modo el letrado de Luxemburgo concluye que «una invención debe quedar excluida de patente cuando la aplicación del procedimiento requiere que se destruyan embriones humanos o que éstos se utilicen como materia prima aunque, al solicitarse la patente la descripción de este procedimiento no contenga ninguna referencia a la utilización de embriones humanos».

Al final, el Abogado recuerda que la patente «no está prohibida con fines terapéuticos o de diagnóstico que se apliquen al embrión humano y que le sean útiles».

Información relacionada:

Aborto: una ley nada equilibrada que rompe consensos

Educación Sexual en la enseñanza concertada: una farsa en cuatro actos

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

Catalu�a reivindica su 'irrenunciable' derecho a la autodeterminaci�n

11 de Mar de 2011 a las ::

El Parlamento catalán lo ha hecho a través de una moción de SI, que se ha aprobado con el apoyo de CiU y ERC, y que también establece el apoyo de la cámara a las consultas populares que se están celebrando en Barcelona y otros municipios catalanes.

El Parlamento catalán ha reivindicado este jueves con una moción que para Cataluña el derecho a la autodeterminación es "irrenunciable".

Lo ha hecho a través de una moción de SI, que se ha aprobado con el apoyo de CiU y ERC, y que también establece el apoyo de la cámara a las consultas populares que se están celebrando en Barcelona y otros municipios catalanes.

El texto fue defendido este jueves en el pleno del Parlamento catalán por el portavoz de SI, Uriel Bertran, que ha tildado a las consultas de "el proceso más maravilloso que ha organizado nunca el independentismo", y ha considerado que esta moción es un paso importante en el camino de la independencia.

SI y CiU han podido consensuar una moción después de que los independenistas hayan aceptado sacar de la moción original el hecho de que el Parlamento catalán se convirtiera en sede electoral el domingo 10 de abril en la consulta independentista que se celebrará en Barcelona.

Con la nueva moción, Bertran ha argumentado que será la plataforma 'Barcelona Decideix' quien decidirá si solicita que el Parlamento catalán ceda un espacio para ser colegio electoral, por lo que será la Mesa del Parlamento autonómico --con mayoría de CiU-- quien tome la decisión final.

Tras las negociaciones con CiU, SI también ha aceptado omitir de la moción original el reconocimiento del Parlamento catalán a la independencia de Kosovo, aunque la coalición independentista ya ha anunciado que presentarán una moción específica.

La moción fue aprobada con los votos a favor de CiU, ERC, SI e ICV-EUiA --que se ha abstenido en el tercer punto--, y el rechazo del PP, PSC y C's.

La diputada de CiU Dolors Batalla ha considerado que la gran contribución ha sido de la federación, al proponer un texto alternativo a un primero que pecaba de "precipitación", aunque también ha reconocido el esfuerzo de SI para tratar de incorporarse.

Por parte del PSC, la diputada Laia Bonet ha justificado su rechazo al texto en que "la independencia empobrece el país", y ha insistido en el que el mejor camino para Cataluña es insistir en la recuperación de la totalidad del Estatut sentenciado por el Tribunal Constitucional (TC).

Apoyo con matices de ICV-EUiA

La portavoz del grupo de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha apoyado el texto pese a considerar que este trámite parlamentario "no es la mejor manera" de defender la autodeterminación, y ha explicado su abstención en el punto tercero por considerarlo un juego político entre unos y otros.

El diputado de ERC Oriol Amorós ha manifestado su "apoyo entusiasta", aunque desaprueba que se hayan eliminado del texto original las referencias a la independencia de Kosovo o el soporte de las instituciones para realizar las consultas.

La diputada María de los Llanos de Luna se ha opuesto porque "la autodeerminación carece de validez jurídica", y cree que esta moción desprestigia las instituciones.

Más duro en sus acusaciones ha sido el presidente de C's, Albert Rivera, que ha reivindicado respeto por la Cámara: "Si quieren hacer una consulta sobre la independencia o los colores de los autobuses de Barcelona, adelante, pero no la lleven al Parlament".

"Usted puede decir que es Napoleón y podemos votarlo si quiere, pero esto es un Parlament autonómico", ha ironizado Rivera ante Bertran.

Información relacionada:

Las cesiones al nacionalismo abren una brecha en la caja única de las pensiones

La Generalitat contra la Carta Magna por la cooficialidad del castellano

Carod-Rovira propone multiplicar las 'embajadas' para afrontar la crisis

Los nacionalistas han sido inflexibles al regular el uso público del catalán

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

11-M, siete a�os de investigaci�n

11 de Mar de 2011 a las ::

A fecha de hoy, 7 años después, las víctimas siguen peleando por saber la verdad de la masacre.

En estos siete años de mentiras oficiales, la investigación periodística sobre el 11-M ha ido pasando por diversas fases. Muchísimas personas tuvieron desde el principio la sensación de que algo no cuadraba en lo que nos habían contado, pero nuestra percepción del atentado ha ido cambiando con el paso del tiempo.

Durante el primer año después de la masacre –coincidiendo más o menos con la época en que estuvo abierta la Comisión del 11-M en el Congreso– todos dimos por supuesto que los hechos básicos que nos habían expuesto eran ciertos: todos dimos por supuesto que los autores materiales del 11-M eran los islamistas que habían muerto pocas semanas después del atentado en la explosión del piso de Leganés. Las investigaciones se centraron, por tanto, en tratar de ver quién estaba detrás de esos autores materiales, es decir, quiénes eran los auténticos cerebros de la masacre.

Sin embargo, a partir del primer aniversario del 11-M, las cosas empezaron lentamente a variar, porque la filtración de los primeros tomos del sumario instruido por el juez Del Olmo nos permitió darnos cuenta de que había una multitud de detalles de la versión oficial que simplemente no encajaban. La cantidad de incongruencias en torno a todas las pruebas fundamentales del caso –y en especial en torno a la mochila de Vallecas y al extraño episodio del suicidio de Leganés– era tal, que quienes investigábamos la matanza empezamos a tener serias sospechas de que las pruebas del caso podían haber sido manipuladas.

Tuvieron que transcurrir todavía 15 meses para que nos diéramos cuenta de dónde estaba el origen del engaño. Fue a mediados de 2006 cuando nos percatamos de un hecho tan clamorosamente evidente que a todos se nos había pasado por alto: en el sumario del 11-M no existía ni una sola prueba conectada directamente con los escenarios del crimen. Nada más producirse el atentado, los trenes del 11-M habían comenzado a ser desguazados; es decir, las pruebas originales –las que hubieran permitido identificar a los verdaderos autores de la matanza– habían sido destruidas. En el sumario no había, por ejemplo, ningún listado de las muestras recogidas en los trenes; tampoco había ningún análisis químico de los focos de explosión. Y esas pruebas originales habían sido sustituidas por otra serie de pruebas colocadas, ninguna de las cuales tenía nada que ver con los trenes.

El juicio del 11-M, que comenzó a principios de 2007, fue a la vez un espaldarazo y una decepción. Constituyó un espaldarazo porque el tribunal se vio obligado a dejar caer alguna de las pruebas cuya falsedad habíamos denunciado los medios de comunicación. Asimismo, se pudo comprobar que todo el sumario del 11-M era un auténtico bluf: de las 116 personas detenidas por el 11-M, sólo una fue finalmente condenada como posible colocadora de las bombas. Y encima, las pruebas que había contra ella eran insostenibles. Por otro lado, el juicio constituyó una decepción, por cuanto el tribunal presidido por Gómez Bermúdez defraudó las esperanzas de llegar a conocer la verdad, dando por buenos otros aspectos de la versión oficial clamorosamente falsos. Después del juicio, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y otras víctimas a título particular comenzaron –en vista de la desidia de las instancias oficiales– una larga lucha judicial por saber la verdad del 11-M; una lucha judicial en la que todas las instituciones públicas se pusieron de perfil. Y poco a poco fue quedando clara una cosa: sorprendentemente, ninguna fuerza política estaba interesada en remover el asunto.

Lo cual, lejos de disipar las dudas, lo único que hizo fue tornarlas más sombrías. Si fue un atentado de Al Qaeda, ¿por qué el Partido Socialista quería relegar el 11-M al cajón del olvido? Y si fue un atentado de ETA, ¿por qué el Partido Popular tampoco se atrevía a hablar del 11-M?

La respuesta, claro está, es que el 11-M probablemente no fuera ni una cosa, ni la otra. Ni ETA ni Al Qaeda. Sólo cabe entender el silencio clamoroso de la clase política desde el entendimiento de que el 11-M fue algo mucho más horrible que un simple atentado terrorista.

A fecha de hoy, las víctimas del 11-M siguen peleando por saber la verdad de la masacre y hay dos mandos policiales imputados por presunta manipulación de pruebas. Pero la ofensiva judicial está tropezando con las maniobras dilatorias de ese mismo Gobierno cuyo vicepresidente se atrevió a afirmar el 13-M: “España se merece un Gobierno que no mienta, un Gobierno que diga toda la verdad”. Hoy, séptimo aniversario de la masacre, la juez que investiga la ocultación de pruebas en el 11-M tomará declaración a varias decenas de Tedax para saber qué ocurrió con las muestras de los trenes. Tal vez logremos, por esa vía –volviendo a fijar nuestra vista en los escenarios del crimen– saber quién ordenó manipular las pruebas de aquel atentado. Ese sería un buen punto de partida para conocer, de una vez, quién perpetró la matanza.

Información relacionada:

Víctimas del 11-M presentan una querella contra Sánchez Manzano

11M: cuando la ciencia refuta la sentencia

La Policía dejó escapar al principal fugitivo del 11-M

Boicot socialista al homenaje por las víctimas del 11-M

'Zapatero y Sonsoles no me dieron de alta en la Seguridad Social y me pagaban en negro'

10 de Mar de 2011 a las ::

La asistenta del hogar del matrimonio entre 2001 y 2003 denuncia que trabajaba 120 horas mensuales, cuando la ley obliga a dar de alta a partir de 80. "Tendría que haber salido de ellos hacerme los papeles".

“Trabajaba en casa de Sonsoles y José Luis unas seis horas al día y ni me hicieron contrato ni me dieron de alta en la Seguridad Social. Me pagaban en negro”. Con esta contundencia se expresa Isabel Laranjeira, portuguesa de 48 años que lleva casi tres décadas en España trabajando, principalmente como empleada del hogar.

José Luis Rodríguez Zapatero había dado la sorpresa al ganar las primarias del PSOE del 22 de julio de 2000 y convertirse en secretario general del partido imponiéndose a José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez. El entonces diputado del Congreso por León trasladó su residencia a la capital, concretamente a un elegante dúplex de la urbanización Eurogar de Las Rozas, en la zona noroeste de Madrid, un enclave para gente de alto poder adquisitivo.

En el verano de 2001 Isabel trabajaba en la casa de una amiga de Sonsoles Espinosa, que fue quien las puso en contacto. “Yo cobraba 800 pesetas a la hora, pero como Sonsoles me necesitaba muchas horas y de lunes a viernes, lo rebajamos a 500 pesetas”, relata la trabajadora. Isabel, según su testimonio, trabajaba una media de 120 horas mensuales y la casa del matrimonio Zapatero era su única ocupación (dejó las otras viviendas que llevaba), por lo que sus empleadores estaban obligados a darla de alta en la Seguridad Social, al superar las 80 horas mensuales que dicta la ley. Fuentes de La Moncloa aseguran en cambio que Isabel no cubría el cupo de horas que marca la ley para obligar al alta.

Dinero de menos

Isabel solía destinar a la casa del matrimonio unas cinco o seis horas por las mañana y, “si no terminaba, volvía por la tarde”, asegura. En periodos como el verano reducía su jornada laboral. Al final de cada mes la empleada dejaba un papel con las horas de trabajo y lo que le tenían que pagar, “de 60.000 a 70.000 pesetas, y cuando ya sólo había euros, pues 300 y pico”, recuerda Isabel, quien añade que en más de una ocasión “Sonsoles me dejaba dinero de menos y yo no lo tocaba, le decía que ese no era el dinero. Una vez eran 380 euros y sólo había 200. Se lo dije y me contestó que se había equivocado”. Según su relato, siempre cobraba en metálico, “nunca con talón ni nada de eso”.

Isabel reconoce que ella no exigió que la dieran de alta en la Seguridad Social. Se conformaba con tener trabajo, aunque hoy se arrepiente. “Tendría que haber salido de ellos hacerme los papeles, además siendo quienes eran, con el partido y todo eso. Yo me subía a una escalera para limpiar una lámpara y si me resbalo y me caigo, ¿de quién era la culpa? ¿Mía?”, se pregunta Laranjeira.

Al margen de lo laboral, Isabel no tiene queja alguna del trato con el entonces líder de la oposición, con el que coincidía poco. Sí saltaron chispas con la esposa de Zapatero, con la que tuvo algún encontronazo: “Una vez Sonsoles no encontraba un sobre con dinero que habían dejado en la entrada y me llamó para preguntarme.

Yo le dije que preguntara a su madre o a las niñas. Me dio dolor de cabezados días al pensar que ella creía que me lo había llevado yo. Al final el sobre estaba en la sede del partido porque Zapatero puso encima unos libros y se lo llevó sin querer. Ella me estaba acusando de una cosa que no era”, rememora la ex asistenta de los Zapatero.

Isabel, que se encargaba principalmente de las tareas de limpieza de la casa y del lavado y planchado de la ropa, hace gala de una buena memoria: “Abajo estaban la cocina, el cuarto de servicio y el baño. Después, el salón grande, que era salón comedor. También un aseo, una sala de estar y la habitación del matrimonio. Arriba había tres habitaciones y el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, al que podía entrar a limpiar pero nunca coger ese teléfono si sonaba”.

En ocasiones, la portuguesa, que actualmente continúa dedicada al servicio doméstico, también recogía a las hijas de la pareja en el colegio San Miguel. Cuando llegaba a la residencia del hoy presidente del Gobierno dejaba su DNI en la garita de seguridad de Eurogar y al irse lo recogía. A diario coincidía con los guardaespaldas de Zapatero. Cuando la madre de Sonsoles Espinosa acababa de comprar un piso en la zona de Ópera (Madrid), la asistenta de los Zapatero recuerda que fue a limpiarlo.

En un principio, Isabel sólo iba a estar en casa de los Zapatero-Espinosa un año “porque iban a traer a una chica de fuera, pero al final fueron casi tres años porque hubo problemas con los papeles de su sustituta. A esta, Mari Cielo, sí la contrataron”. Se ha confirmado con el marido de Mari Cielo que fue así y que “no tuvo ningún problema con ellos”.

El fraude a la Seguridad Social que pudo cometer el matrimonio Zapatero-Espinosa ya ha prescrito. Pero no así sus responsabilidades políticas, dado el deber de ejemplaridad que cabe exigir del actual presidente del Gobierno y autoproclamado adalid de los derechos sociales.

‘Nannygates’ que sacudieron EE UU

Tener empleadas del hogar en situación irregular ha acabado con la carrera de varios políticos estadounidenses. De ahí que en la etapa de Bill Clintonen la Casa Blanca se bautizara este fenómeno como el Nannygate, uniendo la terminación del caso histórico Watergate que acabó con Nixon con la palabra nanny, que en inglés significa niñera.

En 1993 Clinton propuso a la abogada Zoë Baird para el cargo de fiscal general, el equivalente en España a ministro de Justicia. Pero Baird dijo adiós a su candidatura al conocerse que había empleado en su casa a dos inmigrantes peruanos ilegales. Reconoció su error y pagó las cuotas a la Seguridad Social.

Clinton se vio obligado a proponer a otra candidata, pero tuvo mal ojo al elegir a la juez Kimba Wood. Esta había empleado en el pasado a una inmigrante ilegal cuando esto no se consideraba delito, pero al estar tan fresco el escándalo de Zoë Baird, Kimba Wood vio truncadas sus aspiraciones. Finalmente Clinton eligió para el cargo a la fiscal Janet Reno.

Más casos

La Administración de George W. Bush también tuvo sus Nannygates. Linda Chávez tuvo que retirar en 2001 su candidatura a la Secretaría de Trabajo –con rango equivalente al de un ministerio en España– por haber dado empleo a una inmigrante ilegal guatemalteca. En diciembre de 2004 Bush nominó al comisario de Policía de Nueva York, Bernie Kerik, para el cargo de secretario de Seguridad Nacional. Una semana después, Kerik rechazó la nominación alegando “motivos personales”. Había empleado a una inmigrante ilegal como niñera, infracción que podía suponerle la negativa del Senado a ocupar el cargo. Tras una investigación oficial, se declaró culpable dos años después y tuvo que pagar una sanción de 221.000 dólares.

El Nannygate volvió a saltar a la palestra en octubre de 2010 en California. La multimillonaria Meg Whitman, del Partido Republicano, se presentaba a las elecciones para suceder en el cargo de gobernador del estado al ex actor Arnold Schwarzenegger. El candidato demócrata, Jerry Brown, la acusó públicamente de haber empleado a una mexicana sin papeles y haberse negado a regularizar su situación. Whitman no retiró su candidatura, pero perdió las elecciones del 2 de noviembre de 2010 frente a Brown, actual gobernador de California.

El kamikaze que caus� el accidente en la A-31 es un guardia civil en activo

10 de Mar de 2011 a las ::

El conductor acusado de haber provocado anoche un accidente con seis heridos en la A-31, a su paso por la pedanía alicantina de El Rebolledo, cuando circulaba supuestamente en sentido contrario es un agente de la Guardia Civil, según han informado fuentes próximas al caso.

El supuesto autor del accidente, de 40 años, ha sido detenido por un presunto delito de conducción temeraria y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración, y es uno de los seis accidentados en el suceso.

Esta persona es un agente de la Guardia Civil en activo, destinado en el puerto de la capital alicantina, ha indicado las mismas fuentes.

El accidente ocurrió sobre las 22.00 horas, cuando el conductor de un coche accedió a la A-31 en dirección a Madrid, al parecer por el sentido contrario, y causó presuntamente un choque a unos cinco kilómetros de El Rebolledo, en el que se vieron implicados cinco turismos y un camión que transportaba vehículos.

A consecuencia del impacto, dos de los seis heridos quedaron atrapados en sendos turismos y fueron excarcelados por los bomberos.

La fiscalía se personará contra él

La fiscalía se personará contra el conductor de 40 años que en la noche del pasado miércoles causó seis heridos al circular varios kilómetros en sentido contrario por la autovía A-31 (Alicante-Albacete), a la altura de la partida alicantina del Rebolledo, según fuentes del ministerio público.

El fiscal especializado en Seguridad Vial de Alicante, Pablo Gómez, se encargará de representar a la acusación pública una vez que el juez encargado del caso incoe un procedimiento por, previsiblemente, undelito de conducción temeraria con resultado de daños personales.

La fiscalía aún no ha recibido el contenido del atestado aunque cuando lo tenga lo someterá a estudio para tomar las medidas oportunascontra el conductor, un guardia civil destinado en el puerto de Alicante.

Este hombre es una de las seis personas heridas en el accidente.

El suceso ocurrió anoche sobre las 22 horas cuando su coche circuló varios kilómetros en sentido contrario por la autovía que une Alicante con Albacete y Madrid, y provocó una colisión con otros cuatro vehículos, que se saldó con seis heridos de diversa consideración.

Eurodiputados que cobran sus dietas y luego escapan en avi�n

09 de Mar de 2011 a las ::

Una política británica ha denunciado la «extendida» costumbre de decenas de eurodiputados que se levantan los viernes por la mañana en Estrasburgo y Bruselas para fichar en el Parlamento y así cobrar los 300 € de dietas pero que, acto seguido, acuden al aeropuerto para abandonar la ciudad.

La eurodiputada Nikki Sinclaire ha colgado en internet las imágenes de muchos de sus colegas fichando el día 21 de enero y marchándose en avión para denunciar una práctica -a su juicio- corrupta. «Las reglas son claras: un europarlamentario puede cobrar su dieta solo cuando asista a reuniones oficiales. Y no había ninguna de ese tipo el viernes 21», afirma.

Cada parlamentario europeo tiene un sueldo de unos 94.200 euros anuales, explica Sinclaire. Sin incluir dietas. Estrasburgo abre 134 días al año, por los que sus señorías ingresan algo más de 40.000 € en gastos extra. Ninguno de estos días de apertura cae en viernes. Si, además, los eurodiputados ficharan 37 viernes adicionales, cada uno ganaría la nada despreciable cantidad de 11.107 euros más al año.

El viernes 21 de enero acudieron a Estrasburgo o Bruselas 160 parlamentarios (allí trabajan hasta 736 diputados), 54 de los cuales llegaron con maleta. De todos ellos, 25 salieron al poco tiempo de haber entrado a las instalaciones de la Unión Europea.

Una joven socialista, denunciada

Entre los denunciados se encuentra la parlamentaria socialista Eider Gardiazábal Rubial, que fue fotografiada por el tabloide «News of the World» a las 9.56 del viernes 21 de enero fichando en la cámara y, tan solo 26 minutos después, fue cazada en el aeropuerto de Bruselas, a punto de coger un vuelo.

Gardiazábal, de 35 años y nieta del histórico dirigente socialista Ramón Rubial, es eurodiputada desde el año 2009 y actualmente es miembro de la Comisión de Presupuestos y forma parte de la Delegación para las relaciones con Sudáfrica.

No fue la única política cazada por las cámaras (aunque sí la única española): otros eurodiputados reconocen que la táctica de «fichar y correr» es habitual. Y no hay distinción en el signo político de los que lo practican: el conservador británico Robert Sturdy y el laborista Peter Skinner aparecen en las imágenes fichando poco después de las 7.00 y, dos horas y media después, llegan juntos en el Eurostars a Londres.

La diputada polaca Danuta Jazlowiecka, que tardó 21 minutos en llegar al aeropuerto de Estrasburgos después de fichar en el Parlamento, explica que esta práctica «no va contra las reglas». De hecho, las normas comunitarias no lo incluyen como algo ilegal, según explica el portavoz de otra de sus señorías, la portuguesa Figuereido.

Sinclaire, la diputada denunciante, afirma que ha hecho público este «escándalo» porque considera que los ciudadanos europeos han de saber en qué se gasta su dinero, especialmente en tiempos de crisis económica y cuando los países árabes viven una ola de revoluciones para protestar contra la corrupción en sus gobiernos.

Información relacionada:
La vergüenza del Congreso de los Diputados

V�ctimas del 11-M presentan una querella contra S�nchez Manzano

09 de Mar de 2011 a las ::

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha presentado este miércoles en los juzgados de Plaza Castilla una querella criminal contra el que fuera comisario jefe de los Tedax durante los atentados, Juan Jesús Sánchez Manzano, como presunto autor de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y de falso testimonio.

Sánchez Manzano fue el máximo responsable de los agentes encargados de la desactivación de las bombas de los atentados de Madrid, y el que se hizo cargo de las muestras de los explosivos. Su actuación, junto con la del perito, dificultaron conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta de los terroristas, según la querella.

En julio del 2006, el juez Del Olmo le llamó a declarar debido a que desde la unidad de los Tedax se había remitido una mochila que no era la que supuestamente se encontró en uno de los tres sin estallar. Durante el juicio, Manzano afirmó haberse equivocado a la hora de analizar el tipo de dinamita que explotó en los trenes.

Por ello, la Asociación ha interpuesto la demanda con el fin de"esclarecer" todas las "dudas" acerca de los atentados de Madrid. Asimismo, el colectivo recordó en una nota que durante el juicio del 11-M solicitaron la deducción de testimonio contra aquellos funcionarios públicos cuya labor estuvo "muy lejos" de ser reflejo de la "magnífica profesionalidad" desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

No obstante, el colectivo afirmó que la "oscura" actuación de algunas personas no debe, "en ningún caso", poner en duda o "manchar" el"buen" nombre de la integridad del las Fuerzas y Cuerpos del Estado aunque, matizó, en los casos en los que haya una "depuración de responsabilidades" las víctimas tienen que asumir su "responsabilidad" en la lucha contra el terrorismo.

Información relacionada:

11M: cuando la ciencia refuta la sentencia

La Policía dejó escapar al principal fugitivo del 11-M

Boicot socialista al homenaje por las víctimas del 11-M

Operaci�n St�rol, operativo de la Guardia Civil en M�laga

08 de Mar de 2011 a las ::

Hay cuatro detenidos y 4.000 cápsulas intervenidas que ponían en el mercado a 45 euros la decena.

«No tengo problemas con el sexo, pero siempre he soñado con hacerlo de forma más prolongada. ¡Anoche lo hice durante una hora! ¡Guau!». Este es uno de los testimonios menos burdos que una red dedicada a la venta ilegal de productos potenciadores del impulso sexual utilizaba en su web para conseguir la atención de posibles consumidores. Libidus, LFW y Maxidus eran los principales reclamos. El último, el «producto estrella» (foto de libidus.es de laopiniondemalaga.es).

El primero buscaba al cliente mayoritario, el masculino, que lucha contra la temida disfunción eréctil. LFW (Libidus For Woman) se centraba en la libido femenina y la joya de la corona se anunciaba como efectivo «incluso habiendo consumido alcohol moderadamente». Según anunció ayer la Guardia Civil de Málaga, todos se presentaban como productos naturales cuando en absoluto lo eran. «En realidad son medicamentos ilegales que carecen de autorización sanitaria para su puesta en el mercado», reza el informe emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La denominada operación «Stérol» ha intervenido cerca de 4.000 cápsulas que la organización vendía a 45 euros la decena. Hay cuatro detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y estafa.

Componentes

Según la Guardia Civil, uno de los asuntos más preocupantes se refiere al contenido de las pastillas, ya que en el etiquetado de las mismas aparece como principal ingrediente la planta Eurycoma Longifolia, procedente de Indonesia, y que entre otras cosas potencia el rendimiento sexual en los animales. Aún así, los investigadores aseguran que estos medicamentos se suministraban, además de por internet, a través de diferentes tipos de comercios como «herboristerías, parafarmacias y sex shops». Desde estos establecimientos se vendían directamente al consumidor «como un complemento alimenticio compuesto de hierbas, cuando en realidad se estarían utilizando algunos de los principios activos empleados en los medicamentos de tratamiento de la disfunción eréctil como sildenafilo, vardenafilo y taladafilo», apuntaron desde el instituto armado. Estos son productos comercializados legalmente en España bajo las denominaciones comerciales Viagra, Levitra y Cialis.

La operación «Stérol» se ha realizado dentro del marco de un plan de actuaciones específicas para combatir la venta ilegal de medicamentos, a través de internet y venta telefónica. El Servicio de Protección de la Naturaleza de Málaga (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga, en colaboración con inspectores del Distrito Sanitario Costa del Sol, ha detenido a cuatro personas en un operación que continúa abierta.

Embalaje

Según explicó un responsable del Seprona, estas cuatro personas, tres de nacionalidad inglesa y una española, presuntamente introducían los medicamentos ilegales en España sin embalaje para después comercializarlos como productos naturales en distintos establecimientos del territorio. Los detenidos responden a las iniciales P. H. S., L. A. F., D. M. H. G. y M. A. N.

En los registros domiciliarios llevados a cabo en los municipios malagueños de Mijas y Torremolinos se les ha intervenido un gran número de cápsulas, precintos, envases, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con el comercio ilegal de productos considerados como medicamentos. Por estos hechos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública y estafa.

Información relacionada:
Investigan 81 webs por venta ilegal de medicamentos

Un guardia civil acaba detenido tras atacar a golpes a compa�eros suyos en Requena

08 de Mar de 2011 a las ::

El agente, que pertenece a una unidad antiterrorista de élite, estaba con amigos en una carpa de la Feria del Embutido.

Un agente de la Guardia Civil destinado en una unidad de élite de la lucha antiterrorista acabó detenido el domingo en la Feria del Embutido de Requena tras emprenderla a golpes con sus propios compañeros del cuartel del municipio. Según han confirmado fuentes de toda solvencia, los hechos sucedieron pasadas las siete de la tarde en el recinto que acogió durante el pasado fin de semana la célebre Feria del Embutido, donde se degustan productos cárnicos y vino. Al parecer, el agente estaba con un grupo de amigos, cuando se vieron envueltos en una discusión subida de tono que llevó a varias personas a alertar a la Guardia Civil.

Varias unidades de seguridad ciudadana del cuartel de Requena acudieron enseguida para tratar de poner orden. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. Las citadas fuentes dijeron que el grupo del que formaba parte el guardia civil del GOA (Grupo Operativo de Apoyo) se mostró especialmente violento al ver llegar a los agentes uniformados. Es más, esas fuentes matizaron que fue precisamente el guardia, que iba de paisano, quien más iracundo y violento se mostró, hasta el punto de que tuvo que ser reducido por varios de los agentes de Requena, algunos de los cuales resultaron lesionados.

El agente detenido, que antes y durante la bronca se identificó varias veces como guardia civil a pesar de mantener su actitud, fue acusado de un delito de desobediencia y otro de atentado, y ayer fue puesto a disposición del juez de guardia de Requena. El arrestado es natural de Valencia, aunque está destinado en Madrid.

Mijas: El para�so de los funcionarios

04 de Mar de 2011 a las ::

El Ayuntamiento de Mijas (Málaga, 78.500 habitantes) se gasta “más del 50 por ciento del presupuesto” –según su propio alcalde, Antonio Sánchez (PSOE)– en pagar a sus empleados. Una media de 2.700 euros en la que no faltan salarios de casi 10.000. Sólo en 744 funcionarios, 28 millones de euros.

Es el paraíso soñado para cualquier empelado público. Mijas, un municipio de 78.500 habitantes situado en plena Costa del Sol malagueña, generaba hace cinco años un superávit de 12 millones de euros anuales. Buen material, sin duda, para que sus funcionarios vivieran bien. El problema es que llegó la crisis y, pese a tener ahora 8 millones de déficit… sus empleados siguen viviendo bien. O muy bien, porque cobran una media de más de 2.600 euros al mes. Ente 14 concejales, 744 funcionarios y más de 200 trabajadores de emplesas públicas se comen, literalmente, “más el 50 por ciento del presupuesto”, según admite su alcalde socialista, Antonio Sánchez.

Ya tuvo problemas el anterior regidor, el también socialista Agustín Moreno, que tuvo que dimitir presionado por su Ejecutiva tras subirse el sueldo a 120.000 euros, “más que el presidente del Gobierno”, como dice el líder de la oposición popular, Ángel Nozal. Una cantidad que era casi pecata minuta comparada con los Con todo, los más de 130.000 euros anuales que cobran tres funcionarios con plaza: el interventor, el secretario y el tesorero, gracias a los complementos. Pero todos están contentos: los 14 concejales del PSOE suman 700.000 euros al año; los cinco asesores –cargos de designación directa–, más de 350.000. Y así hasta un total de más de 80 personas con sueldos superiores a los 4.000 euros mensuales. Y todo eso, en tiempos de crisis.

Gallizo defiende que es normal que Roca disfrute de dos celdas en la c�rcel

03 de Mar de 2011 a las ::

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, trató de defender ayer la normalidad de los privilegios penitenciarios del presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, esgrimiendo resoluciones judiciales y amparándose en el derecho a la defensa del recluso. Para ella y el PSOE, como indicaron en la Comisión de Interior del Congreso, no hay concesión alguna y tan sólo se trata de una “nueva teoría de la conspiración” del PP pese a las denuncias públicas sobre el caso que ha realizado el sindicato mayoritario de prisiones, Acaip.

De este modo, que el presunto cerebro de la Malaya disponga de dos celdas contiguas (una para su disfrute a modo de archivo con 33 cajas), un ordenador portátil las 24 horas del día, CD, disco duro externo y pen drive son “derechos del recluso, que no privilegios ni favores” como llegó a sentenciar la diputada socialista María del Mar Arnáiz, quien también recriminó al PP el “hacer suyas” las exclusivas de La Gaceta “como si se tratara del BOE”.

Gallizo despachó el material informático del preso esgrimiendo que “otros internos” también tienen ordenador y que había precedentes (en ningún momento dijo su número ni si contaban con él las 24 horas del día en su celda) y se limitó a leer parte de la nota de prensa de la Audiencia de Málaga en la que se razona este privilegio por la extensión del sumario al que se enfrenta. Eso sí, no aclaró por qué el preso llegó a disponer de wi-fi y webcam, como le recordó el diputado popular Rafael Hernando.

Asimismo, este reprochó a Gallizo que sólo hubiera leído parte de ese comunicado de la Audiencia, ya que en el mismo la Audiencia se desentiende expresamente sobre el hecho de que disponga de dos celdas (“cuestión ajena” al tribunal, dejando en evidencia a la dirección de la prisión que, en una nota interna del 28 de septiembre, vinculaba “el dúplex” a un escrito de esta administración judicial, como denunció el popular).

Hernando se hizo eco de la “indignación y vergüenza” de los ciudadanos ante situaciones como la de Roca (que “llegó a comprar corporaciones enteras” e incluso a algún juez y “ha amenazado con tirar de la manta”) y destacó que en el módulo de ingresos de la cárcel de Alhaurín de la Torre en el que Roca dispone del adosado han llegado a estar tres reclusos en la misma celda. Sin embargo, a juicio de Gallizo, “no origina ningún problema de espacio” porque en aquel departamento “en estos momentos” habría 65 celdas para una media de entre 35 a 40 internos. Ahora bien, como precisó Hernando, la realidad es que la prisión cuenta con 752 celdas para 1.577 internos. Por todo ello el popular pidió a Gallizo: “¡No le tengan miedo al señor Roca, trátenle con igualdad!”.

Así, Gallizo defendió tanto el uso de Roca de elementos informáticos que “eliminan el papel”, como el disfrute de una segunda celda como archivo, porque guardar 33 cajas en una única celda resulta “materialmente imposible y peligroso”. Nada de privilegios.

Espa�a: El paro alcanza su cifra m�s alta en 15 a�os

02 de Mar de 2011 a las ::

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en febrero y sumó 68.260 nuevos parados respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4.299.263, el 1,6 % más.

Esta cifra es la más alta desde 1996, fecha desde la que se tienen datos disponibles. En un año el paro ha aumentado en 168.638 personas, el 4,08 % más, que es el subida más baja desde noviembre de 2007, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El paro aumentó en febrero en todos los sectores, encabezados por el de los servicios, donde se incrementó en 39.569 personas (1,6 %), seguido por el colectivo sin empleo anterior, con 13.968 (3,81 %); la industria, 3.559 (0,71 %); construcción, 2.550 (0,34 %), y la agricultura, con 8.614 (6,67 %).

Para la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, se trata de "un dato negativo", si bien indica que el incremento del paro en febrero de este año es menor que el de los dos años anteriores.

En febrero de 2010 el paro subió en 82.132 personas y en el mismo mes de 2009 en 154.058.

Entre los hombres el desempleo aumentó en febrero en 29.373 personas (el 1,4 %) respecto a enero, hasta los 2.134.612, y entre las mujeres en 38.887 (1,8 %) y sumó 2.164.651 desempleadas.

En un año, el paro masculino subió en 33.948 (el 1,6 %) y el femenino en 134.690 (6,6 %).

La subida del paro afectó también a los jóvenes menores de 25 años, con 22.555 parados más (el 5 %) respecto al mes anterior y entre los mayores de esa edad creció en 45.705 (el 1,2 %). En febrero, el paro subió en dieciséis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, con 14.086 parados más, y Cataluña, con 12.988, y sólo bajó en Baleares, con 1.064 desempleados menos.

En cuanto a la contratación, en febrero se firmaron 1.011.418, lo que supone 16.804 menos que en el mismo mes de 2010 (el 1,63 % inferior) y de ellos 94.363 fueron indefinidos, una reducción de 6.848 (un 6,77 %).

La contratación acumulada de los dos primeros meses ascendió a 2.127.437, que supone 48.982 contratos más (el 2,36 %) que en el mismo periodo de 2010 y los contratos indefinidos entre enero y febrero fueron 197.096, un incremento de 1.290 (0,66 %).

De los indefinidos suscritos en febrero, 61.625 fueron a tiempo completo, 5.005 menos (el 7,51 %) que en el mismo mes del año pasado, y 32.738 a tiempo parcial, que se redujeron en 1.843 (5,33%). En términos acumulados, los indefinidos a tiempo completo sumaron 131.846, el 0,61 % más que en el mismo periodo de 2010, y los parciales 65.250, un 0,77 % más.

Del resto de los contratos de febrero, 6.991 fueron de carácter formativo y 910.064 otro tipo de temporales.

Más información:
España concentra ya el 60% de los parados de toda la Eurozona

Juventud estafada

01 de Mar de 2011 a las ::

A medida que pasa el tiempo me maravillo cada vez más de la impermeabilidad de la burbuja en que viven los políticos. Sin ir más lejos, hace unos días ZP se llenaba la boca hablando de los logros sociales en que sobrenadamos repitiendo así la cantinela propia de los sindicatos y demás entes costosos y demagógicos.

La realidad es que el presente –y el futuro– de ciertos sectores sociales resulta verdaderamente pavoroso. Sin duda, uno de los más perjudicados es el de los jóvenes. En primer lugar, un sistema educativo desastroso –salvo para los que se encaramaron a él sin saber hacer la o con un canuto– ha logrado que ya rondemos el treinta por ciento de fracaso escolar. Uno de cada tres estudiantes no tiene siquiera un título mínimo, siendo doble la proporción de fracasados en la escuela pública que en la concertada o la privada.

En toda la OCDE, sólo Turquía y Portugal tienen cifras peores. Por añadidura, los jóvenes entre 16 y 18 años cuentan con escasas posibilidades de acceder al mercado laboral gracias a la legislación supuestamente social impuesta por UGT y CCOO. El trabajo –es un decir– de los sindicatos ha conseguido que en la OCDE incluso Portugal esté delante de España a la hora de brindar empleos a los jóvenes entre 15 y 20 años.

Cualquier empleo todo hay que decirlo porque en el terreno de los fijos España es el país de la OCDE en peor situación –incluso por detrás de Turquía y Portugal– en lo que se refiere a jóvenes de menos de treinta años. Ni siquiera los universitarios o los técnicos medios disfrutan de la menor garantía de conseguir un empleo estable. Se trata de una circunstancia triste, pero más que comprensible teniendo en cuenta que no tenemos una sola universidad entre las ciento cincuenta primeras del mundo; que las cátedras las han ido ocupando en multitud de ocasiones ceporros sectarios a los que favorecía una ley ad hoc parida por socialistas y nacionalistas y que el debate académico, el aprendizaje de idiomas o el mero esfuerzo se desprecian cuando no se proscriben.

Tener un título universitario en no pocos casos no garantiza absolutamente nada y los que hemos tenido la triste ocasión de comprobar la formación con que las nuevas generaciones salen de las facultades no sentimos sorpresa ante ese dato contrastado aunque sí un profundo dolor. Así, en España se ha creado una generación de no menos de 750.000 jóvenes que, nacidos entre 1985 y 1995, ni estudian ni trabajan. Por añadidura, los que sí cuentan con un empleo, por regla general, no están para lanzar cohetes.

De esta manera gracias a la demagogia demencial de la izquierda, al derroche enloquecido de los nacionalistas, a la descerebrada dictadura sindical y a la intolerable tibieza de la derecha, contamos con una tasa de desempleo juvenil superior a la de Egipto. Añádase a lo ya dicho el suplicio de décadas que, gracias a los ayuntamientos, los constructores y las entidades bancarias, implica adquirir una vivienda y díganme ustedes con el corazón en la mano si esta juventud que puede abortar a los catorce y que se ha adentrado en grandiosas elaboraciones filosóficas como la ideología de género o la alianza de civilizaciones no es víctima de uno de las mayores estafas de la Historia.

El PP pide reprobar al director de la Polic�a por desobedecer al Supremo

28 de Feb de 2011 a las ::

Francisco Javier Velázquez nombró a dedo a 55 altos mandos pese a la sentencia del Alto Tribunal que lo prohíbe. La sentencia del TSJ de Madrid lleva un año sin cumplirse. El PP insta en el Congreso a que se cumpla el fallo.

El Tribunal Supremo no parece tener suficiente autoridad para el ministro del Interior. El auto que emitió la más alta instancia judicial el 15 de julio de 2010 ordenó poner límite a los nombramientos a dedo de altos mandos policiales que venía llevando a cabo la Dirección General desde 2008. Obligaba al ministerio a reestructurar el cuerpo y restringir la elección de cargos de confianza tan sólo a los niveles 29 y 30 de la Administración.

Pero el departamento de Rubalcaba ignoró al Supremo, cuyo escrito avalaba una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tan sólo pocas semanas después del auto. El director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, emitió el 26 de enero la orden general 1.867, que nombraba a 55 nuevos mandos policiales del nivel 28 a dedo, como se publicó el pasado 18 de febrero. Los nombramientos, además, se hicieron sin motivación alguna, como exigía el juez. La citada orden se limitó a decir que “los puestos se proveerán mediante el sistema de libre designación, conforme a lo establecido en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y, asimismo, en las demás disposiciones aplicables reguladoras de la materia”.

La desobediencia se produjo dos meses después de que el Supremo informara al ministerio, según admitió el propio Rubalcaba. “La sentencia del Supremo a la que usted se refiere –le contestó en diciembre el ministro al diputado popular Ignacio Cosidó– se comunicó el 26 de noviembre, hace tres semanas, y estamos en este momento cumpliéndola”.

El PP reaccionó inmediatamente a la convocatoria de nuevos mandos y preparó una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a que obedezca a la Justicia. Así, el pasado viernes, los populares presentaron ante la Mesa del Congreso la citada PNL, que exige el “cumplimiento inmediato de la sentencia que obliga al ministro del Interior” a obedecer “la legalidad en los nombramientos del Cuerpo Nacional de Policía”. El PP también insta al Gobierno a explicar “las razones” que le han llevado a no adoptar “las medidas necesarias” para cumplir la sentencia. “Si las mismas no fueran otras que la desidia y falta de diligencia por parte del director general de la Policía y de la Guardia Civil”, el PP propone “reprobar su actuación” por la “inseguridad jurídica” que genera, y asimismo solicita la comparecencia de Velázquez en el Congreso.

Velázquez, que es quien firma la polémica orden 1.867, prometió llevar a la práctica el auto pero hizo lo contrario tanto en la citada convocatoria de los 55 mandos como en tres resoluciones aprobadas el 25 de octubre del año pasado. Ese último día, la orden general 1.852 convocaba un puesto de consejero de Interior en Islamabad, otro de jefe de la Unidad de Gestión de Personal y otro para distintas plantillas. Las tres convocatorias se hacían, al igual que las citadas 55 posteriores, sin distinguir entre los puestos que debe ocupar un comisario y los que son competencia de un comisario principal, como ordenaba el TSJ de Madrid avalado por el Supremo.

Espa�a: Huele a podrido

22 de Feb de 2011 a las ::

La mierda nos empieza a cercar y nos lleva a otras épocas de infausto recuerdo.

Hace ya más de tres años que estamos en crisis y los problemas son los mismos. Es decir, no se han tomado las medidas necesarias para solucionarlos. Las empresas cierran por decenas, los parados se cuentan por millones, casi nadie paga sus deudas, los bancos no dan créditos y la desconfianza está en niveles insoportables. Todo, eso sí, adornado con escándalos de corrupción y de desvío de fondos.

Es como si no hubieran pasado los años. Ahora resulta que el Banco de España alertó en 2006 de que se nos venía encima una crisis de caballo. Sí, el Banco de España y muchos expertos y economistas y periodistas y diputados del PP. Lo que ocurre es que ya no sirven de mucho las lamentaciones.

El Gobierno no hizo su trabajo, no lo ha hecho y parece que no tiene intención de abordarlo en su integridad. Al contrario, ahora nos sale el ministro Blanco con no sé qué va a gastar 2.500 millones de euros es no sé qué macrociudad aeroportuaria. O nos enteramos de cómo han despilfarrado el dinero las cajas de ahorros, esas a las que ahora hay que dar dinero de todos, pero sin que pase nada ni devuelvan el dinero.

El país se ha convertido en un auténtico vomitorio donde el dinero de los parados se lo reparten unos corruptos y la Fiscalía Anticorrupción ni se persona. Claro que hay gente sana, pero la mierda nos empieza a cercar y nos lleva a otras épocas de infausto recuerdo, casualmente también en las postrimerías de un Gobierno socialista. Mucho y bien va a tener que trabajar el Partido Popular si como dicen las encuestas vapulea al PSOE en las municipales y autonómicas. Trabajo en lo político y en lo económico.

Este país necesita una verdadera y profunda regeneración democrática que devuelva a los ciudadanos la confianza en su clase política. Hay que dejar de mirar para otro lado, ponerse al frente de la manifestación, exigir responsabilidades y si se lo han llevado crudo que lo devuelvan. No valen las medias tintas.

Las cesiones al nacionalismo abren una brecha en la caja �nica de las pensiones

24 de Sep de 2010 a las ::

El Gobierno anuncia ahora que otras comunidades, además del País Vasco, podrán también bajar las cotizaciones sociales a sus empresas.

Las cesiones del Gobierno para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del próximo año abren una brecha en la caja única de la Seguridad Social, según coincidieron en señalar ayer expertos consultados.

La clave está en que se transfiere al Ejecutivo vasco las competencias en materia de bonificaciones empresariales a la creación de empleo. Eso supone que las empresas vascas podrán pagar menos cotizaciones sociales que el resto sin que eso afecte al conjunto del sistema de pensiones. A juicio de algunos analistas consultados es un negocio redondo, ya que si se hubiera traspasado el sistema de pensiones completo, tal y como históricamente se demandaba, la comunidad autónoma tendría que asumir un importante déficit. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes al año 2008, los números rojos del sistema de Seguridad Social en esta autonomía rondan los 750 millones de euros. Si se rebajan las cotizaciones a los empresarios, el agujero sería todavía mayor.

Ante la discriminación que esta decisión supone respecto a otras comunidades, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, adelantó que otras comunidades que tienen «plenos títulos competenciales», como Cataluña, Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, también podrán pedir la transferencia de las bonificaciones. Insistió, eso sí, en que el acuerdo «mantiene inalterada la caja única».

El Gobierno argumenta que las bonificaciones no salen de la Seguridad Social, sino del presupuesto estatal que se encarga de reponer o reintegrar al sistema lo que pagan de menos los empresarios. Pero a partir del acuerdo, el País Vasco controlará el dinero que recauda vía cuotas a la Seguridad Social.

Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, no comparte este análisis. Asegura que «el traspaso de bonificaciones supone un golpe en la línea de flotación del sistema público de pensiones y que abrirá, además, un proceso de competencia desleal con las empresas ubicadas en el resto de España».

Para Álvaro Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, también hay ruptura de la caja única aunque cree que quizás, para disimularlo, se incluirá alguna cláusula similar a la que incluye el concierto económico, para que el conjunto de bonificaciones a los empresarios sea similar en todo el territorio español. Es decir que si el Ejecutivo vasco baja unas bonificaciones, debería subir otras para equilibrar los pagos conjuntos de las empresas.Sin embargo advierte que esta cláusula no ha funcionado en el tema fiscal, y de hecho las empresas ubicadas en el País Vasco pagan menos que las del resto de España.

En este sentido, Juan José Rubio señala que las regiones limítrofes, como Aragón, Cantabria o La Rioja, deberían estar preocupadas por el proceso de competencia desleal que se abre. Además, señala que será el País Vasco quien marque el camino al gobierno central que tendrá que reducir las bonificaciones en la misma cuantía si no quiere que el resto de empresas salgan perjudicadas.

Fuentes sindicales, por su parte, comparten también la idea de que el pacto alcanzado abre la puerta a la ruptura de la caja única y advierten que otros gobiernos autonómicos o partidos nacionalistas podrían seguir el ejemplo del País Vasco, como el propio Gobierno acaba de reconocer que puede ocurrir.

El acuerdo con el PNV incluye también la cesión de las políticas activas de empleo. Con la legislación actual el Gobierno central reparte cada año unas cantidades (algo más de 3.000 millones en 2010) para que las comunidades autónomas las destinen a políticas activas de empleo: formación de parados, de ocupados, intermediación en el mercado de trabajo, inspección laboral, ... En el reparto de 2010, aparecen todas las comunidades menos el País Vasco, porque era la única región que no tenía transferida la gestión de estos recursos. Lo que se ha acordado ahora, sin embargo, no es equiparar el País Vasco con el resto de regiones, sino ir un paso más, ya que no sólo gestionará los recursos de acuerdo con la coordinación y directrices del Estado central, sino que tendrá libertad para definir la política de fomento del empleo.

El secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, cuestiona también la cifra que se ha utilizado para calcular el coste de estas transferencias; 472 millones le parecen excesivos. Y podría no faltarles razón si comparamos esos 472 millones con el reparto de recursos para políticas activas en 2010. Sólo Andalucía, con 683,8 millones, superaría esta cantidad.

Para César Molinas, doctor en Económicas, la clave del acuerdo está en que el PNV se garantiza el poder en las diputaciones forales vascas, mientras la cesión de casi 500 millones es solo una manera de vestir el acuerdo.

Casi 200 maestros dicen haber sido agredidos por sus alumnos en Murcia

23 de Sep de 2010 a las ::

3.849 profesores de todas las comunidades han denunciado este año ante el Defensor del Profesor haber sido agredidos o vejados por parte de estudiantes.

192 casos presentados a Anpe en la Región pedían ayuda ante situaciones violentas provocadas por sus alumnos.

0,26% de los chicos murcianos fueron castigados con un expediente disciplinario, según el Observatorio de Convivencia Escolar.

Hace cincuenta años los vándalos de la clase se dedicaban a vaciar un bolígrafo, introducirle un grano de arroz, apuntar, soplar y lanzárselo al profesor. Ahora la figura de esos niños ha sido suplantada por otros alumnos que dejan atrás las gamberradas para convertirlas en agresiones. Levantar la mano al profesor, pinchar las ruedas de su coche o lanzarle una silla a la cabeza son algunas de las prácticas más agresivas que se han llegado a dar en algunos institutos de la Región.

Desde el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública (Anpe) confirman que 192 docentes se acercaron, a lo largo del curso 2009-2010, al servicio del Defensor del Profesor, que desde hace cinco años está a disposición de los educadores en cada comunidad, para denunciar la agresión física o psicológica causada por uno de sus alumnos. No se trata aún de una cifra definitiva, puesto que el informe debe ser terminado en el mes de noviembre, pero el presidente de Anpe, Clemente Hernández, asegura que ya se puede hablar de un repunte en los casos de agresión con respecto a otros años.

A nivel nacional, las cifras presentadas hasta el momento elevan a 3.849 el número de docentes que han sufrido algún tipo de violencia por parte de los alumnos. «Esto es sólo una muestra pequeña de lo que sucede en realidad, ya que muchos profesores prefieren callar, ya sea por miedo, vergüenza o algún otro factor y los casos pasan prácticamente desapercibidos», explica Hernández. En total, miles de amenazas, intimidaciones, insultos que en algunos casos se penan a través de sanciones y amonestaciones por parte del centro escolar donde el alumno cursa sus estudios. Muestra de ello es la cifra en la que se refleja que un 0,26% de los alumnos murcianos recibieron un expediente disciplinario, según el último informe del Observatorio de Convivencia Escolar.

Por todo esto, desde Anpe reclaman al Gobierno regional la puesta en marcha de la Ley de Autoridad Pública, con la que se dotaría al profesor de la presunción de veracidad porque pasaría a ser considerado una autoridad pública con respaldo de la Administración. De esta forma, la parte denunciante sería la que tendría que demostrar que el profesor falta a la verdad. Mientras esperan esta norma, las labores de información para que estas situaciones de agresión disminuyan siguen su curso y es por ello por lo que Anpe, junto con la Federación Regional de Estudiantes (Feremur), ponían en marcha ayer la campaña 'La Educación Merece Respeto', en pro del respeto y la convivencia en las aulas y dirigida fundamentalmente a los alumnos de los centros de la Región.

Dentro de la iniciativa están previstas mesas redondas en municipios como Murcia, Puerto Lumbreras y Cartagena, aunque no se descarta que puedan llegar a otras localidades. Asimismo, se desarrollará un concurso de redacción para los alumnos de Primaria, y de fotografía y cortos para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Los premios se entregarán el próximo diciembre.

Colegio de El Carmen

El consejero de Educación, Constantino Sotoca, condenó ayer las supuestas agresiones que padres de los alumnos del colegio público Nuestra Señora del Carmen, en Murcia, llevaron a cabo sobre los profesores del centro. Tras lo que anunció que será la propia Consejería «quien lleve la asistencia jurídica de esos docentes».

Las agresiones se habrían producido a raíz de la decisión del centro de prohibir este año a los padres acceder al patio para dejar a sus hijos, como medida para proteger la seguridad de los jóvenes y tenerlos más controlados, según explican desde Anpe. Su presidente confirma que el sindicato se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales que se sigan por estos sucesos, para «solicitar su consideración de atentado contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones».

Ante casos como el ocurrido en el colegio del barrio de El Carmen, alumnos de varios institutos de la capital aseguran que la medida para parar las agresiones a profesores es el respeto por todas las partes. Muchos reconocen haber presenciado una situación violenta por parte de algún compañero. «Recuerdo una vez que un joven chino le hizo una llave a un profesor y lo expulsaron del centro», comenta Zaira Sánchez.

Otra conclusión patente entre los jóvenes es la posibilidad de aumentar la severidad de los castigos. Casi todos coinciden en que un suspenso en una asignatura o una amonestación no sirve de mucho si se trata de chicos que no 'tocan un libro' y prácticamente aluden a la expulsión, temporal o permanente, como única sanción para que esas acciones no vuelvan a suceder. Los padres también son parte importante en este proceso y los estudiantes lo saben. «Depende de lo que te enseñen en casa», admite Sánchez.

La Justicia censura las reformas para salvar el Estatut de Catalu�a

22 de Sep de 2010 a las ::

Quizá podía haber levantado el teléfono para dejar claro al ministro de Justicia su oposición a las anunciadas reformas legales para allanar el camino al Estatut tras la sentencia del Tribunal Constitucional, pero Carlos Dívar prefirió hacerlo ayer con luz y taquígrafos en la solemne apertura del Año Judicial, presidida por Su Majestad el Rey.

Allí, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), el presidente de la institución y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprovechó la presencia de Francisco Caamaño para afear al Ejecutivo su propósito de impulsar cambios legales que avalen los consejos autonómicos de Justicia como remedos del CGPJ y dejen en entredicho el papel del TS como unificador de doctrina.

En un discurso pródigo en agradecimientos y saludos, Dívar fue claro y directo: la reforma de la ley para «salvar» la sentencia del Estatut en esta materia no puede afectar lo más mínimo al papel del Supremo y a las competencias del órgano de gobierno de los jueces. La mayoría de las asociaciones de magistrados y fiscales, tal como ayer publicaba LA RAZÓN, se expresaron en esa misma línea.

Así, en relación con el Supremo, Dívar destacó que constituye la garantía del «principio de unidad del derecho, con fuerza legitimadora de todo el sistema judicial», aspecto relevante reconocido por el propio Tribunal Constitucional en su fallo al recurso del PP contra el Estatut.

En esa sentencia, destacó al respecto en su discurso, el TC reconocía que la competencia para unificar doctrina está «reservada sólo al Tribunal Supremo, sea cual sea el modo en que el legislador articule procesalmente su realización».

Era el primer «dardo envenenado» a una reforma que, de seguir adelante, contará con una oposición notable en el mundo judicial. Y es que, el Supremo, desde ese papel de unificación del Derecho, contribuye de forma notable «a reforzar la confianza ciudadana en el conjunto de la Justicia».

Único órgano de gobierno

Pero faltaba todavía el segundo, el relativo a la posibilidad de que los consejos de justicia autonómicos asuman determinadas competencias que actualmente están en manos del CGPJ. También hacía ver Carlos Dívar que el TC en esa sentencia ya dejaba igualmente claro que no se puede tocar la esencia de esa institución: «Reconoce –la citada resolución judicial– al Consejo General del Poder Judicial como único órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De acuerdo, pues, con la Constitución, ningún órgano, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobiernos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial».

Dívar también salió en defensa del TS frente a las críticas cosechadas por sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón (aunque sin referirse a esta cuestión expresamente). Así, censuró las opiniones que «a veces trascienden el ejercicio del derecho a las crítica» para cuestionar, «desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez».

La corrupción no se vincula a un partido

- La corrupción, insistió el fiscal general ante las críticas de parcialidad del PP (al que no citó expresamente), «no se vincula a una u otra formación política o corriente ideológica».

- Conde-Pumpido la definió como el «abordaje ególatra y lucrativo del poder» por parte de personas «que sólo militan en su propio afán depredatorio».

Más inormación:
La Fiscalía ensayó en Murcia la campaña contra el PP: 41 de las 43 denuncias archivadas

Las �mu�equitas de Zapatero�, en crisis, pero guapas

20 de Sep de 2010 a las ::

Así ha bautizado un diario alemán a las ministras españolas, a las que califica de «socialistas fashionistas».

En época de Cibeles, el tema de la moda en España se ha convertido en noticia para un periódico alemán, pero no precisamente por la pasarela de Madrid.

El Frankfurter Allgemeine Zeitung ha bautizado a las ministras españolas como «las muñequitas de Zapatero» y afirma que las mujeres del Gobierno están obsesionadas por su imagen. El periódico, considerado una referencia en Alemania, las califica de «socialistas fashionistas».

Sin embargo, no solo las socialistas han sido acusadas de exceso de vanidad. El diario también arremete contra la portavoz del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.

Y en la categoría «auténtico desastre de la moda», ha lanzado sus flechas contra Mariano Rajoy, a quien critica por su barba antigua.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, han sido las primeras en reaccionar al artículo del periódico alemán, al que califican como ofensivo y intolerable.

Pajín cree que la forma como el corresponsal del Frankfurter Allgemeine Zeitung se dirige a las ministras en el texto es machista. Por el lado del Partido Popular, María Dolores de Cospedal considera que los políticos deben ser evaluados por sus acciones y no por su aparencia.

Cien presos acceder�n a datos personales de millones de trabajadores

19 de Sep de 2010 a las ::

El pasado 7 de junio la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmó con el secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Juan Pedro Serrano Arroyo, un convenio de colaboración por el que hasta 100 condenados que cumplan su condena realizando trabajo en beneficio de la comunidad trabajarán para el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo.

El convenio firmado entre los dos organismos públicos sostiene que viene motivado por “el carácter eminentemente social que caracteriza al Fondo de Garantía Salarial”.

Sin embargo, según el artículo 49 del Código Penal: “Se considerarán trabajos en beneficio de la comunidad la prestación de la cooperación personal no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito penal y no supeditada al logro de intereses económicos”.

Lo anterior invalidaría la justificación establecida al no tener la actividad que debían realizar los penados el referido valor educativo, ni Fogasa o sus beneficiarios formar parte de la comunidad perjudicada por los presos a los que se empleará. El convenio se enmarca en la línea seguida por Gallizo desde su nombramiento en 2004.

Ésta ha manifestado en numerosas ocasiones su intención de vaciar las cárceles. Así lo hizo en 2005, en el discurso que pronunció con ocasión de la patrona de la policía, cuando defendió que “la sociedad moderna debe superar la idea de que todos los que infrinjan las normas vayan a la cárcel”, lo que le valió el calificativo, por parte del Sindicato Unificado de Policía, de “roja de salón” y “yuppie progresista”.

Protección de datos

Los puestos de trabajo ofertados para la población reclusa que se acoja a esta modalidad de cumplimiento de condena, según el anexo del convenio, son: “ordenanza, archivo, recepción de documentación de contenido jurídico, ordenación, clasificación y reparto; colaboración en la grabación de datos de expedientes y en la instrucción de los mismos”.

Tales funciones, según afirman a LA GACETA fuentes de Fogasa, incluyen el acceso a la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y a los datos del Registro Mercantil.

Quienes deben depositar sus datos personales en la institución presidida por Serrano a la espera de recibir el salario que su empresa ha dejado de pagarles corren el riesgo de que éstos caigan en manos de personal no profesional que cumple condena.

En cambio, los datos de los reclusos están bien protegidos, según consta en una de las cláusulas del convenio: “Los datos personales de los penados están afectados por la Ley (…) de Protección de Datos de Carácter Personal”.

El acceso de este personal no cualificado y no remunerado que accederá a toda la información laboral de los españoles incumple el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público. Éste establece que “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos”.

La finalidad de Fogasa es, según señala su definición legal, “el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso”. Y se financia mediante la percepción de una parte de las cotizaciones sociales que las empresas pagan a la Seguridad Social por sus empleados.

El secretario general de este organismo adscrito al Ministerio de Trabajo, Serrano Arroyo, lleva ejerciendo su cargo desde que fuera nombrado en 1989 por Manuel Chaves, actual vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial desde la remodelación ministerial realizada por Zapatero en abril de 2009. Por aquel entonces ocupaba la cartera de Trabajo.

En el año 2004 tuvo que comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre unas permutas que la institución que preside realizó en Madrid y a la que accedieron personas vinculadas con el ministerio del que depende. Se trató del cambio de locales comerciales por viviendas.

Efecto de la crisis

Para cumplir con su función, sus empleados tienen acceso a los datos laborales y personales de los españoles cuyos pagadores no pueden hacer frente a sus salarios. En el año 2009 fueron 174.177 personas cuyos ingresos dependieron del Fondo de Garantía Salarial y 55.888 las empresas a las que se financió y repartió 833 millones de euros. En 2010, hasta el 31 de julio, eran 143.985 los empleados atendidos y 45.814 las empresas, con un coste que asciende a 779 millones de euros.

Quienes soliciten las ayudas de la corporación adscrita al ministerio de Trabajo, ya sean empleados o empleadores, deben rellenar un formulario en el que se incluyen datos de residencia, DNI, número de afiliación a la Seguridad Social y de cuenta bancaria en la que se desea recibir la prestación, así como diversos documentos relacionados con el trámite de quiebra de la empresa en los juzgados.

Durante los últimos cuatro años la actividad de la sociedad ha presentado un incremento de solicitudes como consecuencia de la crisis.

En el año 2005 se gestionaron ayudas por valor de 232 millones de euros. En 2008, mientras que el Gobierno de Rodrígez Zapatero negaba la crisis, Fogasa tuvo que emplear casi el doble, 434 millones de euros, una cantidad que se duplicó en tan sólo un año al tener que hacer frente al pago de 833 millones de euros en 2009.

Fuentes del organismo público han señalado que, mientras que la carga de trabajo se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, el número de empleados apenas ha aumentado durante ese periodo.

Miles de guardias civiles marchan por Madrid con gritos contra el Presidente Zapatero

19 de Sep de 2010 a las ::

Miles de guardias civiles, arropados por representantes de otros cuerpos policiales, han marchado por las calles de Madrid al grito de "¡Zapatero dimisión!" y "¡Rubalcaba dimisión!", entre otras consignas. La manifestación ha comenzado en la avenida Reina Victoria de la capital, que se encontraba a mediodía repleta de personas. Algunos agentes han acudido acompañados por sus parejas, familiares e hijos.

Aunque los participantes vestían de paisano, porque tienen prohibido manifestarse de uniforme, media docena de ellos sí llevaban el tricornio que identifica al Cuerpo, así como gorras o guerreras. La protesta transcurrió en ambiente festivo y sin incidentes. "Jornada laboral como la nacional" o "Este Gobierno nos manda al infierno" son otros de los gritos que coreaban los asistentes.

Al término de la marcha, los agentes leyeron una carta de apoyo a la Guardia Civil escrita por José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que permaneció 532 días secuestrado por ETA. La lectura de esta carta abrió el turno de intervenciones, en el que también participaron el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

En su carta, Ortega Lara critica al Gobierno por "coartar" los derechos de la Guardia Civil, "que ha sufrido más que nadie el zarpazo de ETA". También censura que desde el Ministerio del Interior se sancione a los agentes por denunciar el estado en el que se encuentran algunos de sus cuarteles. "No entiendo por qué el Gobierno coarta sus derechos", insiste la breve misiva, en la que termina lanzando "un mensaje de ánimo" y pide a los guardias civiles seguir trabajando por España.

A pesar de acudir para mostrar su apoyo a los manifestantes, Fernández Toxo ha tenido que escuchar gritos de "¡fuera, fuera!" y "¿Dónde estabas hasta ahora?" cuando ha llegado. Fernández Toxo ha aguantado con gesto serio los gritos, rodeado por los responsables de las asociaciones convocantes de la marcha.

Por su parte, Cándido Méndez ha justificado la presencia sindical en la manifestación de Madrid en defensa de los derechos laborales de los guardias civiles, al tiempo que ha asegurado que no le molestan los abucheos que les profirieron algunos de los asistentes.

También acudió a la manifestación el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien ha ofrecido a los agentes el "apoyo pleno" de su organización política para que se conviertan en una organización civil, tal y como indica su propio nombre, y tengan los mismos derechos que otros trabajadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "La Guardia Civil no nació para ser militar", ha señalado a los medios de comunicación en la cabecera de la marcha.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) se han echado a la calle para exigir mejoras laborales y profesionales. Y lo hacen con pleno respaldo legal después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocara la prohibición de manifestarse decretada previamente por la Delegación del Gobierno en Madrid al entender que era un acto sindical no permitido a los agentes del Instituto Armado.

En una sentencia conocida el pasado jueves, el TSJM subrayaba que los guardias civiles tienen el derecho a manifestarse, aunque no a hacer huelga o a plantear otras actuaciones específicas de los sindicatos, como la declaración de conflicto colectivo y medidas de protesta adicionales.

Cambios en la jornada laboral

El pasado jueves, en vísperas de este acto de reivindicación, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, hizo público algunos de los cambios de la nueva Orden General de Jornada y Horario de Servicio del personal aprobados por el Ministerio del Interior y que fija una jornada semanal de 37 horas y media.

Los guardias civiles disfrutarán como mínimo y siempre que el servicio lo permita, de un fin de semana libre al mes, mientras que los llamados "horarios partidos" de mañana y tarde tendrán un carácter "excepcional" y limitado a determinadas unidades burocráticas.

Respecto al descanso posterior a la jornada laboral, tendrá una duración mínima de 12 horas consecutivas y el descanso semanal consistirá en un periodo mínimo ininterrumpido de 48 horas, al que se añadirá las ocho horas siguientes al último servicio, cuando actualmente consiste en un periodo mínimo de 36 horas. Los cuadrantes de servicio se realizarán cada mes, y sólo podrán modificarse por causa justificada.

En la presentación de la nueva normativa, Velázquez aseguró que el Gobierno ha atendido gran parte de las demandas de las asociaciones guardias civiles que, a su juicio, han reconocido "los avances" conseguidos. No obstante, la AUGC calificó de "claramente insuficiente" el avance.

Marta Trivi�o: Ya no tengo fe en la Justicia

16 de Sep de 2010 a las ::

La madre de uno de los homosexuales degollados y quemados en Vigo en 2006 confía en que el nuevo juicio condene al asesino confeso.

Marta Triviño confiesa que sintió deseos de «agarrar y dar en la cabeza» al asesino de su hijo. «Le tuve a 10 centímetros».

«Que se haga justicia. Espero lo que todo el mundo, que no dejen en la calle a un asesino confeso». Es lo que pide Marta, la madre de Isaac Pérez Triviño ayer a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Allí, en la sección quinta, comenzaba, a las 9:30 de la mañana, la repetición del juicio por el asesinato de su hijo, Isaac, y Julio, la pareja de éste.

Los jóvenes fueron asesinados en su casa, en la calle Oporto, de Vigo, el 13 de julio de 2006. Los encontraron degollados y quemados. Además, habían recibido 57 puñaladas. Una masacre. Una «escena macabra», como la describió entonces el jefe de bomberos.

Jacobo Piñeiro Real, que había estado cenando con la pareja la noche de los hechos en la vivienda de éstos, se confesó autor de la agresión, pero el jurado popular le absolvió, en febrero de 2009, de los delitos de asesinato porque lo hizo «por miedo insuperable». Fue condenado a 20 años de prisión por el incendio de la casa.

La sentencia provocó un terremoto mediático, sobre todo entre los colectivos de homosexuales, que consideraron la sentencia «homófoba y racista» (Julio era brasileño). Concretamente la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Felgtb) se reunió «con el Fiscal General del Estado para solicitar justicia, porque la sentencia exculpa a Piñeiro aunque él se declaró culpable», explicó Antonio Poveda, presidente de Felgtb. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG)determinó la nulidad de la sentencia

Volver a empezar

Ayer, Marta llegó a la Audiencia antes de las 8 de la mañana y, a las 8 de la tarde, continuaba allí. «Estoy muy nerviosa, aunque aparento tranquilidad, porque llevo todo el día aquí, el asesino de mi hijo está ahora declarando y yo no puedo entrar». Ha sido citada como testigo y, hasta que no declare, no puede entrar en la Sala.

Tras doce horas allí, la madre de Isaac está cansada; «además, no he logrado dormir nada esta noche», se lamenta. Por la mañana, cuando Jacobo Piñeiro llegó a la Audiencia, «le tuve a 10 centímetros y vi que mis sentimientos han cambiado; dije que no le haría ningún daño pero hoy me han dado ganas de agarrarle y darle en la cabeza. Me dio una taquicardia al verle».

Tiene puestas sus esperanzas en este nuevo juicio, aunque «no tengo fe en la Justicia», dice. Quienes salían de la Sala le explicaban que Piñeiro «está diciendo que no se acuerda de nada y le echa la culpa al alcohol y a la droga».

Al parecer, en su declaración, Piñeiro no tenía claras algunas cosas: horarios, el motivo de su visita a la casa de Isaac y Julio... «Creo que es una estrategia que le ha marcado su nuevo abogado», sentenció Marta.

«Miedo insuperable»

El jurado popular que dictó sentencia en el caso absolvió a Jacobo Piñeiro a pesar de que éste se declaró culpable. ¿Por qué? Consideraron que lo hizo «en defensa propia» y por «miedo insuperable».

Amigos y familia se preguntan si cuando se actúa por miedo y en defensa propia se asestan 57 puñaladas, se ata a las víctimas, se prende fuego a la casa y se echa abajo una puerta para cometer uno de los crímenes. Ahora, piensan que la Justicia tiene una segunda oportunidad.

La mitad de los dirigentes sindicales cobra sobresueldos de empresas p�blicas y privadas

15 de Sep de 2010 a las ::

La asistencia a los consejos supone una retribución de hasta 31.500 euros. Las dietas en Renfe superan los 10.000 euros y en Adif duplican esta cantidad.

Cerca de la mitad de los miembros de las comisiones ejecutivas confederales de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) cobra sobresueldos y dietas de empresas públicas, cajas de ahorros y empresas privadas.

El número de los dirigentes con cargo en las ejecutivas supera los 40 y una veintena de ellos aparece como asesores, consejeros, presidentes o vocales en no menos de 50 empresas, fundaciones y consejos.

La presencia de estos dirigentes sindicales –en su mayoría liberados y con pluses pagados por las propias centrales– en los consejos de administración de compañías como Renfe, Caja Madrid o Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) puede reportarles una retribución de hasta 31.500 euros anuales, sólo en concepto de dietas por asistencia. Es lo que cobraba el responsable de Estudios de CC OO, Rodolfo Benito, que en marzo fue sustituido por el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez.

Mientras, la mayor parte, ocupa puestos de responsabilidad en diferentes empresas participadas por los sindicatos, que trabajan en todos los sectores y se benefician de las necesidades de los trabajadores y afiliados, como los seguros, la formación, las pensiones privadas, la vivienda y la información sindical.

Órganos de decisión

Sólo en el Consejo Económico y Social (CES) hay 20 sindicalistas, nueve de cada uno de las centrales mayoritarias, uno de Convergencia Intersindical Gallega (CIG) y otro de Solidaridad de Trabajadores Vascos (CIG).

Si bien estos miembros no tienen una retribución, cobran por su participación en este consejo del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dietas y pluses, que resultan más elevados si además implican un desplazamiento a Madrid.

Entre los representantes de UGT figura Almudena Fontecha, auxiliar de enfermería y actual secretaria de Igualdad del sindicato. Fontecha es además consejera en Publicaciones Unión, la editorial responsable de buena parte de los libros y publicaciones de la central.

También en el consejo del órgano consultivo del Gobierno, encargado de elaborar informes y dictámenes sobre asuntos laborales y sociales, está presente el ugetista Frederic Monnel Lliro, que es consejero de Quinta de Salut L’Alinça Mutualitat de Previsió Social, una mutualidad que participa en otras once compañías del sector.

En otras empresas

Mientras, los sindicatos también forman parte del consejo de administración de Renfe. El actual representante sindical es el responsable de transporte de UGT, Miguel Ángel Cillero. Por su participación en el consejo recibe en torno a 10.000 euros en concepto de dietas.

La presencia sindical en los órganos de decisión de Adif podría suponer más del doble de esa cantidad, ya que Adif repartió en 2008 entre sus 18 miembros un total de 368.000 euros. La partida, teóricamente, va a las arcas del sindicato.

La influencia de los sindicatos fue patente hace nueve meses en la cesión de 32 trenes de la compañía Renfe para que participasen en una movilización en Madrid en contra de las pensiones.

Rodolfo Benito, el anterior representante sindical en Caja Madrid y secretario de Estudios de Comisiones Obreras, compatibilizó hasta marzo su participación en la caja de ahorros, por la que cobraba 31.000 euros; la presidencia de la Fundación Sindical de Estudios de Comisiones Obreras y su asistencia al Consejo Social de la Universidad Complutense.

Por su parte, Antonio Ferrer, responsable de Acción Sindical de la Unión General de Trabajadores, es consejero en cinco empresas del sindicato y es socio en una de ellas, Consultora de Pensiones y Previsión Social de Sociedad de Asesores.

También tiene un papel protagonista en las empresas de Comisiones Obreras María Engracia Cardeñosa Peñas, secretaria de Administración y Finanzas de la central de Toxo. Cardeñosa es consejera de cinco empresas del sindicato, socia de otra, presidenta de la Consultora de Pensiones y Previsión Social Sociedad de Asesores –una sociedad que gestiona pensiones privadas– y tesorera de Fundación Paz y Solidaridad. Una de las empresas de la que es consejera Cardeñosa es Atlantis Vida Compañía de Seguros y Reaseguros.

Atlantis es un grupo asegurador de economía social presente en toda Europa. La aseguradora tiene una extensa red de oficinas en toda España y muchas de sus sucursales están ubicadas en las mismas sedes de Comisiones Obreras y UGT. Desde el año 1996, Atlantis es el servicio asegurador del sindicato que dirige Fernández Toxo.

Acciones

Además, esta central participa con un 20% en el accionariado de Atlantis Asesores, una empresa del grupo que está orientada al asesoramiento, mediación y consultoría en productos de aseguramiento colectivo de los afiliados. Por su parte, UGT está vinculada a la empresa aseguradora multinacional desde 2006.

Las confederales de CC OO y UGT participan directamente en 25 empresas. Bajo el paraguas de la Unión General de Trabajadores hay un total de 17 empresas, ocho de ellas participadas al 100% por el sindicato. Comisiones Obreras tiene ocho compañías similares.

Más información:
La inmadurez de los tramposos y el pancismo sindical

Varapalo del Tribunal Supremo a los sindicatos por actuar contra empleados de Correos

14 de Sep de 2010 a las ::

Condena a la empresa pública a pagar cuatro millones de indemnización. La compañía pactó con los sindicatos perjudicar a un colectivo de trabajadores interinos.

El Tribunal Supremo ha censurado la aparente connivencia entre Correos y los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que acabó ocasionando serios perjuicios a un colectivo de trabajadores interinos de la empresa pública.

Por esa razón, el Alto Tribunal condenó el pasado 13 de julio a Correos a indemnizar con 3,9 millones de euros a 159 trabajadores que se sufrieron las consecuencias de los pactos “discriminatorios” y “contrarios a la Constitución” que la compañía suscribió con las centrales mayoritarias y con CSIF en febrero de 2004.

Con esta sentencia, el Supremo pone fin a un largo procedimiento judicial que se inició precisamente cuando el acuerdo entró en vigor, en mayor de 2004, recién llegado el PSOE al Gobierno. El conflicto judicial fue iniciativa de un sindicato minoritario que cuenta con 13 delegados sindicales en la delegación de Correos en Barcelona, SiPcte-Usoc, que animó a los 159 perjudicados a demandar a la compañía.

Sociedad anónima

En 2001, Correos y Telégrafos se convirtió en una sociedad anónima pública. Inmediatamente, intentó sacar partido de su nueva naturaleza jurídica y empezó a abusar de la contratación de interinos a los que hacía rotar de forma irregular para evitar convertirlos en empleados fijos.

El sindicato SiPcte-Usoc empezó a animar a los trabajadores a los que representaba a presentar demandas contra Correos por esas prácticas irregulares, con el objetivo de convertir sus contratos en indefinidos u obtener, en su defecto, una indemnización.

Pero lo que originalmente parecía una demanda para convertir la concatenación de contratos eventuales en uno indefinido acabó con despidos improcedentes, una indemnización y la imposibilidad de volver a trabajar como temporal en la compañía, algo que ninguno de los demandantes había previsto.

Y eso fue posible porque en el convenio colectivo de Correos de 2004, los sindicatos mayoritarios aceptaron incluir una cláusula en la que la empresa, de forma subrepticia, excluía a los trabajadores que hubieran actuado judicialmente contra la compañía de su bolsa de trabajo para temporales. El acuerdo sería renovado en el convenio colectivo que empresa y centrales sindicales firmaron el 26 de septiembre de 2006.

Complacencia

Fuentes conocedoras del conflicto llaman la atención sobre la complacencia de las grandes centrales sindicales con las exigencias de la dirección de Correos. Y destacan que, con anterioridad, la compañía había acordado realizar aportaciones a los sindicatos por valor de más de 390.000 euros al año, parte de los cuales deben ser destinados a acción sindical (240.000 euros) y, el resto, para material de oficina e informática.

La sentencia del Supremo cierra un proceso que, paso a paso, ha ido dando la razón al colectivo de trabajadores interinos que se vieron perjudicados por los acuerdos entre Correos y los sindicatos mayoritarios. El primer fallo judicial contra Correos se produjo en 2008, cuando el juzgado de lo social número 31 de Barcelona condenó a la empresa a indemnizar con 1,8 millones de euros a los 159 trabajadores que habían demandado a la compañía.

Desde entonces, casi todas las decisiones judiciales han coincidido en afear la actitud tanto de los sindicatos como de Correos. El Supremo ha refrendado ahora esos planteamientos.

Para los responsables del sindicato SiPcte-Usoc, el fallo del Supremo supone una clara censura a las direcciones de los sindicatos mayoritarios porque consideran imposible que los delegados sindicales de las centrales en la compañía hubieran firmado esos acuerdos sin el conocimiento de sus superiores jerárquicos. No en vano, señalan las mismas fuentes, el acuerdo afectó a más de 6.000 trabajadores eventuales de Correos en toda España. Y, lo más importante, Correos es para las centrales mayoritarias una importante fuente de ingresos.

Una guardia civil hiere a un hombre de un disparo en Madrid

13 de Sep de 2010 a las ::

La Guardia Civil investiga cómo una gasolinera de Villaviciosa de Odón se convirtió la pasada madrugada en un improvisado campo de tiro para una agente del Instituto Armado. Según explicaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, sucedió sobre las dos de la mañana en la estación de servicio La Atalaya, situada en el kilómetro 67 de la carretera M-50 a la altura del citado municipio.

Por motivos que todavía se investigan, una agente de la Guardia Civil vestida de paisano efectuó varios disparos hiriendo de gravedad a un hombre de 42 años que se encontraba en el lugar.

Hasta el lugar del suceso se desplazó una UVI del Summa-112, que se encontró al hombre que presentaba una herida por arma de fuego en la región lumbar. Los sanitarios se ocuparon de estabilizar en el mismo sitio al herido, que posteriormente fue trasladado hasta el Hospital 12 de Octubre, donde quedó ingresado. Con todo, los médicos no temen por su vida.

Del mismo modo, los servicios de emergencia decidieron trasladar a un centro hospitalario a la agente responsable del tiroteo, en este caso, porque no se descarta que su actuación se debiese a una crisis de ansiedad o, incluso, a un brote psicótico, explicaron fuentes de Emergencias 112. En el centro, la mujer será tratada psicológicamente.

Según aseguró un testigo de los hechos, la guardia civil llegó a la gasolinera y «empezó a disparar sin motivo aparente» a diestro y siniestro, sin que mediase interacción alguna con el hombre que finalmente resultó herido. Al menos, el testigo señaló que no escuchó palabra alguna de la agente durante los hechos.

De hecho, ayer todavía eran visibles los agujeros provocados por los impactos de las balas en las paredes de la estación de servicio y en uno de los vehículos, posiblemente el del herido, que estaban aparcados en el lugar del tiroteo.

46 a�os en prisi�n provisional

13 de Sep de 2010 a las ::

Lleva 34 años en prisión y, entre sus 20 delitos, no tiene ninguno de sangre.
Pasó más tiempo en prisión provisional del fijado en alguna de sus sentencias.
Su defensa calcula un total de 46 años y 8 meses en prisión provisional.
Estuvo 1.400 días evadido de la Justicia en cinco periodos distintos.

Miguel Montes Neiro, el preso más antiguo de España, es un anciano de 60 años con un tumor testicular y problemas en el riñón derivados de una paliza reciente. Gajes del oficio para quien no ha conocido más profesión que la de reo desde que pisara por primera vez el suelo de una prisión, el 7 de octubre de 1976.

Desde entonces, su desgastado mono a rayas se ha paseado por prisiones de Granada, Córdoba, Jaén... Sí, Miguel ha visto mundo, pero siempre a la sombra. Una veintena de causas -ninguna de sangre-, 16.822 días en prisión provisional, 1.400 días fugado -repartidos en cinco etapas distintas- y 34 años en prisión, resumen en cifras su historia.

El "preso por excelencia", como lo define su abogado, es un hombre cansado de no vivir que intentó colgarse en su celda hará ahora casi un año. "¿Qué salida le queda?", se pregunta Felix Ángel Martín García, comprometido con su causa a pesar de que asumió la defensa de este Guinness de los presos hace sólo tres meses.

Al otro lado de la línea, sus palabras suenan descorazonadas pero su voz transmite determinación: "Ese se me muere ahí o, al menos, están por la labor".

Su abogado: 'Ese se me muere ahí o, al menos, están por la labor'

Hace mucho que los dedos de la mano no sirven para llevar las cuentas. Así, el principio es lo único claro en este asunto: "Le declararon prófugo en el servicio militar y lo metieron en la cárcel". A partir de ahí, todo se emborrona.

Ironías de la vida, la cosa es que aquel joven de 26 años al que la mili se le antojaba el peor de los encierros se ha hecho mayor entre rejas.

Cuando lo cuenta, cuesta creer que en 34 años Miguel apenas haya disfrutado de ningún privilegio penitenciario. "Mientras ha cumplido condena tenía preventivas y los presos en esa situación no pueden ser clasificados. Por ello, salvo excepciones como el entierro de su madre, nunca ha disfrutado de un permiso", aclara el letrado.

Lejano o próximo, el problema de Miguel es que no vislumbra un horizonte. "Tiene asumido que o se escapa o se quedará ahí para siempre". Ante esa situación de abandono, ante "el fallo brutal del sistema", su abogado lo tiene claro: "La obligación del preso es intentar fugarse".

'Las prisiones preventivas no tienen como finalidad el cumplimiento de una condena futura'

La vida de Montes Neiro se convirtió, desde hace tiempo, en una especie de 'Minority Report', una película en la que Tom Cruise atrapaba a los criminales antes de que cometieran el delito. El historial penitenciario de Miguel se parece mucho a esa historia de ciencia ficción. "Las prisiones preventivas no tienen como finalidad el cumplimiento de una condena futura", es un "quebranto absoluto de su presunción de inocencia", dice su abogado al aclarar que gran parte de los 46 años y ocho meses que acumula en prisión provisional no le han sido liquidados.

Este error penitenciario explica que Miguel haya pasado en prisión provisional más tiempo del que luego fue condenado por algunas de sus causas. Por esta vía, o por la del límite máximo de 20 años contemplado en el artículo 76 del Código Penal, la defensa de Miguel cree que "ha pagado de sobra".

Al otro lado del teléfono, resulta fácil imaginar el gesto torcido de Félix Ángel cuando se le pregunta por algún caso similar al de su cliente. "No, nada parecido. Por su puesto que hay casos complejos, pero se suelen resolver aplicándoles el triple de la mayor". En el caso de Miguel, su condena más larga era de seis años, por lo que sólo podría haber permanecido 18 años encerrado.

La aplicación de esa fórmula jurídica, según la cual, Montes Neiro estaría libre desde el 12 de noviembre de 1998, pondría remedio a una "cadena perpetua encubierta" criticada en esos términos por asociaciones pro derechos humanos.

El "planteamiento objetivo" del nuevo abogado de Montes Neiro pide, por primera vez, que liquiden las penas del histórico preso quien, según el letrado, "se muestra ilusionado" a pesar de su "desconfianza hacia el sistema".

Puede que esta vez, la libertad de Montes Neiro vaya por buen camino. Al menos eso hace pensar el traslado "injustificado", según la hermana del preso y su abogado, al que querían forzar a Miguel. "Cuando empezamos a salir en los medios quisieron trasladarlo a Huelva para que no pudiéramos hablar con él", explica su hermana Encarna.

El tratamiento médico que recibe en Jaén por los múltiples achaques y enfermedades que padece, le salvó del cambio de penitenciaría.

Su abogado asume que Miguel "está institucionalizado", en otras palabras, "no tiene ninguna capacidad de reinserción cuando la finalidad de la cárcel debería de ser esa". "Es un fallo brutal del sistema", repite.

"Ningún tribunal quiere analizar el caso en su conjunto". Pero toda madeja de hilo, por enmarañada que esté, tiene dos extremos. 34 años y muchos abogados después, el final de este ovillo puede estar más cerca. Félix Ángel sabe que ha durado demasiado: "Pido su libertad".

Una fuga en familia

El 5 de diciembre de 2009 sobre la una de la tarde, Sandra, sobrina-nieta de Miguel Montes Neiro, salía por la puerta del Castillo de Bil Bil (Benalmádena, Málaga) convertida en una mujer recién casada.

En ese momento, la alegría se hizo carne cuando, entre puñados de arroz, se presentó sin avisar la sonrisa de Miguel. "Hacía mucho tiempo que no lo veía tan feliz", rememora la novia cuando se le pregunta sobre aquel día.

Era la quinta ocasión en que Miguel conseguía burlar los barrotes y quiso compartir su libertad en familia. Así, decidió remangarse y preparar, a sus 60 años, su primera barbacoa. "Salió todo malísimo, pero limpiamos los platos sólo por verlo feliz", recuerda Sandra entre risas.

Este amante del flamenco, admirador de Camarón, bailó y cantó sevillanas rodeado de su familia hasta bien entrada la madrugada. Consciente de su situación, reconoció que no le importaba lo que ocurriera cuando volviera a prisión, "había merecido la pena".

Miguel tiene tres hijas y dos nietos de corta edad, y sus huesos de abuelo le piden algo más que un vis a vis. Miguel "se hace querer", ha sido ahorrador y tiene una vida fuera de la cárcel que ha guardado debajo del colchón. Por eso, tras 34 años pagando, sólo quiere que le dejen cobrarla.

Espa�a concentra ya el 60% de los parados de toda la Eurozona

12 de Sep de 2010 a las ::

Desde el estallido de la crisis, la tasa de desempleo nacional se ha disparado un 10,3% frente al 2,9% medio de la OCDE

Después de la aprobación del texto definitivo de la reforma laboral, comienza una nueva etapa en el mercado de trabajo español, consumido por la hemorragia del desempleo y atrapado en una rígida estructura que le impide hacer frente a nuevas necesidades de producción. Aún es pronto para anticipar resultados, pero políticos y representantes sindicales se han apresurado a lanzar cábalas: los más optimistas, abanderados por el Gobierno, confían en la creación de más de dos millones de contratos indefinidos. En el extremo opuesto, se encuentran los que vaticinan una tasa de desempleo estructural cercana al 20%.

A día de hoy, la única certeza es que los zarpazos de la crisis han convertido a nuestro país en el solar laboral de las economías avanzadas. Ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha perdido tanto en los dos últimos años ni se verá obligado a acometer un programa tan ambicioso de reformas en materia de empleo. Unos cuantos datos extraídos del informe anual de esta organización bastan para comprender la magnitud de la crisis y el trabajo que aún queda por hacer.

Cifras demoledoras

Desde el mes de diciembre de 2007 hasta la fecha, el número de desempleados en el conjunto de la OCDE fue de cerca de 17 millones de personas. De éstas, cuatro millones pertenecían a la zona euro y 2,5 millones a España. Es decir, de cada diez nuevos desempleados en la Eurozona, seis eran españoles.

El hecho de que la población ocupada se haya desplomado en nuestro país a velocidad de vértigo no resulta una novedad. España, tradicionalmente, destruye empleo con mayor intensidad que el resto de economías en épocas de recesión. Como demuestra el informe, el aumento de la tasa de paro desde el estallido de la crisis ha sido de un 10,3 puntos porcentuales, un margen muy superior a la media de la OCDE (2,9 puntos). En cifras absolutas, se han perdido más de dos millones de puestos trabajo en España (2,42), tan sólo por debajo de EE.UU. (7,98 millones). El problema, según la OCDE, se encuentra en la propia estructura del mercado laboral español y sus anquilosados cauces de funcionamiento. «La distinta evolución de la tasa de paro en la OCDE y en España pone en evidencia que las instituciones del mercado de trabajo español agravaron el impacto de la crisis económica sobre el nivel de empleo», concluye la institución, que duda de que, a corto plazo, la situación mejore. «La brecha estimada entre el empleo previsto para 2011 y el nivel registrado antes de la crisis alcanzaría el 10,7% el próximo año, una de las más elevadas de la zona euro», sólo superada por Irlanda, que con un 19,8% desbancaría a España del primer puesto.

La rigidez se refleja en el descenso del empleo temporal. Al no existir «mecanismos de ajuste de salario al ciclo económico» las empresas han optado por romper las relaciones contractuales, en vez de adoptar fórmulas flexibles de contratación. Mientras que los empleados indefinidos se han recortado en un 1,1%, cerca de la media del resto de países avanzados (0,6%), los eventuales se han reducido en un 19,8%. Una tendencia que se ha cebado con la población más expuesta a la precariedad laboral.

La población de entre 15-24 años de los países desarrollados «han concentrado la mayor parte de la reducción del nivel de empleo, con una variación del 8,4% en la OCDE y del 21,1% en España» hasta alcanzar una tasa de paro juvenil superior a un 40%, «la más alta de la Unión Europea», subraya la organización internacional. De nada ha servido que la actual sea la generación más preparada de la historia de nuestro país.

A diferencia de lo que sucedió con la media de los países miembros, en los que el segmento de los empleados con «alta cualificación» fue el único que vio aumentar, moderadamente, sus oportunidades de trabajo, en España los trabajadores mejor formados no han podido escapar del cerco laboral de la crisis, al caer un 0,9%.

Modelo alemán

El club de los países más avanzados económicamente aconseja recurrir al modelo alemán para mantener los niveles de empleo, una fórmula basada en reducir «las horas de trabajo de aquellos que mantuvieron su empleo» mediante «diferentes mecanismos de ajustes», como la disminución de horas extraordinarias, la aplicación de un sistema de compensación y las iniciativas empresariales para conseguir recortar las jornadas de trabajo.

El escenario laboral español se encuentra en las antípodas del alemán, que durante el mismo periodo no sólo ha sido capaz de contener la tasa de paro, sino que ha logrado contraerla en un 0,6%, al generar 250.000 puestos de trabajo.

Para sostener este déficit que se deriva de la caída del empleo, las empresas se decantaron por un modelo que, comparado con el del resto de los países de la OCDE, muestra múltiples contrastes. Si en la mayoría de ellos el descenso del trabajo «se repartió entre todos los trabajadores», nuestro país registró un aumento en las horas de trabajo de los trabajadores. De ahí se explica el crecimiento en la productividad de los trabajadores, un espejismo de los muchos que la economía española deberá superar para alcanzar un modelo laboral más eficiente.

Los asaltantes encapuchados de La Isla son militares espa�oles del TEAR

11 de Sep de 2010 a las ::

Son tres soldados profesionales, naturales de San Fernando, que han sido enviados a la cárcel; con pasamontañas y sus machetes de asalto, robaron la recaudación de un bingo.

Los tres sujetos encapuchados que el pasado martes de madrugada asaltaron a dos empleados del bingo San Fernando Plaza, llevándose la recaudación del local, han resultado ser tres soldados profesionales destinados en el TEAR (Tercio de la Armada) de La Isla. Se trata de tres infantes de Marina, naturales todos de San Fernando, que prestan servicio desde hace más de un año en el Segundo Batallón de la VI Compañía.

Llevaban tiempo preparando el golpe. Para ello, contaban con información de primera mano. No en vano, según ha podido saber este periódico, uno de los tres militares había trabajado con anterioridad en el bingo. Por eso se conocía al dedillo las normas de funcionamiento del local. Por eso sabía que siempre, una media hora después de cerrar las instalaciones, empleados se dirigían a una sucursal bancaria de Unicaja emplazada enfrente para depositar la recaudación del día.

Después de varias jornadas de vigilancia, para determinar los exactos movimientos del personal del bingo, se dispusieron a dar el golpe el pasado martes. En torno a las cuatro y media de la madrugada, ocultando sus rostros con sus pasamontañas verde oliva y portando cada uno sus machetes de asalto, de enormes dimensiones, asaltaron a los dos empleados del local, llevándose de botín los 2.300 euros de la recaudación del día.

Uno de ellos, como ya informó este diario, fue capturado muy poco después por la Policía Local. Según informaron ayer desde la Comisaría de Policía Nacional, un taxista que se encontraba estacionado en la parada situada entre el bingo y la entidad bancaria, presenció los hechos y dio rápidamente aviso a la Policía Local. Varias dotaciones se dirigieron hacia allí de inmediato, logrando capturar al primero de los soldados. Encima llevaba un macuto en el que le fueron intervenidos los tres pasamontañas y los tres machetes, todo ello perteneciente a sus uniformes militares. Trasladado a la Comisaría, el infante habría acabado confesando y delatando a sus dos compañeros. Uno fue detenido en su casa, en San Fernando. Y el tercer implicado, cuando volvía al cuartel. Las autoridades militares, alertadas por la Policía, retuvieron al soldado hasta la llegada de los agentes, que lo detuvieron.

Otras fuentes consultadas por este diario, sin embargo, dicen que la detención del primero se produjo gracias a la intervención de un vigilante de seguridad del centro comercial, que, tras presenciar por las cámaras cómo asaltaban a los empleados del bingo, logró retener a uno de los encapuchados hasta la llegada de la Policía Local. Estas mismas fuentes afirman que en el macuto que portaba, además de los pasamontañas y los machetes, llevaba la documentación de sus dos compañeros de batallón.

Los tres infantes, J.J.M.R, de 23 años, A.Q.G, de 23 años y R.A.G de 24 años, fueron puestos ayer a disposición judicial, decretando el juez de guardia prisión incondicional para todos, acusados de un delito de robo con violencia e intimidación. Mientras dos carecen de antecedentes, otro había sido detenido con anterioridad por el robo de un coche.

No es la primera vez que militares destinados en la provincia son detenidos. El caso más grave salpicó a tres soldados de la Base de Rota. Dos fueron condenados en julio de 2008 a 18 y 14 años de cárcel por asesinar a un joven y a su bebé al incendiar una casa en Rota, y al tercero que iba con ellos, le fueron impuestos dos años por omisión del deber.

Por último, dos cabos y un marinero están pendientes de ser juzgados por los 232 kilos de hachís hallados en marzo de 2008 por la Guardia Civil en una patrullera militar en el Arsenal de La Carraca, en San Fernando.

El Supremo estudiar� si Zapatero y De la Vega cometieron falsedad documental

11 de Sep de 2010 a las ::

Un juzgado de instrucción de Madrid se inhibe a favor de la Sala Penal por tratarse de aforados. La querella también se extiende contra Salgado, Chaves y Pedro Castro.

Los bandazos políticos del Gobierno de Zapatero en materia económica han provocado unas consecuencias jurídicas que llegarán al Tribunal Supremo. En los próximos días, la Sala Penal del Alto Tribunal recibirá un auto de inhibición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, que instruye una querella que acusa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los vicepresidentes De la Vega, Salgado y Chaves, de un presunto delito de falsedad en documento público. Así se desprende del auto notificado a las partes el pasado 2 de septiembre.

La querella también se extiende a Pedro Castro Vázquez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y a Fernando Pérez Sánchez, director general del Secretariado de Gobierno del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El motivo de la querella fue la corrección de errores publicada en el BOE de 25 de mayo, que modificaba la fecha del decreto-ley que prohibía a los ayuntamientos endeudarse a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2011.

Sin embargo, la corrección del BOE sustituyó dicha fecha por la siguiente: “A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011”. Según la denuncia que interpuso el Sindicato Manos Limpias, “la rectificación de un elemento sustancial requería hacerse mediante otro decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y no se hizo”.

Por este motivo, el juzgado de instrucción madrileño entendió que había indicios delito por lo que abrió el pasado 2 de julio diligencias previas dentro del procedimiento abreviado 3930/2010. Posteriormente, la acusación popular transformó la denuncia en querella y amplió el número de imputados a los miembros del Gobierno.

Esto supone, según el auto del juez, que “corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente y los miembros del Gobierno”. En consecuencia, “este juzgado carece de competencia para conocer de las presentes actuaciones”.

Así las cosas, “una vez que el Supremo reciba el auto de inhibición la Sala de admisión, compuesta por cinco magistrados, solicitará al Ministerio Fiscal un informe sobre la competencia de la Sala y el contenido de las diligencias”, apuntan fuentes jurídicas. A continuación la Sala decidirá lo que corresponda. Existen varias posibilidades: “Que el tribunal decrete el archivo de las actuaciones, que admita la competencia, pero remita al juzgado de instrucción la causa para que siga investigando o que acepte la remisión de la querella”, explican las mismas fuentes. Si se da esta situación, entonces la Sala de admisión nombrará a un instructor para que practique las correspondientes diligencias.

Prevaricación

La acusación popular acusa a los miembros del Gobierno de que su conducta “constituye un delito de falsificación de documento público de los artículos 390.3 y 4 del Código Penal, así como prevaricación del artículo 404”. Para la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, “el delito cometido es un error sin importancia”, apunta la querella.

Pero la acusación va más lejos al afirmar que “los querellados han causado una tremenda sensación en la sociedad de inseguridad jurídica, ya que han transmitido idea de que existen vías alternativas para conseguir un objetivo eludiendo el cumplimiento de las leyes”. Lo cierto es que no se puede justificar la urgente necesidad de un decreto ley retrasando siete meses su entrada en vigor.

Sanidad p�blica: La quinta pr�tesis para un ni�o de tres a�os

10 de Sep de 2010 a las ::

Yo no puedo pagarlo por adelantado y que luego me lo devuelvan, como pretenden» «La que tenía hasta ahora no le va bien, se le cae; no se la pone desde el pasado mes de abril» La gaditana pide que el nuevo postizo sea realizado en un hospital de Madrid.

«La sanidad en Andalucía es deficitaria». Esa es la opinión de Mireia Gómez, una madre que está «luchando» para que la administración andaluza se haga cargo de que su hijo tenga una nueva prótesis, «que le sirva» para el brazo que le amputaron al nacer. ya que la que tenía hasta ahora, no la puede utilizar por estar mal diseñada. «Se le cae», reconoce esta madre.

Con sólo tres años, el menor ha tenido al menos cuatro brazos protésicos, que ha tenido que ir sustituyendo conforme iba creciendo.

La que Mireia busca ahora sería la quinta prótesis que tendría el pequeño, pero, a diferencia de las anteriores, la nueva supone un gran problemas para la madre, ya que el hijo «es alérgico al material del que está hecho» y no está convencida de que en Cádiz «sepan hacerla».

Por este motivo, esta mujer de Cádiz, que vive en El Río San Pedro, ha tenido que encargar el aparato a Madrid, aunque pide que se haga cargo el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El hecho de que ponga su objetivo en la capital del país no es baladí: el año pasado ya tuvo una «buena» experiencia con los servicios recibidos en el hospital madrileño Gregorio Marañón, cuando le comunicaron que su hijo necesitaba una nueva operación, porque el hueso volvía a crecer, y la antigua prótesis (la segunda) no valía.

Mireia recuerda que, aquí en Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar, le aseguraron que «no sabían manejar el tema y la única solución quirúrgica que proponían ponía en peligro la vida del niño». Ese fue el detonante para que esta mujer empezara a informarse a través de diferentes asociaciones de otras posibilidades, que le recomendaron el hospital madrileño, donde le prescribieron una prótesis de succión de 3.600 euros, que realizó el ortopedista Jens Müller, «que es muy bueno para estos casos», valora la madre del pequeño gaditano.

Aún le deben el anterior

A Mireia le esperaba una nueva decepción, ya que desde el hospital gaditano le informaron de que tendría que sufragar ella el nuevo aparato, al menos, de manera provisional. Después podría justificar el gasto al SAS, para que la administración andaluza reembolsara una cantidad igual al coste que el servicio tiene en Andalucía. Eso sí, en caso de existir alguna diferencia económica con Madrid, debería ser sufragada por la familia del menor. De aquello hace ya un año y el reembolso «no se hizo nunca», denuncia Mireia.

No le servía

Antes de todo aquello, al nacer, el niño ya obtuvo dos prótesis de arnés -la apropiada para bebés- que le proporcionó el Puerta del Mar y «que sí funcionaron». La tercera fue recetada en Madrid, tras la citada operación. Y después, recibió una cuarta prótesis , de nuevo a través del hospital gaditano. Pero este último brazo «no le servía a mi hijo», recuerda Mireia, ya que «se el caía».

Desde que se lo dieron, en abril, el niño ha evitado utilizarla «lo que está perjudicándolo», ya que apoya el muñón y le limita bastante el equilibrio, lo que puede provocar un desplazamiento de la columna.

Desde el hospital gaditano le han dado de nuevo vía libre para solicitar el brazo en Madrid, pero le han propuesto la misma fórmula de pago por adelantado, que devolvería después la Junta.

«Yo no puedo hacer frente a todo por adelantado y tampoco puedo pedir un préstamo», se lamenta Mireia, que desconfía de «la promesa» por reembolso y solicita que el SAS se haga cargo de la prótesis «aunque sea una parte nada más».

Varios guardias civiles a juicio por filtrar ex�menes de acceso al Cuerpo

10 de Sep de 2010 a las ::

Varios guardias civiles y alumnos que no consiguieron entrar en el instituto armado, así como el ex director de un colegio madrileño, serán juzgados desde el próximo lunes por comerciar con las preguntas de los exámenes al Cuerpo y con falsos títulos de Bachillerato.

El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid, donde en el mes de febrero del pasado año tuvo que suspenderse la misma vista oral por la ausencia del abogado de uno de los dieciséis acusados.

El fiscal pide para los procesados penas que oscilan entre los seis meses y los diez años de prisión, así como multas económicas, por los delitos de revelación de secreto, falsedad documental y prevaricación.

El principal acusado es el guardia civil Paulino O.R., que desde 1997 a 2000 era el encargado de vigilar los exámenes en la Plana Mayor de la Sección de Selección y Formación de la Jefatura de Enseñanza del instituto armado en Madrid, donde se elaboran, custodian y corrigen dichas pruebas de acceso al Cuerpo y de promoción interna.

Durante esos años Paulino facilitó preguntas de exámenes al también agente Antonio P.V. para que éste a su vez las hiciera llegar a conocidos suyos en Las Palmas de Gran Canaria, según las conclusiones provisionales del Ministerio Público.

También consiguió para los estudiantes que no lo tenían el certificado de estudios de Bachiller -ahora Secundaria- a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.200 y los 3.000 euros.

Además, según la Fiscalía, alteró los resultados de algunos exámenes, como es el caso, por ejemplo, de la también acusada Arancha S.M., sustituyendo sus 67 puntos, insuficientes para aprobar, por 113.

En el domicilio de Paulino, en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), la Policía encontró 228 hojas de respuesta de exámenes, plantillas de corrección y pruebas tipo test de idiomas.

También se juzgará a José Luis A.G., ex director técnico del colegio Cumbre, instituto privado dependiente del Colegio Ramiro de Maeztu, con sede en la calle de Costa Rica (Madrid), y al que el fiscal le acusa de expedir certificados de estudios falsos.

Fuentes del colegio han confirmado que José Luis A.G. trabajó durante un tiempo en dicho centro pero no han querido hacer más comentarios sobre el caso.

En el banquillo se sentarán asimismo Tomás José P.R. y su hijo José Tomás P.G., acusados de facilitar preguntas de exámenes y títulos de Bachiller en Lalín (Pontevedra), seis guardias civiles que supuestamente accedieron al Cuerpo de forma fraudulenta y cinco alumnos que suspendieron las pruebas físicas o de inglés.

Espa�a, segundo pa�s europeo con mayor n�mero de j�venes �ni-nis�

09 de Sep de 2010 a las ::

Somos el segundo país europeo con mayor número de jóvenes que ni trabajan ni estudian (conocidos como «ni-nis»). La OCDE aconseja invertir más en educación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó ayer su informe anual sobre la situación de la educación y, entre las novedades, aparecen unos datos preocupantes para España ya que nuestro país es el segundo de la Unión Europea con mayor porcentaje (19,4%) de jóvenes entre 20 y 24 años que ni estudia ni trabaja, la conocida popularmente como generación «ni-ni».

Este dato, el hecho de que sólo Italia nos supere en 2008 con un porcentaje de jóvenes en la misma situación del 22%, no es sólo negativo en sí mismo sino que, además, va en contra de la tendencia del resto de países de la OCDE ya que ha aumentado. Entre los años 2000 y 2008 el porcentaje ha pasado del 15 al 19,4% en España mientras que en el conjunto de la OCDE ha descendido, al pasar de un 18,2 a un 14,7%. Por encima de España en porcentaje de jóvenes «ociosos» están Turquía, con un 44,6%, e Israel, con un 37,5%, ambos fuera del territorio europeo.

Esta organización internacional, este año muy centrada en los aspectos económicos en su informe anual, destaca que entre 1995 y 2007 la mayoría de los países aumentaron fuertemente sus inversiones en educación preuniversitaria, una media del 43%, pese a que el número de estudiantes se mantuvo más o menos estable durante el periodo. En el caso de la formación universitaria el aumento el aumento medio del gasto fue del 14%.

El gasto en educación varía mucho entre los diferentes países aunque de media dedican el 6,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a este capítulo. En cuanto a la parte del total del gasto que se dedica a educación también hay diferencias entre los países ya que, por ejemplo, la media de la OCDE es del 13,3% y hay países, véase México, que destina el 22%, como consecuencia del elevado déficit que tiene en este terreno. La mayoría de países europeos dedican una media del 10% del gasto a educación.

Una de las novedades que refleja el informe presentado ayer es que anima a los Gobiernos a invertir en educación no sólo porque es muy importante en sí mismo, sino también porque es rentable económicamente para las arcas públicas. Así, por ejemplo, según sus cálculos una persona que cuenta con un nivel de educación universitario generará el equivalente a 119.000 dólares adicionales en impuestos sobre la renta y aportaciones sociales en su vida laboral, por contraste con quiene sólo ha estudiado el equivalente al Bachillerato.

En materia de vinculación entre formación y empleo la OCDE considera que a mayor formación aumentan los años que se puede estar trabajando, lo que beneficia a la salud de los sistemas públicos de pensiones, muy dañados por el descenso de población activa asociado a la caída de la natalidad. Desde 1997 la tasa media de paro entre la población con estudios universitarios ha sido de un 4% mientras que entre la que no tenía formación superior se ha elevado al 10%.

La OCDE, además de lanzar un llamamiento inversor en el conjunto del sistema educativo, se muestra optimista de algunos resultados alcanzados hasta el momento ya que el nivel académico ha subido mucho en los últimos 30 años, como lo demuestra el hecho de que de media la proporción de personas entre 25 y 34 años con al menos el bachillerato es 22 puntos porcentuales mayor que la correspondiente a personas entre 55 y 64 años.

Los profesores y su situación socio laboral también es objeto de estudio por parte de la OCDE, sobre todo en el apartado que destaca que los salarios de los docentes se incrementaron en términos reales entre 1196 y 2008 en casi todos los países aunque, a renglón seguido añade, que «en la mayoría de los países los profesores percibe menos ingresos que otros individuos con preparación académica similar, lo que se aprecia en que un profesor con 15 años de experiencia en educación secundaria básica gana desde 16.000 dólares americanos en Hungría a 98.000 en Luxemburgo».

Sombrío panorama educativo

El 22% de la población española ha completado la educación posobligatoria, frente al 47 por ciento de media de la UE y el 44 por ciento de los países que forman parte de la OCDE.

El 44% de los titulados españoles de entre 25 y 29 años ocupa puestos de trabajo de cualificación inferior a sus estudios, frente a la media del 23 por ciento de la OCDE.

El 38% es el volumen de titulados en FP de grado medio en España en 2008 a la edad habitual de graduación (17-18 años), frente al 52% de media de la UE y el 44% de la OCDE.

10 veces más es el coste salarial de un profesor por cada estudiante en España, Luxemburgo y Suiza comparado con otros países analizados en el informe de la OCDE, como Chile.

El 2,1% de los jóvenes holandeses entre 15 y 19 años ni trabaja ni estudia frente al 32,6% de Turquía. En el caso de España, el 10,5% de esta edad está en la generación «ni-ni».

El 6,2% de su PIB invierten de media los países de la OCDE en educación, aunque en los del norte de Europa y en Estados Unidos el porcentaje llega hasta el siete por ciento.

El 3,3% de universitarios cursaron en 2008 estudios en otro país distinto del de origen, un 10,7% más que en 2007. La OCDE constata que la movilidad sigue aumentando.

El 70% de jóvenes entre 17 y 20 años es el porcentaje de los que acaban el Bachillerato en más de dos tercios de los países de la OCDE y en nueve de ellos este índice llega al menos al 90%.

El 49% de los españoles tiene solo estudios básicos. El 38% de los titulados en secundaria posobligatoria lo son en estudios de formación profesional, índice inferior a la media europea.

Los clientes pagar�n el coste de la nueva tasa bancaria espa�ola

08 de Sep de 2010 a las ::

El sector financiero español no está dispuesto a asumir los costes de una nueva tasa bancaria porque considera que el objetivo que se persigue, asegurar el dinero de los clientes y rescatar a entidades de posibles quiebras, ya está cubierto con los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). Los bancos y las cajas españolas estarían dispuestos a reforzar los FGD, porque consideran que es una aportación que se convierte en una especie de ahorro suyo para cuando alguna entidad necesita un rescate, y que además les produce una rentabilidad anual, según fuentes del sector. Sin embargo, estiman que la futura tasa sería una especie de «impuesto por la crisis. Es como si se nos subiera el impuesto de sociedades de manera discriminada cuando a la banca española no ha habido que rescatarla, ni inyectarle dinero del Estado. Se le ha prestado y con un interés muy alto, pero aquí no ha ocurrido como en otros países, que se le ha entregado dinero público y ahora quieren recuperarlo de este modo», añaden.

La banca española afirma que en el caso de que se les imponga esa tasa y parte de ella vaya a los Presupuestos Generales del Estado, es un coste más para las entidades que tendrán que repercutirlo en el negocio con sus clientes, con lo cual es muy fácil que los créditos se encarezcan todavía más en un momento tan crítico como el actual. Si lo que se pretende es evitar futuras crisis, lo que tienen que hacer en el resto de países «es crear fondos similares a los españoles y reforzar el capital de las entidades», tal y como se refleja en la normativa de Basilea.

Por otro lado, el subgobernador del Banco de España y presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, señaló ayer en el Congreso que aunque la situación de las cajas ha mejorado mucho sigue siendo «complicada» y no podrán empezar a emitir cuotas participativas para financiarse hasta que no se termine el proceso de reordenación de este sector, en tres o cuatro meses. Destacó que las necesidades de financiación de estas entidades no superará los 16.000 millones, cantidad cubierta por el FROB y los FGD. De esa cifra, ya se han utilizado 12.400 millones y se requerirán otros 1.400 millones para reforzar el capital de las cajas que suspendieron los test de solvencia.

La Comisi�n Nacional de Competencia critica las nuevas ayudas al cine

07 de Sep de 2010 a las ::

El organismo recomienda eliminar los requisitos de experiencia para que las subvenciones sean más accesibles

No le gustó a Cineastas contra la Orden. Tampoco a la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales. En Bruselas, la cuestionaron. Ahora, al nuevo sistema de reparto de ayudas al cine español le ha salido otro enemigo: la Comisión Nacional de Competencia. En un informe, el organismo público critica la reforma estrella del director general del Instituto de la Cinematografía, Ignasi Guardans, al asegurar que «en la normativa reguladora de las ayudas se detectó la existencia de algunos criterios de valoración que eran susceptibles de afectar negativamente a la competencia existente en el sector al favorecer injustificadamente a determinados operadores».

Méritos sobre experiencia

Según reza el citado informe, «en algunas ayudas se incluían criterios como la experiencia, el historial o la trayectoria profesional de los solicitantes. Con ello, además de la posible subjetividad en la valoración de los mismos, se está limitando de forma injustificada el número y variedad de los operadores que podían acceder a las ayudas». Dicho esto, Competencia hace una recomendación: «La eliminación de estos requisitos, o, al menos, reducir al mínimo su ponderación en la valoración de las ayudas».

La relevancia de la experiencia o historial es, de hecho, del 25 por ciento en el cómputo total de puntos. Pongamos como ejemplo las ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes. En este apartado, «el historial profesional del autor» puede aportar hasta 25 puntos de un total de 100. En las subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos y a la producción de largometrajes se repite la relevancia en la puntuación de lo que el ICAA denomina «el historial económico y empresarial de la productora», con un máximo de 25 puntos sobre un total de 100 posibles. Además, Competencia advierte de que las ayudas también tienen en cuenta la participación en festivales, los premios recibidos y el número de estrenos realizados, cuando lo que se debería valorar «son los méritos del propio proyecto presentado».

Guardans, sorprendido

El director general del ICAA, que se encuentra en estos momentos en la Mostra de Venecia, aseguró a este diario que recibió con «sorpresa» la recomendación de Competencia. Aunque dijo no querer «hacer declaraciones hasta que tenga tiempo para estudiar el informe», el director general está «seguro de que hay mucho tiempo para explicarle a Competencia cómo funcionan las ayudas al cine».

Así, estas críticas se unen a las muchas que tuvo que escuchar Guardans tras presentar las nuevas reglas que rigen las ayudas. Primero fueron Cineastas contra la Orden, que criticaron que el reparto favorecía las grandes producciones en detrimento del cine de autor. Ante esta protesta, la Unión Europea mantuvo en vilo al sector al bloquear su aplicación por su posible incompatibilidad con la legislación europea. Por último, Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales expresaron su deseo de «competir en igualdad de condiciones» ante la decisión de Guardans de otorgar cinco puntos m ás cuando el equipo de una película estuviera formado por mayoría de mujeres o tuviera a una mujer como directora.

Por otra parte, Competencia también llama la atención al Instituto de las Artes Escénicas y de la Música sobre las ayudas para fomentar la participación en circuitos estatales, ya que, los criterios que se tienen en cuenta «pueden dificultar el acceso a nuevos operadores que precisamente por estar menos consolidados podrían encontrar más dificultades».

Alerta en la Red: Los timos m�s veteranos de Internet

06 de Sep de 2010 a las ::

Llegan por correo electrónico o a través de las redes sociales y persiguen obtener algún beneficio económico. Estafas que aparecieron hace una década en Internet siguen cobrándose víctimas.

Cada año, miles de internautas son víctimas de timos a través de la Red. Aunque surgen constantemente nuevas estafas, algunas que aparecieron hace una década siguen cobrándose víctimas. Todas funcionan de la misma manera: suelen llegar a través del correo electrónico o por las redes sociales y, después de ganarse la confianza del ciudadano, le instan a realizar alguna acción como contestar por 'email', llamar por teléfono o enviar un fax. El fraude termina siempre con la solicitud de una cuantía económica.

Aprender a reconocer estas estafas es la mejor defensa, aseguran los expertos. Por eso, PandaLabs, el laboratorio 'antimalware' de Panda Security, ha elaborado un 'ranking' con los timos más frecuentes de los últimos diez años. «Los usuarios seguimos cayendo en engaños que nos llevan siempre a perder dinero», explica Luis Corrons, director técnico de PandaLabs. La problemática, según este especialista, es que «detrás de estas tramas hay muchas víctimas que no denuncian, o si lo hacen, raramente llegan a recuperar sus pérdidas».

Nigerianos, el pionero

Es el primer timo que apareció en la Red. En un correo electrónico, el remitente le comunica a la potencial víctima que necesita sacar una importante cantidad de dinero de su país, que normalmente es Nigeria, y le promete una gratificación si le ayuda. Si el incauto internauta accede a colaborar con el ciberdelincuente, éste le pide que le envíe una 'pequeña' suma de dinero para los gastos (unos mil dólares, según explica PandaLabs). Una vez ingresada, el contacto desaparece.

Loterías, sorteos inexistentes

El mecanismo es muy similar al del 'timo nigeriano'. El usuario recibe un correo electrónico en el que se le notifica que ha resultado ganador de un sorteo y le piden sus datos personales y bancarios para transferirle el dinero. El remitente solicitará un desembolso, de unos mil dólares, para, supuestamente, hacer frente a los gastos de la transferencia. Lógicamente, el usuario no verá ni un euro.

Novias, amor envenenado

Una chica guapa, normalmente procedente de Rusia, se pone en contacto con su víctima. Consigue ganarse su confianza a través de correos electrónicos. En el último momento, sin embargo, surgirá un problema que requerirá que su 'enamorado' le envíe dinero para pagar los billetes para visitarle o solucionar un problema con el visado. El estafado se quedará compuesto, sin novia ni dinero.

La compensación, el heredero del nigeriano

En un 'email' se anuncia la creación de un fondo para compensar a las víctimas del timo nigeriano y notifican al internauta que han encontrado su dirección en una lista de posibles afectados, por lo que le ofrecen una cantidad de dinero, de alrededor de un millón de dólares, pero le piden un adelanto de unos mil para hacerle el ingreso.

Ofertas de trabajo, se buscan 'muleros'

Una compañía extranjera busca agentes financieros en España. El trabajo es sencillo y puede superan los 2.000 euros al mes. En realidad, utilizarán los datos de la cuenta bancaria para ingresar dinero que le han robado a otras personas y luego solicitarán que se les devuelva a través de una empresa de envío de dinero rápido. A sabiendas o no, el internauta se convierte en cómplice.

Usurpación de identidad, un mensaje desesperado

Los delincuentes, tras hacerse con las contraseñas de acceso, entran en la cuenta que el usuario tiene en Facebook o Hotmail. Envían un mensaje a todos sus contactos en el que les dicen que está de viaje -generalmente en Londres- y que le han robado justo antes de abandonar la ciudad. Asegura que necesita dinero para pagar el hotel y pide ayuda a sus conocidos.

La equivocación, un cheque de ida y vuelta

Las víctimas de este timo, muy popular con la crisis, son personas que han publicado un anuncio para la venta de una casa o coche. El estafador muestra un gran interés por comprarlo y rápidamente envía un cheque por una cantidad equivocada, siempre más de lo solicitado. Posteriormente le pedirá que devuelva la diferencia argumentando un error. La víctima nunca cobrará el cheque y habrá perdido el dinero.

CONSEJOS

Antivirus: Instalar uno contra 'spam', ya que muchos entran como 'correo basura'.

Sentido común: Desconfiar de quienes se enamoren a la primera y de quien regale dinero.

Contacto real: En el caso de contactos virtuales para, por ejemplo, vender algo, trasladar la operación al mundo real para conocer las intenciones del comprador.

Denunciar: Las víctimas deben informar a las autoridades.

Vivir como un espa�ol cuesta tres planetas

06 de Sep de 2010 a las ::

La producción de la Tierra podría reducirse a la mitad si todos fuéramos indios.

España sólo hay una, suelen decir en ocasiones sus ciudadanos, y es una suerte, dado que si toda la población mundial tuviera el nivel de vida de un español medio, serían necesarios tres planetas como la Tierra para conseguir un equilibrio sostenible entre consumo y regeneración ecológica.

En el caso de que el nivel de vida a alcanzar fuera el de un ciudadano estadounidense, el número de planetas necesarios sería de cinco, mientras que la producción de la Tierra podría reducirse a la mitad si la Humanidad viviera como un indio.

Estos datos, aportados por la organización británica independiente New Economics Foundation, reflejan la capacidad del planeta para sustentar la vida que en él se desarrolla y ponen de manifiesto que la Tierra tiene un límite ecológico al año para generar productos y absorber contaminación. Superado este límite se consume mediante la sobreexplotación de los recursos, señaló a Efeverde el director de Economía Ambiental de la New Economics Foundation, Aniol Esteban, quien afirmó que el principal problema hoy es el "consumo insostenible".

Un consumo que, por un lado, genera demandas "también insostenibles", aseguró Esteban, que provocan que sólo durante los siete primeros días del año un español genere de media tantas emisiones de CO2 como un ciudadano de Tanzania en los 12 meses siguientes.

Pero este consumo, según Esteban, es la base de un sistema económico mundial que no sólo ignora las pérdidas que supone la destrucción ecológica sino que transforma esta destrucción en contribución positiva para el producto interior bruto (PIB) de los países.

Esta paradoja da lugar a situaciones como la que se desarrolla en el Golfo de México, donde el que es considerado el mayor vertido de petróleo de la historia de EEUU genera beneficios económicos a una parte de la población a través del pago de los servicios de limpieza.

Este contexto a nivel mundial es el que analiza la Global Footprint Network, una organización de investigación medioambiental estadounidense que determina la huella ecológica que la humanidad deja cada año y aporta las cifras que determinan dónde están los límites de la naturaleza.

Las cantidades consumidas de pescado, carne, cereales y vegetales se transforman en superficie de terreno que es necesario para generarlas y se contabiliza el consumo energético y las emisiones de CO2, entre otras variables, para obtener el área de producción que corresponde a cada ciudadano que habita el mundo.

Consumo Insostenible.

Los últimos datos de Global Footprint Network señalan que corresponden casi dos hectáreas por persona, pero sólo en España cada ciudadano consume la producción de unas seis hectáreas de terreno aproximadamente. La diferencia entre lo que debería consumirse y lo que realmente se consume son productos y recursos que se les "quitan" a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, señaló a Efeverde el responsable internacional de la ONG Ecologistas en Acción, Samuel Martín, con los que tenemos una "enorme" deuda ecológica.

En el año 2010 la humanidad ha tardado menos de nueve meses en acabar con el presupuesto ecológico anual y, desde el pasado 21 de agosto, día que esta fundación calcula como el Día de la Deuda Ecológica Global, sólo se podrá satisfacer la demanda mundial de productos sobreexplotando los recursos y acumulando gases invernadero a niveles que superan la capacidad de absorción de la naturaleza. "Somos una plaga para el planeta", manifestó la coordinadora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, "pero aún podemos revertir la situación".

De hecho, explicó Esteban, la Humanidad ha vivido durante siglos en equilibrio hasta que, hace unas tres décadas, empezamos a consumir y a vivir a crédito, llevando nuestro saldo a un punto cada vez más extremo.

Esta problemática será una de las cuestiones que la ONU -y la comunidad internacional- llevarán a la mesa de trabajo de la próxima cumbre del clima que se celebrará en Cancún (México) del 29 de septiembre al 10 de diciembre. La cuenta del planeta ya está en números rojos.

Investigan 81 webs por venta ilegal de medicamentos

05 de Sep de 2010 a las ::

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha abierto e investigado un total de 81 procedimientos de cesación de páginas web por la venta ilegal de medicamentos a través de internet.

Según los datos recogidos en la Memoria de Actividades de la AEMPS 2009, esta actividad se encuentra recogida dentro de las actuaciones sobre medicamentos ilegales que también se realiza otras acciones en este ámbito, "en el que resultan básicas la cooperación y colaboración entre todos los sectores implicados en el tráfico de medicamentos ilegales".

Cabe destacar que en el año 2009 se mantuvo el "importante incremento" que se produjo durante el 2008 en el número de muestras remitidas por parte de los Juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, en 2009 se contabilizaron 69 actuaciones conjuntas, 19 más que en 2008; además se remitieron 1.052 muestras a laboratorios oficiales, casi 1.000 menos que en 2008.

También aumentó notablemente el número de informes emitidos sobre los riesgos que para la salud del ciudadano conlleva el consumo de este tipo de productos. En 2009 se realizaron 403 informes técnicos, mientras que en 2008 se notificaron 240.

En España hay 361 plantas de laboratorios fabricantes o importadores de medicamentos. Durante 2009 se incrementando el número de inspecciones realizadas y, en especial, las internacionales, así se realizaron 255 inspecciones y se recibieron 374 solicitudes -231 y 301, respectivamente en 2008-.

En relación a años anteriores, en 2009 se mantuvo el incremento de inspecciones en el ámbito internacional, habiéndose realizado 30 inspecciones internacionales, 28 de ellas correspondientes a registros centralizados, frente a las 23 realizadas en 2008.

Con respecto a las inspecciones a los fabricantes de sustancias activas, iniciadas en 2005, se mantuvo asimismo el incremento anual de las mismas, en 2009 se realizaron 12 inspecciones frente a las 10 inspecciones de 2008. Por otra parte cabe destacar el incremento de estas inspecciones en el ámbito de las terapias avanzadas, 6 inspecciones realizadas en 2009 frente a 3 en 2008.

En cuanto al cumplimiento de Buenas Prácticas, la agencia señala que actualmente existen a nivel nacional 40 laboratorios certificados, de los cuales 7 se encuentran bajo la competencia de la AEMPS. Durante el 2009 se realizaron 5 inspecciones, 2 menos que en 2008.

Por otra parte, en 2009 se mantuvo la actividad inspectora a nivel nacional e internacional de Normas de Buena Práctica Clínica y Farmacovigilancia y, cabe destacar que en este año la AEMPS fue la primera de las Agencias europeas en número de inspecciones internacionales realizadas. En 2009 se realizaron 21 inspecciones, 2 más que en 2008 y 12 más que en 2007.

Por problemas en la calidad del medicamento, se investigaron 191 productos y se retiraron 38, tres más que en 2008 cuando se investigaron hasta 177 fármacos. En relación con las retiradas de medicamentos de uso humano durante el año 2009, y de acuerdo con la clasificación que corresponde al defecto de calidad que las motivó, 14 fueron de clase 1 (mayor riesgo), 23 de clase 2 y tan sólo 1 de clase 3.

Asimismo, a través del Sistema Internacional de Alerta Rápida se recibieron y evaluaron en la AEMPS 66 notificaciones de alertas internacionales, mientras que la agencia envió, a través de este sistema, 11 alertas internacionales.

En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, durante 2009 se realizaron 72 investigaciones de denuncias por problemas de suministro de medicamentos, 3 menos que en 2008.

Fármacos ilegales

En el campo de actuaciones sobre medicamentos ilegales y falsificados cabe destacar que en el año 2009 se mantuvo el importante incremento que se produjo durante el 2008 en el número de muestras remitidas -1.052 y 1.153, respectivamente- por parte de los Juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

También aumentó notablemente el número de informes emitidos sobre los riesgos que para la salud del ciudadano conlleva el consumo de este tipo de productos pasando de 22 en 2008 a los 31 de 2009.

Además, durante este año se siguieron desarrollando las actuaciones previstas en la 'Estrategia frente a medicamentos falsificados' y cabe destacar en especial que solo se retiraron dos medicamento, uno con autorización y uno no autorizado. En 2008 la agencia retiró 6 medicamentos no autorizado y 27 autorizados.

Tercera tregua: ETA declara el cese al fuego

05 de Sep de 2010 a las ::

El grupo separatista vasco ETA dice que no va a "llevar a cabo acciones armadas" en su campaña por la independencia.

En un video obtenido exclusivamente por la BBC, el grupo dijo que tomó la decisión hace varios meses "para poner en marcha un proceso democrático".

El gobierno español no ha respondido. En el pasado dijo que sólo negociaría con ETA si renunciara a la violencia y procediera al desarme.

Las acciones violentas de ETA se han cobrado más de 820 muertes en los últimos 40 años.

ETA ya pidió dos treguas en el pasado, pero abandonó ambas.

Bajo presión

No está claro si ETA declara un alto el fuego permanente o temporal.

En el video obtenido por la BBC, tres encapuchados combatientes de ETA se muestran sentados detrás de un escritorio con la bandera de ETA colgada detrás de ellos.

El portavoz del medio lee una declaración en defensa de las acciones violentas de la banda, pero casi el final, afirma que ETA quiere ahora alcanzar sus objetivos por medios pacíficos y democráticos.

"ETA confirma su compromiso de encontrar una solución democrática al conflicto", dice la declaración.

"En su compromiso con un proceso democrático para decidir libre y democráticamente nuestro futuro, a través del diálogo y la negociación, ETA está preparada hoy al igual que ayer a acordar las condiciones democráticas mínimas necesarias para poner en marcha un proceso democrático, si el gobierno español está dispuesto", agrega.

"Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos a seguir en la lucha, cada uno en su propio campo, cualquiera que sea el grado de compromiso que tengan, de manera que todos podamos derribar el muro de la negación y hacer avances irreversibles en el camino hacia la libertad."

Fundada en 1959, ETA ha librado desde entonces una sangrienta campaña por la independencia de las siete regiones en el norte de España y el suroeste de Francia que los separatistas vascos reclaman como propias.

Este último anuncio se produce después de las detenciones de numerosos dirigentes de ETA y durante un período sin precedentes de debate dentro de la comunidad nacionalista sobre el rumbo futuro de la política vasca, afirma Clive Myrie (BBC) en San Sebastián.ETA ha recibido cada vez más presiones para deponer las armas, dijo la corresponsal.

Las controvertidas conversaciones de paz de 2006 se derrumbaron después de que una bomba de ETA matase a dos personas en el aeropuerto de Madrid.

Disidentes cubanos denuncian ser v�ctimas del 'optimismo enfermizo' de ZP

04 de Sep de 2010 a las ::

Los ex presos políticos acusan al Gobierno de responder a «intereses que no son los de los cubanos»

Diez de los 28 ex presos políticos cubanos llegados a España denunciaron ayer ser «víctimas» del «optimismo enfermizo» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE, a los que han acusado de responder a «intereses que no son los de los cubanos».

A través de la denominada «Declaración de Móstoles», los opositores cubanos han asegurado que «sólo el PSOE y el Gobierno de España parecen ver cambios en el estado de no derecho al que está sometido el pueblo cubano», y han asegurado que con sus acciones «truecan y manipulan las impostergables aspiraciones de libertad de nuestro pueblo».

«Sucede desafortunadamente que algunos sectores políticos en España y su Gobierno parecen querer avalar con su obstinada apuesta los cambios, sin derechos para el pueblo cubano, reconociendo como único interlocutor a las fuerzas represivas que someten al pueblo cubano», han criticado.

Visita polémica

El comunicado, fechado en Madrid, coincide con la visita que han realizado a La Habana la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, y la responsable de Política Internacional y Cooperación, Elena Valenciano, que no incluyeron en su agenda reuniones con la disidencia pero sí se reunieron ayer con el presidente, Raúl Castro.

Los firmantes han alertado de que este tipo de actitudes, que desconocen si «responden a taras ideológicas o a espurios intereses económicos» de España, «niegan el vínculo fraterno que ha unido, y unirá siempre al pueblo español y al pueblo cubano» y, al mismo tiempo, «están convirtiendo a la junta militar actual en la isla, en la mafia económica del futuro».

Asimismo, han lamentado que se confundan «los destierros» de los prisioneros políticos «con un proceso de apertura hacia la democracia» en la isla. «Es un insulto al legítimo derecho de todos los cubanos que quieren construir una sociedad libre y reconciliada», reza el texto.

Los opositores recuerdan que fueron «encarcelados por defender pacíficamente el dialogo entre cubanos» para poder disfrutar de los derechos económicos, sociales y políticos que por más de cinco décadas «el sistema totalitario cubano ha negado al pueblo». En este sentido, consideran que habrá cambios «cuando exista un compromiso transparente del Gobierno de la isla al dialogo nacional que ya se ha iniciado dentro y fuera de Cuba entre decenas de miles de cubanos para diseñar soberanamente el futuro».

La firma

El texto ha sido firmado por 10 ex prisioneros políticos de la Primavera Negra de 2003 que han sido excarcelados y trasladados a España gracias a la intermediación de la Iglesia Católica en la isla y del ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos.

Los firmantes son Regis Iglesias Ramírez, Antonio Ramón Díaz Sánchez, Juan Carlos Herrera Acosta, Normando Hernández, Ricardo González Alfonso, Julio Cesar Gálvez, Jesús Mustafá Felipe, Marcelo Cano, Arturo Pérez de Alejo y Fabio Prieto Llorente.

El guardia civil detenido con coca�na declar� anoche en el juzgado

04 de Sep de 2010 a las ::

Entre otras razones, por el secreto del sumario, continúa sin haber información oficial sobre el guardia civil que fue detenido esta semana en Foz con 110 gramos de cocaína. De acuerdo con algunas informaciones, el agente, cuya identidad sigue sin conocerse, fue investigado por su posible vinculación con el club Queens, situado en el polígono lucense de O Ceao y centro de operaciones de la trama de la operación Carioca. Conducido por dos agentes, el guardia civil entró alrededor de las nueve de la noche de ayer en el juzgado de guardia de la ciudad de Lugo, donde comenzó a prestar declaración media hora después.

Al cierre de esta edición no había trascendido la decisión judicial sobre el agente. En la misma operación en la que fue detenido en Foz por sus propios, fueron apresados el destinatario de la droga y el proveedor. De hecho, el cliente al que presuntamente le iba a entregar la droga fue conducido ayer a presencia de la jueza Pilar de Lara Cifuentes, encargada del caso.

Un joven de 21 años

Del guardia se sabe que tiene 21 años y que, hasta no hace mucho tiempo, realizó sus prácticas en el cuartel de Rábade. Posteriormente, relataron las diferentes fuentes consultadas, fue destinado a un acuartelamiento situado en la vecina comunidad asturiana. Allí no permaneció mucho de tiempo de servicio porque se dio de baja médica, situación en la que continuaría actualmente.

Ejercería de correo

Siempre de acuerdo con las diferentes fuentes solventes consultadas, los investigadores habrían descubierto que el guardia no solo se dedicaría al reparto de droga mientras estaba de baja laboral, sino que, supuestamente, también lo haría durante el período de prácticas. Al parecer, podría estar haciendo las funciones de correo.

Las pesquisas también revelaron que la zona de Lugo capital era la principal área donde distribuiría la cocaína. Sin embargo, durante los últimos tiempos se desplazaba con cierta frecuencia a la comarca de A Mariña, donde, al parecer, ya tendría clientela. No sería casualidad, por tanto, su detención en Foz.

Vinculado con el Queens

El agente fue investigado durante bastante tiempo por una posible vinculación con el club Queens, lo que induce a a pensar que podría tener alguna relación con José Manuel García Adán, el responsable del citado burdel de la capital lucense.

De acuerdo con algunas versiones, algunas mujeres que trabajaban en los burdeles supuestamente lo habrían reconocido a través de fotografías, como uno de los guardias que acudían al Queens. Esas manifestaciones las habrían realizado, al parecer, cuando declararon en la denominada prueba preconstituida, en la que participaron todos los detenidos.

Los operadores de telefon�a espa�oles no tratan bien a sus clientes

03 de Sep de 2010 a las ::

Los servicios de atención al cliente de los operadores de telefonía móvil no informan bien a sus clientes. No es una sorpresa, si nos fijamos en las quejas de los usuarios. Ahora, un estudio de la OCU demuestra que el 100% de los operadores suspenden en atención al cliente.

El sector de telefonía móvil es uno de los que más problemas generan entre los consumidores. En la OCU se recibieron, durante el año 2009, 38.548 reclamaciones relacionadas con la telefonía, lo que supone más del 12% del total. La telefonía móvil ocupa gran parte de todas estas reclamaciones: un 62%. Con estos antecedentes, la OCU ha querido testar cuál es el comportamiento de los departamentos de atención al cliente de los operadores de telefonía móvil. El resultado no ha podido ser más desalentador: el 100% de las compañías analizadas (R, Pepephone, Yoigo, Másmovil, Happy Movil, Simyo, Euskatel, Carrefour, Vodafone, Movistar y Orange) se equivocaron en alguna de las respuestas a las dudas que la OCU planteó.

No informan bien de las tarifas

La OCU realizó llamadas a las 11 compañías para informarse de las tarifas de los números 902 y las llamadas desde el extranjero. Si era posible la llamada finalizaba con la contratación telefónica del servicio. Sorprendentemente algunas compañías como Yoigo y Vodafone nos remitieron a su Servicio de Atención al Cliente (¡cuándo ya fuéramos clientes¡) para informarnos de ellas y en Euskaltel a su página web. Happy Movil y Orange se confundieron al facilitar las tarifas de roaming, lo mismo que Movistar, que dieron información de las tarifas antiguas de 902, que eran más baratas.

La cobertura, un misterio

La OCU se interesó también por la calidad que de la información que ofrecen a los no clientes a través del correo electrónico y preguntó sobre la cobertura y velocidad de conexión a internet en un pueblo (pueblo del que los operadores, en sus webs, reconocen una cobertura limitada). Pues bien, la información obtenida fue muy confusa. Sólo R reconoció la verdad, que la cobertura era muy limitada en ese pueblo. El resto de operadores proporcionó información confusa, errónea o no contestaron.

La calidad de la información no mejora si se es cliente

En esta ocasión, la OCU quiso comprobar si la información facilitada desde estos departamentos mejora si el que llama es un cliente. Una llamada preguntando por los detalles de la tarifa contratada y otra solicitando detalles de la tarifa para conectarse a internet desde el extranjero, fueron suficientes para detectar los problemas: Los errores en la información se reprodujeron de nuevo aunque cambien en ocasiones los protagonistas. Tan sólo Yoigo dio información muy completa en ambas consultas. En el resto, información parcial, unas veces por falta de interés, otras por prisa en terminar la llamada y, en el peor de los casos ofrecieron información totalmente errónea: Orange informó sobre otra tarifa que no era la que se tenía contratada y nuevamente Orange y Movistar dieron información totalmente errónea sobre las tarifas para conectarse a internet desde el extranjero.

Las recomendaciones no siempre son las más adecuadas

En muchas ocasiones las compañías ofertan nuevas tarifas, otras veces es el cliente el que cambia de hábitos y necesita modificar el plan que tiene contratado. Este último supuesto es el que planteó la OCU en su estudio con el objetivo de valorar los consejos que daban: la mayoría de compañías han ofrecido una nueva tarifa más ventajosa. Tan sólo con Orange y Vodafone acabamos con una tarifa mucho peor que la contratada. En el primer caso por no conocer los detalles de la tarifa original y en el segundo por cambiarnos a una tarifa distinta de la acordada.

Una prueba: solicitar el PUK

La OCU quería averiguar qué pasaba si solicitábamos el número PUK (básico si se bloquea el teléfono por teclear mal el PIN) a las diferentes compañías analizadas. El operador tiene la obligación de comprobar que es el cliente el que está solicitando el número PUK para evitar que no sea el titular el que lo requiere. El resultado no fue muy alentador: pocos operadores solicitaron información adicional al nombre o número de NIF para cotejar la titularidad y así evitar un posible uso fraudulento del teléfono.

Hacen esperar demasiado

Una de las quejas más repetidas por los usuarios es el tiempo de espera para que sea atendida la consulta, queja o reclamación.

Lo ideal, a juicio de la OCU sería que cuando un usuario llama a los operadores, una misma persona atienda la llamada de principio a fin, como sucede con Happy Movil, Másmovil y Yoigo.

Con el resto de compañías la llamada entra en un servicio automático que las redirecciona a varias opciones, varias veces antes de hablar con alguien.

Otra variante son las llamadas fallidas, que es lo que le pasó en el caso de Simyo, Orange, Carrefour y, sobre todo, Movistar: es habitual que las llamadas se corten, que la línea comunique o que se entre en un inacabable bucle de opciones automáticas que hace que el tiempo de espera se alargue interminablemente (casi 2 horas acumuló Movistar en resolver las dudas que la OCU planteó para hacer este estudio).

La atención al cliente de los operadores, mala

Con estos resultados, la OCU afirma que la atención al cliente de los operadores de telefonía móvil es mala. En especial, en Orange, Movistar y Vodafone, que aglutinan casi el 95% del mercado.

La Organización exige a las compañías una mejora de la atención que dispensan a los usuarios y en concreto, pide:

- Que se mejore la formación del personal de atención al cliente.

- Que se ofrezca una atención personalizada desde el primer momento.

- Que se formalice el correo electrónico como un canal más de atención al cliente.

- Que se evite solicitar información redundante cada vez que se pasa la llamada del usuario a otra persona o departamento.

Del mismo modo, la OCU ha dado traslado de estos resultados a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (SETSI) solicitando que establezca unos criterios de evaluación de las auditorías externas más exigentes y que sancione con más rigor las malas prácticas.

El polic�a local detenido por exhibicionismo trabaja 'sin contacto con el p�blico'

03 de Sep de 2010 a las ::

El concejal de Seguridad del Concello de Vigo, Xulio Calviño, indicó ayer que ocupa un puesto "en turno de noche" y no trata con los ciudadanos.

El concejal responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de Vigo, Xulio Calviño, ha confirmado que el agente de Policía Local que fue detenido el pasado 16 de agosto por exhibicionismo en una playa de la ciudad ha sido denunciado y está pendiente de la resolución del juzgado correspondiente, mientras que sigue trabajando "en instalaciones municipales en turno de noche" y "sin mantener ningún tipo de contacto con el público".

Calviño ha explicado que esta persona "tiene abiertas las diligencias informativas correspondientes" con la seguridad de que el Ayuntamiento actuará "de forma contundente" en función de la resolución que el juzgado adopte por la denuncia.

En todo caso, ha puntualizado que este agente, J.M.B.R., de 59 años de edad, estaba fuera de servicio cuando fue arrestado y por lo tanto se trata de "un ciudadano que está en un proceso judicial, a la espera de que se clarifique si su conducta es constitutiva de delito".

La detención se produjo a última hora de la tarde del pasado 16 de agosto, cuando la Policía Local fue avisada por efectivos de Cruz Roja de que había un individuo en las rocas de la playa de Fontaíña, desnudo y masturbándose en presencia de menores de edad. Cuando los agentes llegaron, el hombre "procedía a vestirse".

Multas de Tr�fico por encima de lo que marca la ley

02 de Sep de 2010 a las ::

Automovilistas Europeos denuncia la imposición por error de sanciones que triplican la cuantía legal.

La aplicación de la reforma de la Ley de Tráfico, que entró en vigor el pasado 24 de mayo, ya está generando errores en las multas que se están imponiendo a los conductores por exceso de velocidad. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado que cientos de miles de automovilistas están siendo sancionados erróneamente con multas superiores a las previstas en la Ley de Tráfico por administraciones con competencias en materia de tráfico, como la DGT, el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña, además de ayuntamientos como los de La Coruña, Alicante, Murcia, Valencia, Valladolid, y Zaragoza.

El error consiste en que están aplicando directamente el nuevo cuadro de sanciones, que entró en vigor en mayo pasado, sin tener en cuenta los márgenes de error de los radares a los que obliga la Ley de Metrología en las mediciones de velocidad obtenidas por radar. Es más, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que lo que ocurre es «una grave ilegalidad».

Cuando un conductor recibe en su domicilio una multa por exceso de velocidad con la foto que delata la infracción, es necesario tener en cuenta que, sobre la velocidad que marca la fotografía, hay que aplicar los márgenes de error legalmente establecidos para cada radar. De hecho, la Ley establece que el margen de error máximo es de un 4% si se trata de un radar fijo, o de un 7% si se trata de uno móvil para velocidades superiores a 100 km/h.

Es decir, el margen de error máximo que podría tener un radar móvil que captara un vehículo circulando a 155 km/h con límite de 120 km/h sería de 10,8, lo que, descontado de la velocidad controlada, daría un exceso neto de 24 km/h.

El hecho de que algunas administraciones estén aplicando directamente el cuadro de sanciones sin el margen de error y otras sí lo tengan en cuenta está generando que una misma infracción tenga distinta sanción dependiendo de la ciudad española de que se trate y del criterio que siga. Así, por ejemplo, un conductor que ha sido multado por conducir a 74Km/h en una vía urbana en la que no se debe sobrepasar los 50Km/h sería sancionado con 300 euros y dos puntos menos en La Coruña, Murcia, Valencia y Zaragoza. Sin embargo, esta misma infracción supondría únicamente 100 euros de sanción en Barcelona, Bilbao, Córdoba, Madrid, Málaga o Las Palmas de Gran Canari, que sí aplican los márgenes de error previstos por la ley.

Perjuicio para el conductor

La cuestión es que el error está generando que numerosos ayuntamientos, con competencias en vías urbanas, la Dirección General de Tráfico, en la red de carreteras del Estado, y algunas autonomías, en vías de su titularidad, «están imponiendo en la práctica multas que, en muchos casos, triplican la cuantía legalmente establecida» con el consiguiente perjuicio para los conductores afectados. Y es que, si se tuviese en cuenta el error del cinemómetro muchas de las sanciones impuestas serían inferiores.

La asociación de defensa de los automovilistas calcula que, desde que entró en vigor la nueva Ley de Tráfico se han podido imponer cerca de cien mil multas por exceso de velocidad cuya sanción no está correctamente graduada porque no se ha aplicado los márgenes de error legalmente establecidos.

Así, entre los ayuntamientos que aplican correctamente la ley estarían Madrid, Barcelona Bilbao, Córdoba y Málaga. Entre los que no lo hacen bien, además de la DGT, estaría el Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña y ayuntamientos como el de La Coruña, Alicante, Murcia, Valencia, Valladolid, Zaragoza y Las Palmas.

La asociación de defensa de conductores ya ha asegurado que se va a dirigir a los máximos responsables de todas las administraciones con competencia en materia de tráfico para que corrijan de inmediato lo que considera una grave irregularidad que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos.

El presidente Zapatero afirma que 'tener una pensi�n digna exige trabajar un poco m�s'

01 de Sep de 2010 a las ::

El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió hoy en Tokio la reforma laboral diseñada con la oposición sindical porque, dijo, «los sacrificios de hoy» son «la puerta al bienestar de mañana», y aseguró que seguirá tomando decisiones «difíciles» si son necesarias.

"Un gobierno responsable sabe que hay momentos en la historia de su país que tiene que tomar decisiones, aunque estas sean difíciles y duras; lo he hecho y lo seguiré haciendo si es necesario, porque está en juego el futuro del bienestar del país", aseveró en el Japan National Press Club.

En este foro, ante el que han comparecido todos los presidentes españoles que han viajado a Japón, Zapatero describió el panorama político español y las reformas en marcha y la primera pregunta de la prensa japonesa le recordó la huelga general que los sindicatos han convocado para el 29 de septiembre contra la reforma laboral.

Según estimó, que la gran "la gran mayoría" de la sociedad española sepa que las reformas son necesarias, no implica que las medidas que exigen sacrificios cuenten con el respaldo sistemático de los sindicatos, que tienen que defender "legítimamente" sus intereses.

Zapatero recordó que desde que llegó al Palacio de la Moncloa ha suscrito veinte acuerdos laborales con los agentes sociales y garantizó que "al día siguiente de la huelga" continuará con esa misma actitud de diálogo.

Al desmenuzar la reforma ante los periodistas japoneses, señaló que su principal objetivo es fomentar la flexibilidad en las empresas para que puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes de los mercados, por lo que se facilita la movilidad demográfica o la posibilidad de desvincularse de los convenios colectivos.

La reforma, añadió, facilita también los ajustes de plantilla para las empresas que se encuentran "objetivamente en situación de dificultad económica".

El segundo objetivo junto a la flexibilidad es reducir la inestabilidad laboral, por lo que, explicó Zapatero, se reducirá el coste de la contratación indefinida para las empresas y, a partir de 2012, se encarecerá la contratación temporal.

Tras describir las economías de España y de Japón como "dos historias de éxito", consideró que la actual recuperación internacional está sujeta a "incertidumbre" por la amenaza de nuevas turbulencias financieras y por el efecto que pueden tener sobre la recuperación los ajustes en marcha.

Reconoció que el principal problema español es la elevada tasa de desempleo, que ha alcanzado el 20 por ciento, y aseguró que no tranquiliza al Gobierno saber que España ya alcanzó esas cifras en 1997, justo antes de un periodo de excepcional crecimiento.

Zapatero, que llegó a Japón desde China, volvió a apostar por impulsar la relación comercial y económica con Asia y destacó las "múltiples oportunidades de inversión" que existen en España para los empresarios japoneses.

Mañana tendrá ocasión de explicarles personalmente las reformas emprendidas por su Gobierno, que son, dijo, "imprescindibles" para crecer en un contexto de consolidación fiscal y que representan "uno de los mayores procesos de transformación de la economía española de las ultimas décadas".

Reformar el sistema de pensiones

Además, añadió, en los presupuestos generales del Estado para 2011 se reducirán todos los programas de gasto por encima del 15 por ciento y el Gobierno "seguirá adoptando las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento estricto" de los objetivos de déficit público, que debe situarse en el 3 por ciento en el 2013.

Tras defender la reforma laboral, insistió en la necesidad de reformar el sistema de pensiones, abogó por lograr el máximo consenso posible y reiteró que confía en poder aprobar antes de fin de año el proyecto, que incluirá retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

A su juicio, está claro que mantener unas pensiones "dignas" exige "trabajar algo más".

Zapatero defendió también la fortaleza del sistema financiero español y recordó que la gran mayoría de las entidades han demostrado su solvencia en los test de resistencia realizados a nivel europeo.

Tras recordar que bancos como el Santander obtuvieron una nota "altísima" en comparación con otras entidades europeas, explicó también la reforma de las cajas de ahorro y destacó las posibilidades de inversión que se abren ahora en ese sector.

La Polic�a Nacional denuncia a un polic�a municipal y requisa su c�mara

30 de Aug de 2010 a las ::

Las protestas convocadas por el sindicato profesional de Policía Sppme durante la Vuelta a España no tuvieron incidencia alguna en la celebración de la prueba, pero han desembocado en un conflicto abierto entre el cuerpo Nacional de Policía y los miembros del sindicato mayoritario entre los agentes municipales. Los hechos se remontan al pasado sábado, antes del inicio de la competición.

Un grupo de policías nacionales, que controlaron a los municipales durante todo su recorrido, requisaron la cámara de uno de los agentes al entender que estaba grabando las caras de los nacionales, hecho que el denunciado niega. A partir de ahí, se produjo una discusión que ha desembocado en una denuncia por una falta contra el orden público y en una citación judicial.

En su relato de los hechos, el Sppme y el propio agente implicado denuncian una actuación "desproporcionada" de la Policía Nacional y amenazan con emprender acciones legales para defenderse de estas acusaciones. Según los policías locales, se habían citado en la puerta del sindicato sólo para acudir a la Vuelta de España, en una cita con carácter lúdico que "no era una manifestación". A su alrededor se encontraron un "despliegue desproporcionado" de la Policía Nacional. En ese momento, uno de los agentes, el denunciado, empezó a grabar la celebración con una cámara "personal" y para un "uso interno" -"en ningún momento les grababa a ellos, o iba a difundir las imágenes", resumía ayer-.

Al ser detectado por la Policía Nacional, un agente le reprochó que tomara imágenes de ellos y le requisó la cámara, una medida contra la que él protestó hasta que se la devolvieron aunque se quedaron con la cinta. Luego, no hubo más altercados.

El relato cambia sensiblemente según la propia denuncia de la Policía Nacional remitida ayer al Sppme y según fuentes del Cuerpo Nacional. En este caso se señala que el agente formaba parte de una concentración no autorizada organizada por el sindicato Sppme y que, en un momento de la protesta, el denunciado empezó a grabar a los agentes de la Policía que se encontraban en un sitio sin nada alrededor. Éstos le solicitaron la cámara y, siempre según este relato, recibieron una airada respuesta del agente que les advirtió de que no podían quitarle la cámara con un tono que el Policía percibió amenazante. Ante esta situación, el municipal fue identificado, y se le retiró la cámara. Después se le devolvió, aunque la cinta se encuentra en manos del juez, que ya ha citado a las partes para diciembre.

La actuación de la Policía Nacional se basa así tanto en el contexto en el que se produjo la intervención, una concentración no autorizada -como fue el caso de la celebrada en el rodaje de Knight & Day por la que se abrió una investigación-, como en varias sentencias que avalan que los agentes no pueden ser grabados. Una de las más recientes, en Burgos, daba la razón a un policía local frente a un ciudadano que le denunció por retirarle la cámara: "La actuación de fotografiar a los agentes locales que actuaban a cara descubierta no tiene amparo legal".

Para el Sppme y el agente denunciado no sólo no hay base para la denuncia de la Policía Nacional sino que hay fundamentos para iniciar un proceso judicial por haber requisado la cámara. "No hemos difundido por ningún sitio las imágenes, ni lo íbamos a hacer porque nadie les grababa a ellos. Es un vídeo privado en el que hay imágenes de mi familia, de mis hijos y del sindicato. Y si me citan en diciembre, demostraré que esto no tiene ningún sentido". No hubo más altercados ni denuncias.

Activistas espa�oles pro Sahara denuncian agresiones de la polic�a marroqu�

29 de Aug de 2010 a las ::

Denuncian haber recibido golpes y que las autoridades de Marruecos les haya contado un "relato fantasioso de los acontecimientos". La activista catalana Isabel Terraza, que había desaparecido en un incidente similar a principios de esta semana, ha sido localizada y se encuentra en buen estado de salud.

Anselmo Fariñas, uno de los once canarios que fueron detenidos la tarde del sábado en El Aaiún durante una concentración independentista, ha asegurado que se encuentran "bajo arresto domiciliario" en la sede de Casa España en la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

"Pensábamos que nos estaban poniendo en libertad, pero el intérprete nos ha dicho que estamos bajo arresto domiciliario en Casa España y que éste se prolonga hasta que tomemos nuestro barco desde El Aaiún a Las Palmas a las 22 horas del domingo", explicó.

Fariñas ha expresado su preocupación por lo que pueda pasarles hasta que embarquen y lleguen al archipiélago canario. "La Embajada española no nos ha dado garantías. Lamentamos que nuestra situación particular esté ocultando el día a día de la población saharaui. Nosotros no queremos ser protagonistas, pero no nos podemos desentender de nuestra seguridad, y es que ningún responsable del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros", denuncia.

"España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y, como tal, el Gobierno de España es responsable de lo que nos ocurra aquí", advirtió Fariñas.

Los detenidos, miembros de la asociación 'SáharAcciones' habían convocado, sin autorización gubernamental, una concentración a las 18.30 horas del sábado (19.30 horas en la España peninsular) en una avenida de El Aaiún. Cuando los once participantes en el acto desplegaron pancartas prosaharauis, agentes de Policía de paisano marroquí cargaron contra ellos y les arrestaron, según denuncian. El propósito de su acción, según han explicado fuentes cercanas a los detenidos es "denunciar la crítica situación de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental".

Otros tres miembros del grupo, que no consiguieron unirse a sus compañeros, se refugiaron en el hotel Nagjir. En este momento (más de las 6.30 horas del domingo), los catorce se encuentran en la sede de Casa España en El Aaiún.

Denuncias de violencia

Fariñas ha relatado que al comienzo del acto de protesta "había unos individuos estratégicamente apostados" que comenzaron a asestarles "patadas y puñetazos" y que, a continuación, la Policía marroquí les introdujo en unos furgones en los que fueron trasladados a la comisaría central de El Aaiún. "Se nos informó que estaban actuando bajo las órdenes del Procurador general del reino de Marruecos", ha señalado.

Denuncia además que en la comisaría se les dado un "relato fantasioso de los acontecimientos" en el que señalaban que la agresión había sido "una respuesta airada de los ciudadanos de El Aaiún", pero, según denuncia Fariñas, se trataba de "policías disfrazados". Posteriormente se les han solicitado "una y otra vez los mismos datos personales", hasta que finalmente han comenzado a enviarlos a Casa España, donde poco después les han comunicado que estaban bajo arresto domiciliario.

Asimismo, ha asegurado que dos de los integrantes del grupo, Carmen Rocer y Roberto Mesa, fueron trasladados al hospital para que se les atendiese por las heridas recibidas en el incidente, pero que posteriormente fueron enviadas de vuelta a la comisaría. Rocer, explica, "tenía la cara hinchada y magulladuras" y Mesa "golpes en el tórax", pero sus heridas no revisten mayor gravedad. Denuncia que se les han recetado medicamentos, pero no se los han facilitado.

Segundo incidente en una semana

El pasado lunes 23 de septiembre, otras tres activistas españolas denunciaron haber sido golpeadas por agentes policiales y militares de Marrueos en El Aaiún. Una de ellas, la catalana Isabel Terraza, había estado desaparecida desde entonces, aunque ya ha sido localizada, según ha confirmado una de sus compañeras, la aragonesa Emma Pomar. Terraza se encuentra en perfecto estado de salud, ha señalado.

Pomar y Pilar Fortuño se trasladaron a Canarias el jueves, desde donde están siguiendo con atención la situación de estos catorce activistas.

Más información:

Intentan linchar al jefe de fronteras español en Marruecos y el gobierno ni protesta

Los mandos de la Guardia Civil y de la Policía de Melilla agredidos en Marruecos

Zapatero regala a Marruecos en tres años más de 700 millones para infraestructuras

Emboscada de una turba de islamistas a la Policía Nacional en Ceuta

¿El desleal desgobierno de España?

Emboscada de una turba de islamistas a la Polic�a Nacional en Ceuta

28 de Aug de 2010 a las ::

Apedrean coches patrulla y hieren a tres agentes. El robo de un vehículo provocó el conflicto.

Los incidentes en la frontera con Marruecos parecían haber desaparecido tras la visita del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a Rabat. Sin embargo, el pasado miércoles una nueva revuelta, esta vez en Ceuta, volvía a fijar la vista en las siempre frágiles relaciones entre Marruecos y España.

A las 19.30 horas, varios agentes de la Policía Nacional detectaron el robo de un vehículo y comenzaron una persecución. El coche con los ladrones dentro se introducía en el barrio musulmán de El Príncipe, situado junto a la frontera con Marruecos.

Al avanzar unos metros –en un descampado junto a la mezquita–, los ladrones abandonaron el vehículo y continuaron a pie. Los agentes a la carrera detuvieron a uno de sus ocupantes, un marroquí de 43 que responde a las iniciales M. M., e identificaron a otro, que sin embargo consiguió huir. Mientras los agentes le leían los derechos al arrestado, un grupo conformado por unos 200 jóvenes de entre 14 y 20 años comenzó a rodear a los agentes.

El comunicado de la Policía continúa la historia: “Inmediatamente, tales personas, sin cesar de proferir insultos y amenazas, comenzaron a lanzar piedras sobre los policías, que se vieron en la necesidad de solicitar la colaboración de otras dotaciones policiales”.

La Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía se mostró convencida de que la turba actuaba organizada. No en vano contaban con pasamontañas con los que ocultar sus rostros y actuaban a las órdenes de varios cabecillas, entre los que la Policía detectó al cómplice del robo que dio origen al conflicto. La propia jefatura calificó el levantamiento de “brutal ataque” contra los efectivos policiales.

Al llegar junto a los agentes, los vecinos se dividieron en pequeños grupos y se situaron en distintos puntos rodeándoles. Comenzaron a lanzar piedras y proferir insultos visiblemente alterados. Los agentes, tapados bajo sus cascos, no podían ni siquiera huir ante la lluvia de piedras que les caía encima.

Tras los refuerzos policiales (unos 20 agentes intervinieron), el grupo de radicales ya había alcanzado las 200 personas. Las pedradas alcanzaron a dos vehículos e hirieron a tres agentes.

Según la jefatura, los agentes atacados detectaron cómo los citados cabecillas “impartían instrucciones a los agresores”, lo que constata claramente que se trataba de un movimiento organizado. “El ataque fue especialmente violento”, señaló el comunicado de la Policía.

El conflicto se prolongó durante más de media hora y no finalizó hasta que los refuerzos llevaron el material antidisturbios.

Más información:

Intentan linchar al jefe de fronteras español en Marruecos y el gobierno ni protesta

Los mandos de la Guardia Civil y de la Policía de Melilla agredidos en Marruecos

Zapatero regala a Marruecos en tres años más de 700 millones para infraestructuras

¿El desleal desgobierno de España?

Educaci�n Sexual en la ense�anza concertada: una farsa en cuatro actos

27 de Aug de 2010 a las ::

Con motivo de la entrada en vigor de la de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también llamada ley del Aborto, el pasado día cinco la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal que, junto a la FERE, representa a los centros de iniciativa social, ha hecho unas declaraciones referentes al capítulo educativo que incluye la nueva Ley.

Europa Press recoge <1> que esta ley, según el portavoz de la CECE, "atenta contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo” puesto que, a su juicio, "son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, "entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo’.”

Efectivamente, la CECE tiene claro que los padres somos los responsables primeros de la educación sexual de nuestros hijos, por lo que cae bajo nuestra estricta responsabilidad determinar "qué contenidos (...) cuándo y cómo hacerlo”. Y, hasta ahora, así hemos procurado hacerlo sin recurrir a una específica educación sexual impartida en la escuela, sea esta pública o de iniciativa social. Entre otras razones, porque se trata de una formación personal que sólo puede impartirse con garantías en el contexto de una relación de confianza e intimidad que no es posible sustituir por una clase impartida en el aula.

Coincidiendo con el criterio expuesto por la CECE, muchos padres exigimos la retirada del proyecto de Educación Sexual Obligatoria que establece la Ley del Aborto. Y no por sus contenidos —por muy previsibles que resulten— sino porque, al igual que la asignatura de Educación para la Ciudadanía, supone la intromisión del Estado a través de los centros educativos en un ámbito que corresponde a los padres administrar porque afecta directamente a la dimensión moral de la formación de sus hijos.

Esta característica diferencial y adoctrinadora de ambas asignaturas no es una especulación o un argumento de oposición política: es el propósito manifiesto y declarado del gobierno y de sus impulsores.

Ante este acertado diagnóstico, parecería consecuente que la CECE defendiera el derecho de los padres a oponerse a recibir en los centros Educación Sexual Obligatoria. Pero, por desgracia, acabamos de asistir a una función con los mismos protagonistas y pocos cambios en el guión: la implantación de la Educación para la Ciudadanía:

ACTO PRIMERO: La CECE se opone a implantar Educación para la Ciudadanía recomendando a los padres la objeción y a los centros manifestar su disconformidad y acatar la asignatura "por imperativo legal”:

"La CECE (…) propone a los padres de alumnos (..) el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia (…) Igualmente propone a los titulares de centros educativos la suscripción y difusión entre los padres de su centro de una declaración por la que, salvando el acatamiento y cumplimiento con la obligación legal de organizar la impartición de Educación para la Ciudadanía, manifiestan su disconformidad con la misma y el pleno respeto al derecho de los padres a educar libremente a sus hijos (…)". <2>

ACTO SEGUNDO: La FERE se desmarca de la oposición a Educación para la Ciudadanía y secunda al gobierno mediante el recurso a lo que denominan "adaptación” de la asignatura al ideario propio del centro. La CECE manifiesta con claridad que esta maniobra es inaceptable:

"el recurso al currículo de La Rioja demuestra que Educación para la Ciudadanía no se puede adaptar a ningún ideario” <3>

ACTO TERCERO: Las administraciones presionan a los centros amenazando con los conciertos educativos que tienen suscritos la mayoría de los titulares de CECE. Algunas asociaciones que propugnaban la objeción de conciencia recorren el camino inverso convenciendo a los padres que retiren la objeción porque los centros van a adaptar la asignatura al ideario del centro:

"La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) elaborará sus propios libros de texto de la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, ya que la Ley Orgánica de Educación (LOE) permite a los centros hacer sus propios libros si así lo decide la dirección. (…) "No vamos a incumplir la ley, sino que vamos a cumplirla del mejor modo posible", han afirmado los responsables de esta organización’.” <4>

ACTO CUARTO Y ÚLTIMO: La CECE ha relegado la lucha por los principios (el derecho de los padres) a la lucha por los contenidos (la "adaptación’ que tanto criticó en su momento a la FERE). Los padres objetores hemos sido desmovilizados con todo tipo de argumentos que tienen el denominador común de "aceptar el mal menor”. De respaldados hemos pasado a ser tolerados. Y de tolerados a combatidos. Quienes dicen respetar nuestras decisiones procuran que no se hagan efectivas. Así se escribe la historia.

EPÍLOGO

¿Se va a repetir, entonces, la farsa? Todos los indicios parecen indicar que sí. Y ojalá me equivoque, pero en sus declaraciones la CECE anuncia de soslayo la estrategia que va a seguir:

"Del mismo modo, han opinado que la "imposición" en los centros de la figura de "agentes sanitarios", deja "sin opción" a la dirección del colegio y a las organizaciones afines para que intervengan dando una visión desde su ideario o carácter propio." <5>

En román paladíno: la misma CECE que entiende que "es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo”, asume que serán sus propios centros los que arrogándose el papel de los padres, impartirán la Educación Sexual Obligatoria en sus aulas. Eso sí: "dando una visión desde su ideario o carácter propio". Dicho de otra manera: aceptamos la intromisión del Estado en los derechos de los padres siempre que los centros podamos impartir la educación sexual de acuerdo a nuestro ideario. ¿Que el Estado se entromete? Pues nosotros también. Eso sí, "según nuestro ideario”. Entramos al juego de la intromisión mientras nos dejen adoctrinar según nuestro ideario.

¿Y dónde quedan los derechos de los padres?

¿Es que hemos extendido un cheque en blanco a los centros con ideario para que formen a nuestros hijos en todos los ámbitos y en toda su profundidad?

¿Qué hay de los niños que se formarán en la escuela pública según el "ideario” impuesto por el gobierno?

¿A quién beneficia la consiguiente tensión entre centros públicos y centros concertados?

¿Es el adoctrinamiento gubernamental "una oportunidad” (como algunos han señalado) para el desarrollo de los centros de iniciativa social?

¿Creen los titulares de los centros que el gobierno aprueba leyes ideologizantes para permitirles hacer lo que les venga en gana?

En pocos meses empezaremos a tener respuestas. Ojalá, repito, me equivoque. Pero una vez aceptadas las reglas del juego dictadas por el gobierno, la libertad de los centros de iniciativa social tiene malas perspectivas a medio plazo. Por no hablar de los padres, que somos los convidados de piedra en esta contienda que se supone se libra por nuestros derechos. Ojalá nos pidieran la opinión.

-
<1>. CECE considera que la Ley de Salud Sexual atenta contra los derechos de los padres y de los centros educativos

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-aborto-cece-considera-ley-salud-sexual-atenta-contra-derechos-padres-centros-educativos-20100705140956.html

<2>. La Familia Importa · OCTUBRE 2007

http://www.sosfamilia.es/fotos_pagina/LaFamiliaImporta14.pdf

<3>. CECE - 24/06/2008 EpC: La incoherencia de la Administración Educativa

http://www.red2001.com/noticia.php?id=2725

<4>. La CECE anuncia que hará sus propios libros de texto de Educación para la Ciudadanía

http://www.consumer.es/web/es/educacion/2006/11/19/157442.php

<5>. CECE considera que la Ley de Salud Sexual atenta contra los derechos de los padres y de los centros educativos

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-aborto-cece-considera-ley-salud-sexual-atenta-contra-derechos-padres-centros-educativos-20100705140956.html

Más información:

El Instituto Catalán de Salud recomienda sexo oral a los menores

Estado de sitio tras el asesinato de dos guardias civiles en Afganist�n

26 de Aug de 2010 a las ::

Nuestro más sincero pésame a los familiares de nuestros héroes fallecidos en acto de servicio a España, así como nuestro apoyo incondicional a nuestros soldados y fuerzas de seguridad, que garantizan nuestras libertades allende nuestras fronteras arriesgando sus propias vidas.El asesino era chófer del jefe de la Policía y trabajaba en la base española. En el ataque murió también un intérprete. Acto seguido, una turba trató de asaltar el cuartel.

El martes, el Ministerio de Defensa mostraba con orgullo cómo veinticinco talibán entregaban sus armas en la base de Qala-i-Now, un gesto que invitaba al optimismo en una misión muy necesitada del mismo. Pero ayer un congénere de esos mismos talibán echó por tierra las visiones más halagüeñas matando a dos guardias civiles y a un intérprete en el interior de una de las bases españolas en la misma ciudad del oeste afgano. El capitán José María Galera Córdoba y el alférez Leoncio Bravo Picayo, junto al intérprete de origen iraní y nacionalidad española Ataollah Taefik Alili, se encontraban dando una clase a un grupo de futuros policías en la antigua base de Qala-i-Now, en el centro de la ciudad, cuando el insurgente abrió fuego y los mató en el acto. Inmediatamente, otros miembros del contingente abatieron a tiros al talibán.

El asesino de los dos guardias civiles era, según confirmaron fuentes militares, el chófer del capitán Bashir, jefe de la Policía en Qala-i-Now y que tenía sus oficinas en la misma base donde los guardias civiles impartían la instrucción a los afganos. El chófer, que también era policía, entraba y salía del recinto con total naturalidad desde hace cinco meses como conductor acreditado. Ayer, entró a primera hora de la mañana para dejar a Bashir, limpió el coche tranquilamente, se subió en él y se lanzó hacia la zona donde estaban el capitán Galera y el alférez Bravo. En el trayecto perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Acto seguido salió del coche con un kalashnikov y abrió fuego contra los dos agentes, de 33 años y que iban a ser relevados el próximo 22 de septiembre.

El ataque estaba planeado de antemano, tal y como aseguraba ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se hizo cargo de la gestión de los hechos pese a que, al estar destacados en una misión en el exterior, los guardias civiles dependen del Mando de Operaciones. Un ataque «premeditado», dijo Rubalcaba, que además provocó el primer altercado con la población local desde que las tropas llegaron a la localidad en 2005.

Nada más producirse el tiroteo que acabó con la vida de los dos guardias civiles, varios centenares de ciudadanos de Qala-i-Now comenzaron a agolparse en las puertas de la base exigiendo la entrega del cuerpo del chófer abatido. La tensión fue creciendo al mismo ritmo que el número de ciudadanos que se reunía frente al acuartelamiento. Así, tras la negativa a entregar el cuerpo, la turba comenzó a lanzar piedras contra la base. Según fuentes militares, además de objetos, los afganos lanzaron dos granadas al interior de las instalaciones que no causaron daños personales, mientras buena parte de los congregados trataba de entrar por la fuerza en el cuartel. Al mismo tiempo, en las inmediaciones de la base varios insurgentes preparaban cócteles molotov y prendían fuego a partes del perímetro exterior. En ese instante, los guardias civiles, varios militares y policías afganos realizaron disparos al aire para dispersar a la multitud y retomar el control de la calle, una de las más importantes de la localidad. Aunque fuentes locales aseguran que se produjeron dieciocho heridos durante el intento de asalto, los militares no tienen constancia alguna de ese extremo, pues no abrieron fuego contra la multitud.

Vista la tensión en la ciudad, el gobernador decidió declarar el estado de sitio. Como consecuencia, la Policía afgana acordonó los alrededores de la base, situada en el centro de la ciudad, y los mandos militares españoles decidieron reforzar la presencia de efectivos en las instalaciones, en previsión de posibles nuevos altercados. En el momento del ataque a los guardias civiles, en el interior del acuartelamiento había unos cuarenta efectivos españoles.

Fuentes militares expresaron su preocupación no sólo por el hecho de que el ataque se haya producido por primera vez desde el interior de una base, sino por la reacción de parte de la población local contra el contingente. Ambos hechos se vinculan dentro de una misma estrategia «organizada y premeditada», conclusión a la que llegaron ayer Chacón y Rubalcaba tras reunirse en el Ministerio de Defensa.

La base en la que ocurrieron los hechos ayer fue la sede del Equipo de Reconstrucción Provincial hasta que se construyó la nueva base a las afueras de la ciudad. El traslado se produjo, entre otras cosas, por las pocas garantías de seguridad que ofrecían las viejas instalaciones, al estar en medio de la ciudad y ser un fácil objetivo para los insurgentes, que podían atacar y huir con suma facilidad de la zona. Además, el incremento del contingente español obligaba a una mudanza, pues en el que estaban ya no cabían más hombres.

Antes del traslado a la nueva base, el Mando de Operaciones decidió reforzar los tejados del cuartel original tras sufrir varios ataques con granadas que impactaron en el interior sin producir daños personales. La preocupación ahora es que no se repita la rebelión de los ciudadanos.

Zapatero regala a Marruecos en tres a�os m�s de 700 millones para infraestructuras

26 de Aug de 2010 a las ::

La deferencia del Gobierno hacia Rabat contrasta con el recorte de inversiones en España. El titular de Fomento acude hoy al Congreso para explicar los reajustes.

Las inyecciones de dinero público a Marruecos por parte del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero para financiar infraestructuras en el país alauí han servido de bálsamo ante posibles conflictos entre ambos Estados vecinos. El Gobierno, pese a la crisis económica, no ha dudado estos tres últimos años en firmar cuantiosos acuerdos de cooperación con Rabat en esta materia. Así, se ha jactado de realizar estas concesiones, mientras en España, por el contrario, ha optado por aplicar un drástico recorte. De hecho, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha visto obligado a comparecer hoy en comisión en el Congreso de los Diputados a fin de explicar la reprogramación de inversión en obra pública, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, devolviese al primero 500 millones de euros de los 6.400 millones inicialmente recortados para el próximo ejercicio.

En concreto, este tipo de ayudas a Marruecos han superado los 700 millones de euros desde que se celebrara en marzo de 2007 la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí. Aquella cita fue aprovechada por el Ejecutivo para comprometer la donación de dos créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) de 100 millones de euros cada uno dirigidos a costear la construcción de una central termosolar próxima a la ciudad de Uxda, en la frontera con Argelia, y un parque eólico en Tánger.

La siguiente cumbre, en la misma línea, permitió al Gobierno agasajar al país magrebí con 520 millones, orientados principalmente a proyectos de energías renovables, agua, medio ambiente, transporte y telecomunicaciones. A la espera de que se concierte la décima RAN (entre tanto, ha tenido lugar la cumbre UE-Marruecos del pasado marzo, bajo mandato español en Bruselas), este año el Ejecutivo socialista tiene previsto destinar a infraestructuras y servicios en el reino de Mohamed VI casi 10 millones de euros. Así consta en una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta escrita de la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas.

Este montante en infraestructuras viene a sumarse a las millonarias subvenciones que Exteriores otorga a programas humanitarios y de desarrollo, y sobre todo al dinero que el Gobierno de Rodríguez Zapatero deja en manos marroquíes para que sean las autoridades del país vecino quienes asuman el grueso de frenar la llegada a costas españolas de inmigrantes, en su mayoría, procedentes del África subsahariana.

Externalización

Tanto el Plan África 2006-2008 como el recién aprobado para 2009-2012 han sido acogidos por asociaciones de Derechos Humanos como un instrumento que se limita al control de los flujos migratorios “sin vigilancia de los métodos empleados”. Anuncios de estas ayudas, aún sin materializarse, provocaron avalanchas de inmigrantes que acabaron con redadas de la Policía marroquí o deportaciones al desierto.

En octubre de 2005, nada más prometer España 20 millones de euros, cerca de mil africanos quisieron saltar la valla fronteriza de la ciudad de Melilla. Hubo seis muertos.

Más información:

¿El desleal desgobierno de España?

Un zulo insalubre y sombrilla de playa: puesto de la Guardia Civil en Melilla

25 de Aug de 2010 a las ::

Los agentes realizan turnos de 24 horas en una caseta de un metro cuadrado sin luz ni aire acondicionado. La basura se acumula en el acceso a la cabina de El Faro.

La desidia del Ministerio del Interior en la mejora urgente del deplorable estado en que se encuentran algunos de los puestos de vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Melilla es total. Con la polémica surgida estos días a raíz de las agresiones sufridas por mujeres policía españolas en la frontera con Marruecos, las denuncias sobre las malas condiciones en que desempeñan su labor los agentes del orden se han repetido, y no les falta razón.

Un caso flagrante es el de la garita que se halla situada en el Baluarte de la Concepción, junto al Museo Militar de la ciudad autónoma. El pésimo estado de habitabilidad en que está dicho zulo de vigilancia ha llevado a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en esta delegación a denunciar los hechos al jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Melilla, sin éxito alguno.

Las quejas de los agentes que prestan aquí servicio desde que se estableció el mismo en este punto hace tres años, no han cesado. Al principio, fueron a título individual, la AUGC en Melilla se constituyó el pasado junio, cuando los vigilantes permanecían las 24 horas del turno a la intemperie, con el “único refugio, en caso de lluvia, de un cuarto de baño de dimensiones diminutas”. Así lo explicó ayer Ramón Carrasco, secretario de Relaciones Institucionales del citado sindicato de la Benemérita. “En este contexto, cada agente optó por llevarse de su casa al puesto una sombrilla de playa, hasta que los mandos, aludiendo “motivos estéticos” por ser el lugar patrimonio histórico, decidieron fijar una sombrilla y cambiaron la silla por una casetilla de madera”, relata.

El habitáculo, de dimensiones similares a una cabina de teléfono, no dispone de electricidad, iluminación, calefacción ni mucho menos aire acondicionado.

Es más, apuntó el portavoz del sindicato, incluso han aparecido ratas merodeando e introduciéndose en la garita desde que se iniciaron unas obras en los muros del museo. Ante semejante panorama, el secretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, en su reciente visita a Melilla, no dudó en lamentar las “condiciones decimonónicas” en que trabajan los agentes allí destinados.

Foco infeccioso

Otro de los puestos indignos se observa en el punto conocido como El Faro. Para acceder a la garita, en la parte superior del inmueble, los guardias civiles tienen que cruzar una “nube de basura” hasta acceder a una escalera en ruinas que les lleva a la zona desde la que controlan la entrada ilegal de inmigrantes.

No existe, afirma Carrasco, ningún servicio de limpieza ni ningún tipo de inspección ordinaria. De este modo, Interior viene incumpliendo la normativa estatal de prevención de riesgos laborales aplicada a la Benemérita y aprobada en 2005. Arriba, en la cabina, las ventanas tienen que estar abiertas también de noche porque, en caso contrario, no se ve con las lentes térmicas a través de los cristales.

Vehículos sin reparar

Además, en los últimos meses, se han sucedido los incidentes protagonizados por vehículos de la Guardia Civil prácticamente inservibles. Los problemas técnicos en buena parte de la flota no son reparados pese a que se repiten casi a diario, ya que los mandos se excusan en la escasez de presupuesto por la crisis económica. Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, manifestó ayer que, al final, Marruecos “ha ganado la batalla política” tras las agresiones en la frontera.

Tres de cada cuatro cuarteles de la Guardia Civil carecen de calabozos

23 de Aug de 2010 a las ::

Los agentes tienen que trasladar a los arrestados a las dependencias de la Policía Local o a otros municipios a kilómetros de distancia

El 75,6% de los cuarteles de la Guardia Civil carece de calabozos para los detenidos, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria. Los agentes se ven obligados a trasladar a los arrestados a las dependencias de la Policía Local o a otros municipios a varios kilómetros de distancia. Además, los escasos calabozos que tiene la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana no están preparados para que los detenidos permanezcan horas encerrados y, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), más del 80% son insalubres.

Los guardias civiles explicaron que, salvo alguna excepción, los únicos calabozos que hay son en realidad "habitaciones con puertas de reja, que se cierran con una cadena. No hay ni aseos ni camas". Estas fuentes pusieron como ejemplo el "cuartel de Villena. Es una habitación que no dispone de aseo y sólo tiene un banco de piedra con un colchón. A los detenidos los trasladan a la cárcel de Villena antes de pasar ante el juez para que duerman en las habitaciones de tránsito. No es una situación normal porque al día siguiente el juez de guardia los puede poner en libertad".

La Guardia Civil, según la AUGC, sólo dispone de cuarenta plazas para detenidos en toda la provincia de Valencia. La situación más complicada se da en el Valle de Ayora donde "no hay ni un solo calabozo. Todos los arrestados los trasladan a las dependencias de la Policía Local de Requena. Alguna vez se producen incidentes porque la Policía Local de Requena no puede asumir a más detenidos y se los han tenido que llevar", precisó un portavoz de la AUGC.

Intentos de fuga en los traslados

Los agentes lamentan que tienen que hacer grandes desplazamientos para trasladar a los detenidos por la carencia de calabozos con los problemas de seguridad que conlleva. En los últimos meses cinco detenidos han intentado fugarse durante los traslados, aunque todos han fracasado.
Un responsable de la AUGC en Alicante explicó que en poblaciones importantes como Benidorm (para los arrestados por la Guardia Civil de Tráfico), Dénia, Orihuela o Novelda no disponen de dependencias para detenidos.

En la Costera, siempre según las mismas fuentes, sólo están disponibles dos celdas en el cuartel de la Guardia Civil de Xátiva y en l'Horta Nord (que tiene más cuatrocientos cincuenta mil habitantes) sólo hay dos plazas en Paiporta, cuatro en Alfafar y dos en Picassent. "Casi todos los detenidos acaban en las dependencias de las policiales locales, que sí están bien acondicionadas", añadieron.

El secretario general de la AUGC en Valencia, Juan Liébana, indicó que la Guardia Civil cerró definitivamente los calabozos de Llombai después de que se fugara un detenido. Liébana advirtió de las deficientes condiciones de salubridad en dependencias policiales como las de Carlet. "Hace seis meses un detenido por robo vomitó sangre en el calabozo de Carlet porque no había cuarto de baño y los médicos sometieron a todos los agentes a pruebas para comprobar si se habían infectado de tuberculosis", aseguró Liébana. La falta de celdas se suma al estado ruinoso del ochenta por ciento de los cuarteles valencianos, situación que ha obligado a algunos ayuntamientos a ceder dependencias a la Guardia Civil. La AUGC ha pedido el cierre inmediato de los cuarteles en mal estado.

"A veces los encadenan a bombonas de butano"

Manuel Martínez, portavoz de la AUGC en Alicante, aseguró que un cuartel de l'Alacantí "a veces encadenan a los detenidos a bombonas de butano porque no tienen espacio en los calabozos. Es una vergüenza. La falta de medios obliga a los agentes a agudizar su ingenio para poder trabajar. Es una situación generalizada en toda la Comunitat Valenciana".

Familiares del fallecido en la detenci�n de Mazarr�n piden una segunda autopsia

23 de Aug de 2010 a las ::

El abogado de la familia sostiene que el fallecimiento fue consecuencia de la excesiva violencia ejercida por los agentes que intervinieron.

Los familiares de un hombre, de 38 años, que falleció el pasado sábado en el camping del Bolnuevo (Mazarrón) tras perder el conocimiento cuando era reducido por agentes de la Policía Local, han reclamado que se le practique una segunda autopsia "que determine con exactitud la causa de la muerte", ya que "el fallecimiento fue consecuencia de la excesiva violencia ejercida por los agentes que intervinieron", según sostiene el abogado de la familia.

Por su parte, el equipo médico observó que la posición en la que se encontraba la víctima "no era la adecuada, y recriminó a los policías la forma en que tenían a Luis Alberto y que no hubieran realizado maniobra alguna de primeros auxilios".

Los acontecimientos

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado, cuando los familiares de la víctima, que se encontraban en el camping de Bolnuevo, a través del servicio de seguridad del mismo pidieron auxilio a la Policía Local de Mazarrón ante la conducta "violenta y agresiva" que presentaba la misma, según informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Una vez personados en el lugar, la Policía Local de Mazarrón comprobó los hechos y, ante la actitud "violenta, hiperactiva y agresiva" que también ejerció hacia los agentes, procedió a la reducción del mismo en presencia de sus familiares. Momentos después, la víctima sufrió una pérdida de conocimiento, por lo que los servicios médicos desplazados al lugar de los hechos sólo pudieron certificar su fallecimiento.

En el lugar se personó el médico forense de Cartagena, que autorizó el traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense de la ciudad portuaria para realizar la autopsia. Los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia son los encargados de instruir las diligencias e investigar el suceso para el total esclarecimiento de los hechos.

El comunicado de la familia

Ante tales hechos, el abogado de la familia ha remitido un comunicado en el que se pone de manifiesto que la víctima, Luis Alberto, de 38 años y "sin ninguna enfermedad o padecimiento grave", murió "a causa de la actuación violenta y desproporcionada de los agentes".

Al hilo, relata que "sobre las 4.00 horas se produce una discusión en el camping con los vigilantes de seguridad del mismo y, a continuación, sin que se diera aviso previo y menos fueran llamados por la familia, se personan dos agentes de la Policía Local que patrullaban por la zona en ese momento".

Así, continúa el abogado, "los dos agentes inmovilizaron y sujetaron a Luis Alberto, que se encontraba en un estado eufórico y discutía con los vigilantes de seguridad". Posteriormente, llegaron varios agentes más "y sin necesidad ni motivo que lo justificara, intervinieron en el desarrollo de los acontecimientos". "Luis Alberto fue esposado por los agentes que posteriormente, una vez reducido, le arrastraron violentamente varios metros hasta un coche estacionado en la zona del camping, golpeándole en repetidas ocasiones contra el capó del coche".

El abogado de la familia de la víctima entiende que "tras los numerosos golpes y la excesiva violencia ejercida por los agentes, uno de ellos le agarró fuertemente del cuello alegando que se trataba de una maniobra de inmovilización, y tras dicha actuación quedó en un estado de inconsciencia, situándole en el suelo esposado boca abajo".

De este modo, y al constatar que la víctima "sangraba abundantemente por la nariz y que no se movía, además de la posición en la que se encontraba, sin que los agentes realizaran ninguna actuación de auxilio, ni dejaran a la familia aproximarse para conocer el estado de la víctima, uno de los agentes que llegó con posterioridad llamó a la ambulancia, tardando más de 40 minutos en llegar al camping". A ello hay que añadir, según el abogado, que "los policías actuantes, en número excesivo, impidieron en todo momento a sus familiares que pudieran auxiliar a Luis Alberto, que presentaba signos evidentes de estar muy grave, sin respiración manifiesta". Argumentaron, ante los requerimiento de la familia, que "no se acercaran, ya que tenía pulso y estaba bien".

�El desleal desgobierno de Espa�a?

19 de Aug de 2010 a las ::

Título original: Los desleales son ellos

El mundo al revés. Si los españoles quieren calibrar el alcance de la actual ofensiva contra Melilla y Ceuta, enésimo episodio del largo y persistente pulso marroquí contra las dos ciudades norteafricanas, no tienen más que coger las palabras del Gobierno y darles la vuelta. Así, el ministro de Fomento José Blanco dio ayer dos perlas muy significativas: que el conflicto “se va a arreglar de forma inmediata”; y que la visita de José María Aznar a Melilla “es una deslealtad” a España. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Si concluyen el bloqueo y las agresiones de un apéndice cívico y más o menos encubierto del reino alauita en el paso fronterizo de Beni-Enzar contra Melilla, (lo cual está por ver), dentro de un tiempo Rabat volverá a la carga con nuevas presiones sobre lo que el mismísimo primer ministro Abbas el Fasi ha calificado de ciudades “ocupadas”. La presión de la llamada Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos no es más que el principio. Y Rabat no dudará en intensificar las ofensivas, disfrazadas de movimiento cívico, aprovechándose justamente de la debilidad y el buenismo de un Gobierno que ha hecho bandera de la rendición preventiva.

Y tiene gracia que el Ejecutivo tilde de “desleal” a José María Aznar, cuando fue Zapatero quien, a la sazón secretario general del PSOE, acudió a Marruecos en 2001, en el momento más inoportuno, en contra de las recomendaciones del Gobierno, cuando Rabat había llamado a consultas a su embajador en Madrid. Está claro que a los socialistas les escuece la presencia del gobernante que paró los pies a Marruecos en la crisis de Perejil, en 2002, y al que no le tembló el pulso al defender a España. Porque el ex presidente deja en evidencia a los “desaparecidos” Zapatero y Moratinos. ¿Quiénes son los desleales a España? ¿El Gobierno que plantó cara a Rabat, defendiendo el territorio nacional? ¿O el que se encoge de hombros ante la actual crisis, dejando a su suerte a Melilla, permitiendo el bloqueo o el acoso y agravio a las mujeres policías?

Es importante que lo sepamos porque el pulso marroquí no ha hecho más que empezar. Cierto que la realpolitik y las relaciones de vecindad nos obligan a entendernos con el vecino del sur –y ahí se enmarcan acuerdos como el Tratado de Amistad y Cooperación de 1991–, pero sin olvidar un par de detalles. En primer lugar, que estamos ante una autocracia, que no sabe lo que es el Estado de derecho, con un régimen que no respeta los más elementales derechos humanos, con sus tristemente célebres mazmorras llenas de presos sin las más mínimas garantías, donde se persigue a los cristianos y donde la mujer tiene una consideración medieval, por ejemplo. Nunca ha sido una democracia ni lo ha pretendido. Obvio, ¿verdad? Menos para el Gobierno de Zapatero, que, a juzgar por lo que estamos viendo, sigue subido al guindo.

El segundo detalle, consecuencia del anterior, es que Marruecos nunca ha dejado de presionar a España con dos tipos de armas. Las territoriales, con la reivindicación sobre las dos ciudades autónomas; y las sociales, con la inmigración ilegal. Un día es Perejil, otro el paso de Beni-Enzar, la amenaza de extender el bloqueo a Ceuta o el acoso a las mujeres policías. El caso es reeditar, de variadas formas, nuevas Marchas Verdes tras las cuales están siempre los Gobiernos de Rabat. Nada va a cambiar en este sentido, mal que le pese al ministro Blanco; entre otras razones porque Mohamed VI, como su padre Hassan II, como otros dictadores, utiliza los conflictos internacionales para tapar las vergüenzas y abusos domésticos. Es el viejo adagio de los autócratas: no hay mejor forma de callar a los descontentos y de mantener la cohesión interna que inventarse un enemigo exterior. Sólo hace falta realimentar periódicamente el agravio.

Con el zapaterismo lo tienen mucho más fácil que con Aznar. El régimen alauita le tiene cogida la medida al Gobierno que se estrenó con una retirada (Irak), que sigue teniendo como asesor a un personaje como Cajal, partidario de “devolver” Ceuta y Melilla, y que aplica –a quien amenaza su frontera y lesiona sus intereses– la doctrina Cuba, consistente en regalarle dinero al agresor (en este caso un millón de euros, como acaba de hacer Exteriores). Es consciente del terrible e inexplicable complejo del apóstol de la Alianza de Civilizaciones frente a Marruecos en particular y el mundo islámico en general. Un Gobierno que se muestra contrario al velo, pero que ceba el radicalismo islamista al subvencionar a escuelas salafistas. Un Gobierno que por un lado presume de la igualdad de sexos, pero que, por otro, reacciona con una semana de retraso ante el acoso a las agentes en la frontera de Melilla, con la tardía condena de la ministra Aído. Un Gobierno missing ante la delicada situación que viven las dos ciudades autónomas, pero que endosa la responsabilidad de la tensión al Partido Popular, comenzando por un Rubalcaba que pidió al primer partido de la oposición que no visitara la frontera. Un Gobierno complaciente, incapaz de defender los intereses y el territorio español, rendido de antemano ante las demostraciones de fuerza. Un Gobierno que se enfrenta ante el acoso de un sátrapa con la peor de las estrategias posibles: con una rama de olivo en el pico.

T. Roosevelt: “Siempre se debe preferir la acción a la crítica”.

Más información:

Intentan linchar al jefe de fronteras español en Marruecos y el gobierno ni protesta

Los mandos de la Guardia Civil y de la Policía de Melilla agredidos en Marruecos

Zapatero regala a Marruecos en tres años más de 700 millones para infraestructuras

Blanco dice que los impuestos espa�oles son muy bajos y plantea subirlos

16 de Aug de 2010 a las ::

El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que los impuestos españoles son "muy bajos" y abrió la puerta a "homologarlos" a la media de la UE para lograr servicios e infraestructuras "de primera", sin concretar si esta subida debería afectar también a las rentas medias o solamente a las más altas.

En una entrevista a Europa Press, el ministro de Fomento respondió así tras ser preguntado si finalmente se subirá la carga fiscal a los que más tienen, como ha planteado el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando el debate de las cuentas para 2011 a partir del mes de septiembre.

Según Blanco, no habrá que esperar mucho para saber si habrá subida y para quienes: "Cuando abordemos el Presupuesto General del Estado para 2011 en los próximos días, los ciudadanos conocerán la política de ingresos y gastos", precisó.

Así pues, a modo de "reflexión", Blanco tomó partido y afirmó que España, "en relación con los servicios públicos que tiene y en relación a las infraestructuras que tiene y que tiene que seguir desarrollando, cuenta con una base impositiva muy baja en relación con la media de los países europeos".

"La pregunta que siempre se tienen que hacer los ciudadanos es que si queremos unos servicios públicos de primera o unas infraestructuras de primera, tendremos que tener también impuestos homologables a los de los países europeos", añadió.

El Gobierno no da marcha atrás

Por el momento, el Gobierno ha confirmado en varias ocasiones a lo largo del último mes que su intención es subir impuestos en el marco de los próximos Presupuestos, aunque sólo para las rentas más altas. La incógnita abierta hasta ahora era si ello afectaría a los tramos del IRPF, si se rescataría el Impuesto sobre el Patrimonio o si se crearía una nueva figura impositiva.

"Si hay que pedir nuevos esfuerzos a los españoles lo haré, lo haré en los PGE (...). La idea del Gobierno es que esos esfuerzo van a ser para aquellos con alta capacidad económica", aseguró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación, a mediados del mes de julio.

Zapatero dijo entonces que se trataba tan sólo de una "idea" para pedir "nuevos esfuerzos" a los ciudadanos con alta capacidad económica. Desde entonces no ha habido concreciones, aunque en los primeros días de agosto el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró de nuevo que el Gobierno mantiene "totalmente abierta" la posibilidad de subir los impuestos a las rentas más altas.

Según dijo, el Ejecutivo "está estudiando" la subida fiscal para "los sectores de la sociedad que tienen las rentas mucho más altas" y añadió que la propuesta "se verá en su momento".

Ese momento son los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que se debatirán a partir de septiembre. Zapatero también avanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación que tomaría las decisiones oportunas, en un contexto de déficit y necesidad de ingresos del Estado, "cueste lo que cueste".

El sofisma de los impuestos

Hace sólo cinco años, frente al Comité Federal del PSOE y luego en el propio Parlamento, un exultante Zapatero afirmaba rotundo que bajar impuestos era de izquierdas.

Eran otros tiempos. La bonanza económica de los años de Aznar y la frenética actividad que impulsaba la burbuja inmobiliaria llenaban las arcas estatales. El Gobierno no sólo no necesitaba subir los tributos, sino que podía permitirse el lujo de hacer algún recorte propagandístico sin que eso hiciese mella en el desorbitado gasto público que ha caracterizado la legislatura y media de Zapatero.

En esa clave, en la del gasto, es en la única que puede entenderse la anunciada subida de impuestos. El Ejecutivo no quiere reducir su tren de vida y, como la economía se encuentra paralizada, el único modo que tiene de mantenerlo es aumentando la carga tributaria sobre la clase media. Por ahí va el globo sonda de Blanco. Persuadida La Moncloa de que un endurecimiento fiscal se materializará en aumento de los ingresos, creen haber dado con la solución para cuadrar el presupuesto.

Para convencer de una medida tan impopular a la maltratada clase media, el Gobierno se ha sacado de la chistera el sofisma de que los españoles somos los que menos impuestos pagamos de Europa. Falso, como argumentan los propios técnicos de Hacienda. Hay dos modos de medir la carga fiscal que una sociedad soporta. La primera, la de “presión fiscal”, que es de la que se está valiendo Zapatero, se obtiene dividiendo la recaudación tributaria entre el PIB. La segunda, la conocida como “esfuerzo fiscal”, refleja el peso que representa la presión fiscal sobre la renta per cápita. Este último indicador es infinitamente más fiable si lo que se busca es conocer la carga impositiva que soporta un individuo. En “esfuerzo fiscal” España está a la cabeza de Europa, sólo superada por Italia y Portugal, lo que da fe de la carga que ya soportamos. En “presión fiscal” se encuentra a la cola, pero por la simple razón de que, al tratarse de un agregado macroeconómico, el boom de la última década ha hecho dispararse tanto la recaudación fiscal como el PIB nacional. Si se toman indicadores aislados como el IVA, la retención máxima de IRPF o el impuesto corporativo lo único que se ve es que los españoles pagamos porcentualmente menos, pero mucho más si contamos las diferencias de ingreso.

Así, los daneses disponen de una renta per cápita que duplica la española pero sólo pagan siete puntos más de IVA e IRPF en su tramo máximo. Con otras economías la comparación debería hacer que el Gobierno se sonrojase. Luxemburgo triplica la renta per cápita española y tiene unos tipos impositivos menores: tres puntos menos de IVA, cuatro de IRPF y dos de impuesto a las empresas. Pero la trampa macroeconómica que utiliza Zapatero nos dice que los contribuyentes luxemburgueses soportan mayor presión fiscal que los españoles. Y así es si nos fiamos exclusivamente de la “presión fiscal”.

Si los tipos impositivos son, de promedio, más bajos en España que en el resto de la UE, es porque uno de los modos en que, dada nuestra baja productividad, nuestra economía gana competitividad es por la vía fiscal. Si, como persigue el Gobierno, se armoniza la fiscalidad española con la europea habremos perdido una de nuestras armas y el país se empobrecerá a pasos agigantados. Ninguna economía ha crecido subiendo impuestos ya que los tributos altos desincentivan la creación de riqueza, promueven el fraude y privan a individuos y empresas de capital para invertir. Es una de las peores políticas económicas que existen, y Zapatero debería saberlo.

Condenado un polic�a local de Sevilla por tener 60.000 archivos pederastas

13 de Aug de 2010 a las ::

Dos años y medio de cárcel, esa es la pena que tendrá que afrontar un policía local de Sevilla por almacenar en el ordenador de su casa más de 60.000 archivos pornográficos de menores, algunos de ellos con niños de corta edad e incluso bebés.

Un policía local ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla a dos años y medio de cárcel por almacenar más de 60.000 archivos pornográficos de menores, muchos de ellos de muy corta edad e incluso bebés. El agente había recurrido la sentencia, pero el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso y ha confirmado la condena en todos sus extremos.

El Supremo rechaza el argumento del acusado de que desconocía lo que se descargaba en su ordenador, ya que la presencia de tan 'elevadísimo' número de archivos solo se explica porque el acusado conociera la funcionalidad de tales programas, unido a su profesión de policía local, "que exige un cierto nivel cultural".

El acusado, M.G.C., de 40 años, fue detenido el 6 de marzo de 2007 en su domicilio de Aguadulce (Sevilla) y en su ordenador se localizaron más de 60.000 fotografías o vídeos descargados de internet, "claramente pornográficos en los que se utilizaba a menores de edad, algunos de ellos palmariamente de menos de 13 años e incluso bebés de pocos meses", según la sentencia.

En su dormitorio se localizaron 60 CD que tenían grabados "hasta un total de 15.355 imágenes y 207 vídeos, con escenas de sexo explícito, felaciones y penetraciones en las que participaban menores". El Supremo ha rechazado todos los motivos de recurso del acusado, entre ellos que el registro policial se llevó a cabo sin la presencia de su padre, titular oficial del domicilio.

La sentencia responde que "ningún precepto de la ley" dice que el titular del domicilio deba ser su propietario, sino que habla de que el registro se haga "en presencia del interesado" y como tal se entiende a "cualquier persona que habite en el domicilio objeto del registro".

Escabullirse alegando que no sabía de tecnología.

El condenado alegó además que la Guardia Civil obtuvo el IP de su ordenador por medios ilegales, sin autorización judicial, pero el TS responde que ese dato que obtuvieron los investigadores en un rastreo de programas de contenido pedófilo "era público al haberlo introducido en la red el propio usuario, el acusado, al utilizar el programa P2P" de intercambio de archivos.

M.G.C. argumentó que no se ha demostrado que tuviese "la conciencia y voluntad de difundir, distribuir o exhibir dicho material" y que desconocía que el programa Emule, al tiempo que descarga contenidos, llevase a cabo un intercambio de archivos.

En ese sentido, dice el Supremo que en estos programas "cuanto más material se comparta, más posibilidades hay de acceder a otros archivos", por lo que el usuario que lo instala "no puede ignorar tal forma de funcionar, única que explica el fácil acceso y descarga de tan elevadísimo número de archivos a través de internet".

El acusado "fue capaz de introducir su propio nick o alias en sustitución del que aparece por defecto, lo que supone acceder a ciertas herramientas del programa y un mínimo manejo del mismo"", según el alto tribunal.

En su día, la Audiencia sevillana optó por la condena más elevada en la franja prevista para este tipo de delitos por la elevada cantidad de archivos que almacenaba el acusado y que difundía a terceras personas y por su carácter "especialmente abominable y repugnante" debido al empleo de niños de muy corta edad.

En libertad el polic�a local de Alcal� de Guada�ra que realiz� disparos en su casa

12 de Aug de 2010 a las ::

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dejado en libertad provisional al policía local de dicho municipio sevillano que fue detenido este martes tras haber realizado disparos en el jardín de su casa y haberse comportado de "modo no correcto" en la comisaría de dicha localidad sevillana cuando acudió con la intención de recuperar su arma, que le había sido retirada por la Policía Nacional como consecuencia de dicha actuación.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dejado en libertad provisional al policía local de dicho municipio sevillano que fue detenido este martes tras haber realizado disparos en el jardín de su casa y haberse comportado de "modo no correcto" en la comisaría de dicha localidad sevillana cuando acudió con la intención de recuperar su arma, que le había sido retirada por la Policía Nacional como consecuencia de dicha actuación.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, que también precisaron que el juzgado ha impuesto como medida cautelar al implicado la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado mencionado.

Asimismo, las fuentes indicaron que el juzgado alcalareño centra su actuación en un presunto delito de atentado contra la autoridad que habría cometido el policía local, al haber supuestamente agredido a un agente de la Policía Nacional de la comisaría de dicha localidad sevillana cuando acudió a reclamar el arma que se le había retirado anteriormente tras realizar disparos en el jardín de su casa.

En cambio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de dicho municipio ha decidido deducir testimonio respecto de los disparos que el policía detenido habría realizado en su casa, una actuación que no considera constitutiva de delito por "no haber amenazado a nadie ni haber realizado los disparos con un arma ilegal, ya que disponía de autorización para el uso de armas".

En ese punto, el juzgado deja que sea el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que este miércoles ya decidió expedientar al policía local y suspenderlo cautelarmente de sus funciones, el que tome las medidas cautelares que considere oportunas respecto a su proceder.

Los hechos se remontan al pasado martes por la tarde, cuando vecinos del mencionado policía informaron alrededor de las 20,30 horas a la Policía Nacional de que éste se encontraba realizando disparos en el jardín de su casa con su arma, por lo que agentes de dicho cuerpo se personaron en su domicilio para retirarle su pistola.

Juicio oral contra cinco polic�as de Mijas acusados de narcotr�fico

01 de Aug de 2010 a las ::

Los agentes fueron detenidos en noviembre de 2009 por su presunta implicación en una organización estructurada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola ha acordado la apertura de juicio oral para cinco agentes de la Policía Local de Mijas y para una persona más, que fueron detenidos en noviembre del pasado año 2009 por su presunta implicación en una organización estructurada supuestamente dedicada al tráfico de drogas.

A través de un auto, se dan por aceptados los escritos de acusación presentados por el ministerio fiscal y la acusación particular, en representación del Ayuntamiento mijeño, por un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que no causan grave daño, con la circunstancia de actuación en el ejercicio de su cargo en el caso de los agentes policiales.

Asimismo, también se aplica la circunstancia del Código Penal que se refiere a pertenencia a organización o asociación, al considerar la acusación que los cinco policías "constituían, al menos desde el mes de febrero 2009, un grupo organizado", bajo la "jefatura efectiva" de uno de ellos. Además, se contempla la circunstancia de la notoria cantidad de droga intervenida.

Según el escrito del ministerio fiscal, cinco de los acusados en esta causa, presuntamente, aprovechaban "su condición de funcionarios de la Policía Local de Mijas , la posibilidad de utilización de uniformes, armas, documentos y vehículos oficiales, así como la información recibida como consecuencia de dicha condición en su función de reprimir la delincuencia".

Así, supuestamente, estos cinco policías se presentaban de forma sorpresiva y "sin ponerlo en conocimiento de sus superiores e intentando eludir todo control por parte de los mismos" en determinadas operaciones de desembarco o tráfico de sustancias estupefacientes y provocaban la huida de los narcotraficantes, que abandonaban el alijo.

Entonces, "podían apropiarse y lucrarse con el producto de su venta". Según la acusación, en dicha estructura organizativa, uno de los agentes era "el jefe" y "lo era también de su pareja" de servicio; mientras que otro era "subordinado" al supuesto responsable del grupo, pero "manteniendo el control de su unidad operativa" y transmitiendo órdenes a su compañero.

La participación del quinto agente, según el escrito, "radicaría, fundamentalmente, a partir de febrero de 2009, en el suministro de información decisiva para las operaciones, proveniente de importantes contactos que tiene tanto en otros cuerpos de seguridad como en el submundo del narcotráfico procedente de Marruecos".

OPERACION

En cualquier caso, se apunta, su forma de actuar "les permitiría, y así también lo tenían planteado, simular que la habían incautado en cumplimento de sus funciones policiales". Tras algunas operaciones fallidas o que no se pueden acreditar, en noviembre de 2009 se habría llevado a cabo una, según se sostiene, para cuya organización tres de los acusados habrían quedado en casa de uno de ellos.

Una de las patrullas es la primera en llegar a un descampado, en la zona del Higuerón de Fuengirola, en el que localizaron "una cantidad indeterminada de hachís, distribuida en pastillas de 250 gramos, custodiada por un niño que huyó al verles". Después llegaron los otros y contactaron con el sexto acusado, quien "a cambio de recompensa accedió a esconder dicha droga en su domicilio".

Allí, los investigadores intervinieron, según el atestado, 642 pastillas de 250 gramos, que pesaba en total de 162 kilogramos; mientras que el principal acusado "también escondió en su vehículo particular" otras cinco pastillas. Este y su compañero fueron por tercera vez al descampado a recoger otras 50 pastillas, que iban a llevar al mismo domicilio, aunque fueron detenidos, señala el fiscal.

Las penas solicitadas para los seis acusados contra los que se ha abierto juicio oral van entre los seis años y nueve meses de prisión y los cuatro años. Además, según señala el juez en su auto, se considera competente para el enjuiciamiento de esta causa a la Audiencia Provincial de Málaga.

Más información:

Prisión para los cuatro policías locales detenidos en Mijas por tráfico de drogas

Detienen a un teniente coronel en la reserva por un atraco a un banco en M�laga

24 de Jul de 2010 a las ::

Agentes de paisano lo sorprendieron al salir de la entidad con una mochila en la que portaba el botín y una pistola cargada.

Camisa, pantalones cortos de vestir y mocasines. Nada en la indumentaria de aquel hombre hacía presagiar sus verdaderas intenciones. Ni siquiera las gafas de sol y la gorra, que más parecían unos complementos para soportar los rigores del verano que una manera de ocultar su rostro. Parecía un cliente mayor. La barba blanca, que no era postiza, ayudaba a dar seriedad a su cuidada apariencia. «Por eso en el banco le abrieron sin dudar», comentaba un agente. Una vez dentro, J. J. G. S., de 55 años, supuestamente sacó una pistola y atracó la sucursal. No fue un golpe rápido y la policía lo pilló al salir. Fue entonces cuando descubrieron, para su asombro, que es militar. El detenido es teniente coronel en la reserva activa, según confirmaron fuentes policiales.

Los hechos que se investigan sucedieron a las 13.50 horas de ayer en una oficina de Ibercaja situada en el bulevar Louis Pasteur, en Málaga capital. La policía tuvo noticias en tiempo real de que se estaba produciendo un atraco a punta de pistola y que podía haber rehenes.

El asaltante permaneció dentro de la entidad unos diez minutos. La comisaría activó un dispositivo con agentes del Grupo de Atracos apoyados por efectivos de los distritos. Los policías se apostaron discretamente en los alrededores. Iban de paisano para evitar que el atracador se percatara de su presencia. Por seguridad, las vías de escape también estaban vigiladas con funcionarios de uniforme.

Una pistola en la mochila

El hombre salió de la sucursal con una mochila en la mano cuando el reloj marcaba las dos de la tarde. Se dirigía hacia un coche -un Skoda- que tenía aparcado en las inmediaciones. Unos agentes vestidos con ropa de calle se acercaron a él y lo sorprendieron sin dejarle tiempo a reaccionar. No opuso resistencia.

Llevaba el botín en la mochila. Según las fuentes, más de cinco mil euros que presuntamente acababa de sustraer del cajero automático de la entidad. También portaba una peluca, la gorra y las gafas de sol, así como la pistola con la que habría intimidado a las víctimas.

Los agentes comprobaron que el arma era real y estaba cargada. Una nueve milímetros Parabellum. Al ser teniente coronel del Ejército, dispondría de una licencia de tipo A, que le permite tener en total cuatro armas, incluida la reglamentaria.

El arrestado, natural de Zaragoza y con domicilios en Málaga y Ceuta, carece de antecedentes policiales. Fue conducido a la Comisaría Provincial, donde ayer por la tarde aún se instruían las diligencias del caso. El Grupo de Atracos se ha hecho cargo de la investigación, que pasa ahora por averiguar si estaría detrás de otros robos.

Un polic�a nacional detenido por liderar el grupo que asalt� un cami�n con coca�na

19 de Jul de 2010 a las ::

Un policía nacional está entre los 18 detenidos en la operación de los Mossos d'Esquadra que ha desmantelado un grupo relacionado con la introducción de 350 kilogramos de cocaína en Catalunya oculta en 692 motores eléctricos enviados entre abril de 2008 y septiembre de 2009, en concreto por presuntamente liderar la banda que asaltó un camión que llevaba uno de los cargamentos, de 80 kilos.

Según han informado fuentes cercanas al caso, este policía de Sabadell supuestamente era uno de los cabecillas del grupo de atracadores de 'narcos' que robó la carga de la otra organización, que era la que introducía la droga en Catalunya. La investigación policial se desarrolló en dos fases.

En la primera, que culminó el 24 de mayo, se desarticuló al grupo de atracadores, compuesto presuntamente por ocho personas: dos de los detenidos el día de la recuperación del camión, cuatro el 24 de mayo tras registrarse cinco pisos de Sabadell, y dos que habrían huido el día del robo del camión.

La segunda fase de la investigación finalizó el 8 de julio con el registro de seis viviendas en Mataró y L'Hospitalet, que se saldó con nueve detenidos, supuestos integrantes del grupo de 'narcos' investigado. Esta organización habría participado en ocho envíos de cocaína oculta en motores eléctricos.

El grupo que traía la droga la cargaba en contenedores en Panamá que se transportaban por mar a Hamburgo, y desde Alemania se trasladaba por carretera al Puerto de Barcelona. El sistema de ocultación de la droga era muy sofisticado y elaborado de manera que no se apreciaba ninguna manipulación del motor. Se ocultaba en el eje, que estaba cubierto con cable de acero, y en cada motor se escondía alrededor de medio kilo, con una pureza que oscilaba entre el 80 y el 90 por ciento.

Tutelada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, la investigación se inició en septiembre de 2009 a raíz de una actuación policial, coordinada entre los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona, que se saldó con la interceptación en Rubí de un camión robado cargado con 80 kilos de cocaína oculta en 162 motores, y el arresto de tres personas. En el curso de la investigación se desmanteló un laboratorio de cocaína, desde donde se preparaba la sustancia para su venta. El total de detenidos en esta investigación es de 18, de los que siete han ingresado en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos una vez se analice el material informático intervenido.

El Tribunal Supremo inhabilita a dos polic�as nacionales por abofetear a un detenido

15 de Jul de 2010 a las ::

Ratifica la condena de dos años de suspensión que les impuso la Audiencia.Los absuelve de agredir a otro porque no se excedieron al reducirlo a porrazos.

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de dos años de inhabilitación para desempeñar empleos y cargos públicos, además de seis meses de cárcel, que la Audiencia Provincial de Zaragoza impuso el año pasado a dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que propinaron sendas bofetadas a un detenido en las dos ocasiones en las que, una misma madrugada, fue introducido en la Jefatura Superior.

El incidente se remonta a las cuatro y media de la mañana del 1 de julio del 2007, cuando varias personas --el sargento del Ejército D. H. M. y su amigo S. V. G., entre otros-- comenzaron a increpar a un joven de color negro en una marquesina de autobús de Gran Vía. La Policía les pidió que se identificaran, a lo que el primero respondió mostrando su carnet militar y el segundo, dando el nombre de una calle. Fue detenido y trasladado a comisaría, a donde le siguió la cuadrilla.

La sentencia narra cómo S. V. G. recibió "una bofetada en el oído izquierdo" de un policía al poco tiempo de ser introducido en las dependencias policiales. Al salir, mientras golpeaba una marquesina y pateaba un coche, comenzó a llamar "cabrones" e "hijos de puta" a los agentes. Gritaba que le habían pegado y sentía un doloroso zumbido en el oído izquierdo.

Fue introducido de nuevo en la Jefatura, en esta ocasión por un agente que "desconocía lo que había sucedido antes" y que le "propinó una nueva bofetada en el mismo oído izquierdo por el hecho de que le estaba mirando".

RECURSOS

El Supremo ha rechazado los recursos de los agentes condenados por estos hechos por delito contra la integridad moral. El detenido estaba, indica, "imposibilitado de evitarlo y de reaccionar, al encontrarse bajo la custodia de los agentes de la autoridad". Y el bofetón, añade, aunque no fuera físicamente grave, "tiene como único objetivo humillar a quien lo recibe".

Ante la Jefatura había sido arrestado poco antes el sargento. Concretamente, tras soltarle al agente que le dijo que no podía quedarse sentado en las escaleras de acceso: "Gilipollas, te voy a quitar la barba de dos hostias".

Los agentes tuvieron que emplearse a fondo para reducirlo, ya que el sargento, "fuerte y corpulento", les amenazó e insultó --"me vais a tocar los cojones después de poneros firmes ante mí", les dijo-- y mostró una "resistencia tenaz": se negó a acompañarles, "levantó el brazo como para dar un puñetazo", lanzó patadas al aire e intentó huir, narra la sentencia, que añade que fue finalmente esposado tras propinarle los agentes con sus porras varios golpes que le causaron hematomas en las nalgas, los muslos y el hombro.

La Audiencia de Zaragoza impuso por esa acción sendas multas que sumaban 240 euros a cuatro policías, a los que declaró culpables de una falta de lesiones y otra de vejaciones sobre el militar. El Supremo revoca esa decisión al aplicarles la eximente de cumplimiento de un deber: "El uso de la fuerza fue proporcionado a la gravedad de la acusación" y las "levísimas lesiones padecidas por el detenido se debieron a la necesidad, surgida en ese momento, de emplear la fuerza para reducirlo y evitar que continuara con su actitud agresiva lanzando golpes y patadas a los agentes".

Interior activa la expulsi�n de la mujer que denunci� abusos de un polic�a nacional

10 de Jul de 2010 a las ::

La Fiscalía se opone a la extradición porque un juzgado de Orihuela investiga las presuntas agresiones.

El Ministerio del Interior ha activado la expulsión de una inmigrante marroquí que denunció que un agente del Cuerpo Nacional de Policía abusó sexualmente de ella en la comisaría de Orihuela. La joven permanece retenida desde hace más de un mes en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia y la intención de Interior es repatriarla el próximo martes. La Fiscalía se opone a la expulsión porque el juzgado de Orihuela está investigando los supuestos abusos sexuales y se perdería la prueba principal. Los miembros de la «Campaña por el cierre del centro de extranjeros» de Valencia han denunciando el caso ante el Defensor del Pueblo.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que «es fundamental la presencia de la testigo en el juicio» por los supuestos abusos sexuales. La Fiscalía cree que no se va a producir la extradición, pero al abogado de la joven le han comunicado que es inminente.

La inmigrante, que responde a las iniciales N. B., fue detenida el 28 de mayo en Orihuela. Los agentes comprobaron que tenía en vigor una orden de expulsión desde hace tres años y pidieron al juzgado que la internara en el CIE de Valencia.

La joven compareció en el juzgado que debía decidir sobre su internamiento. En ese momento, denunció a la juez que un agente de la policía nacional había abusado sexualmente de ella en los calabozos de la comisaría de Orihuela. La juez ordenó que fuera internada y remitió la denuncia de los abusos sexuales a otro juzgado para que abriera diligencias.

El magistrado que recibió la denuncia halló indicios de delito y abrió diligencias previas para esclarecer la supuesta agresión sexual. Mientras el juez comenzó las pesquisas, la joven fue trasladada al CIE de Valencia en cumplimiento de la orden de la otra magistrada. N.B. llegó a Valencia el 31 de mayo y al día siguiente Interior ya intentó ejecutar la extradición, según la queja presentada al Defensor del Pueblo.

El fiscal que investiga los supuestos abusos se opuso a la extradición, alegando que necesita que la joven permanezca en España para realizar las pruebas pertinentes y que comparezca en el eventual juicio oral contra el policía denunciado, según confirmaron fuentes de la Fiscalía. Además, solicitó a Interior que concediera a la inmigrante un permiso de residencia excepcional por colaboración con la justicia.

La Secretaría de Estado de Seguridad denegó el permiso especial con el argumento de que el delito de abusos sexuales cometido por un funcionario público no es de los que dan derecho a obtenerlo, según las mismas fuentes.

La joven fue trasladada a Orihuela para declarar y hacer prescindible su presencia en el juicio. Sin embargo, el sistema informático del juzgado falló y no se pudo grabar la declaración. El fiscal emitió un nuevo informe insistiendo en que la joven no debía ser expulsada, pero Interior ya ha preparado su extradición. Este periódico intentó sin éxito recabar la versión de Interior.

Según la plataforma que promueve el cierre del CIE de Valencia, la joven permaneció un mes sin salir al patio de Zapadores porque los agentes que vigilaban las salidas eran hombres y estaban preocupados por el antecedente de la denuncia.

La Polic�a Nacional le confunde con un narcotraficante y le propinan una paliza

07 de Jul de 2010 a las ::

Los hechos se sucedieron el pasado viernes 2 de julio, aproximadamente a la una de la tarde, cuando siete agentes de la Policía Nacional agredieron con una "brutal paliza" a Carlos Martín, un peluquero de Lepe (Huelva). La víctima se dirigía hacia el municipio de Isla Cristina para cobrar un recibo, cuando los agentes lo confundieron con un narcotraficante al que seguían la pista.

El agredido ha declarado cinco días después de recibir la paliza que "dos coches le adelantaron de una manera brusca y muy extraña" y cuando paró vio "como salían seis o siete personas que se dirigían armadas hacia mi vehículo", recordó.

Ante tal situación y completamente "asustado y confundido", puesto que "no entendía que pasaba", Carlos se dio a la fuga e "inmediatamente" llamó al 091 para denunciar la situación con la que se topó. Sin embargo, antes de que la llamada de emergencia surtiera efecto, ya le esperaban "otros dos coches de la secreta en una carretera próxima a Lepe", donde Carlos se dirigía.

"Ahí empezó todo" aseveró el agredido. Entonces, vio a un policía y pensó que era su "salvación", pero el despliegue de policías secretas "aumentó" y lo sacaron del coche "sin mediar palabra", lo tumbaron en el suelo y le "pisaron la cabeza", sentenció.

Asimismo, uno de los agentes secretos le esbozó "cabrón, desgraciado a donde te crees que ibas" al tiempo que le propinó "un guantazo" que le "partió la lengua", rememoró el agredido. Como consecuencia Carlos presenta numerosas contusiones en el costado, "contracturas en las cervicales" debido al "pisotón en el cuello" y varios rasguños por todo el cuerpo, aseguró. Además, tiene una "costilla desprendida, el lumbar lesionado y un edema ocular", lamentó.

Tras el equívoco, una vez identificado por la policía, y al comprobar esta que era inocente y que se habían confundido de individuo, le pidieron "perdón" sin embargo, lo dejaron "tirado en mitad de la carretera sin asistencia alguna", denunció.

Carlos acudió al cuartel de la Guardia Civil de Lepe para denunciar la agresión y estos no le facilitaron "una copia de la denuncia", al igual que tampoco "justificaron el porqué".

Una paliza gratuita

Finalmente todo se trató de una confusión puesto que "la policía buscaba una furgoneta blanca, la mía es roja". Aun así Carlos manifestó su descontento con el Cuerpo de Seguridad Nacional, "auque hubiese sido el 'narco' al que buscaban, primero se pregunta y después se actúa", determinó.

Hoy, con la denuncia de por medio, Carlos aseguró que "si se reconoce o no como fallo, todo depende de lo que la justicia diga". Sin embargo, confesó que se niega a quedarse "con la paliza dada", puesto que quienes le han lastimado, "no pueden quedar impunes". La subdelegación del Gobierno de Huelva reconoció hoy el fallo de la Policía Nacional.

Detenidos dos polic�as locales por extorsionar a empresarios en Valdemoro

02 de Jul de 2010 a las ::

Los agentes arrestados actuaban en Valdemoro (Madrid)

"Hay que presionarle. Este tiene que pagar sí o sí". La Guardia Civil ha desarticulado en Valdemoro una presunta mafia policial, que extorsionaba a empresarios e industriales de esta ciudad, situada al sur de Madrid, para que contrataran los servicios de una gestoría y un constructor concretos a cambio de no ser denunciados por supuestas irregularidades administrativas de sus negocios.

La investigación se inició a finales de 2009, cuando una de las víctimas de la presunta trama denunció ante el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro que un agente de la Policía Local le amenazaba con cerrarsu negocio en un polígono industrial si no contrataba los servicios de dos empresas del vecino municipio de Pinto.

Tras ser presionado en varias ocasiones, el industrial decidió seguir al policía. Así descubrió cómo se reunía con el mismo constructor que le había ofrecido reiteradamente sus servicios para subsanar las supuestas irregularidades detectadas en la inspección que había hecho el agente.

'Operación Dádiva'

A partir de ese momento, agentes del Grupo de Policía Judicial del cuartel de Valdemoro iniciaron la bautizada como operación Dádiva, que desembocó el pasado lunes en la detención de los policías municipales Julio P. M. y Javier P. M., del dueño de una gestoría, Amancio O. T., y del constructor Luis M. B., estos dos últimos afincados en la cercana localidad de Pinto.

El jefe de la trama era un construtor, que señalaba a quién "presionar"

Según fuentes conocedoras del caso, los pinchazos telefónicos a los que se sometió a los ahora detenidos permitieron determinar que el presunto jefe de la trama era el constructor. Él indicaba a los policías a qué empresarios tenían que "presionar" para que contratasen sus servicios y los de la gestoría. En ese momento, los agentes uno en los polígonos industriales del municipio y otro en el casco urbano se encargaban de acudir a los negocios a realizar inspecciones sorpresa, en las que siempre afirmaban haber encontrado supuestas irregularidades o la falta de determinadas licencias municipales.

Era en ese momento, siempre según las fuentes consultadas, cuando los agentes "sugerían" a los empresarios que acudiesen a la gestoría del también detenido, para agilizar los trámites, y al constructor, para realizar las obras. A cambio, les prometían paralizar las denuncias que ellos mismos habían redactado.

Con los beneficios que supuestamente obtenían el gestor y el constructor, estos presuntamente entregaban una cantidad a los agentes que, según la información recabada gracias a los pinchazos, nunca era inferior a los 500 euros. De hecho, el constructor hablaba en sus conversaciones de las "carteras de clientes" de cada uno de los agentes.

La investigación ha descartado la implicación de otros funcionarios del ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP. Portavoces del consistorio declinaron ayer comentar las detenciones, al asegurar que no tenían información oficial sobre la misma.

Detenido un polic�a nacional por abusar sexualmente de la mujer que proteg�a

24 de Jun de 2010 a las ::

La Policía Nacional de Huesca ha detenido a un subinspector acusado de abusar sexualmente de una mujer, víctima de violencia de género, a la que custodiaba. El subinspector, que ya ha sido retirado del servicio, se encuentra en libertad con cargos y a la espera de juicio.

Un agente de la Policia Nacional, encargado de proteger un piso con mujeres víctimas de violencia de género, ha sido detenido en Huesca después de que una de ellas le haya denunciado por presuntos abusos sexuales de ella. El agente, que ya se encuentra retirado del servicio, ha sido puesto en libertad con cargos, a la espera de juicio.

El agente detenido, un subinspector en segunda actividad, de unos 50 años, cometió presuntamente los abusos aprovechando sus tareas de custodia. Fueron sus propios compañeros quienes le detuvieron, después de investigar la denuncia de la mujer, una joven extranjera.

Cr�nica de la detenci�n de un fot�grafo de DIAGONAL

23 de Jun de 2010 a las ::

Ayer, martes 22 de junio, sobre las 15.30 horas, se produjo otro más de los controles selectivos a ciudadanos sospechosos (por parte de la policía) de no estar documentados según las leyes españolas. En ese momento, el fotógrafo de DIAGONAL Eduardo León había entrado en el metro y contempló cómo un hombre subsahariano de aproximadamente 30 años de edad se encontraba tumbado y esposado en el espacio que separa las dos líneas de metro de la estación de Lavapiés (Madrid). Sangraba por el labio y en el suelo había varias manchas de sangre. Junto a él se encontraban dos hombres vestidos de paisano que posteriormente se identificaron como policías nacionales.

El fotógrafo, en cumplimiento de su trabajo, se dispupuso a captar la imagen con su cámara. A esto respondieron los dos policías identificándole y obligándole a depositar en el suelo todas sus pertenencias. En ese momento, Eduardo llamó a la redacción de DIAGONAL. De ella salieron cinco personas para prestarle apoyo. A ello reaccionaron los policías nacionales enseñando la placa y diciendo que se separaran de las dos personas retenidas. A Eduardo le insistieron en varias ocasiones para que les diera su cámara, negándose él como es lógico. Los miembros de DIAGAL preguntaron a los policías por qué habían detenido a esa persona inmigrante, a lo que uno de ellos respondió: “Por cosas nuestras que no te incumben”, dejando sin contestación la siguiente pregunta: “¿Porque es negro?”.

Así permaneció la situación durante más de 20 minutos, mientras el detenido africano no paraba de gritarles que le ayudaran a levantarse del suelo, a lo que estos dos individuos se negaron repetidas veces. Finalmente el detenido consiguió levantarse por sí mismo pese a las recriminaciones policiales.

Poco después llegaron dos policías de uniforme, los cuales se llevaron al detenido, mientras que los policías de paisano, junto a un guardia de seguridad del metro, de la empresa Castellana de Seguridad, S. A. (Casesa), se llevaban en metro a Eduardo a la comisaría de la estación de Sol. Allí les acompañaron los demás integrantes de DIAGONAL, y un rato después entraría también el inmigrante detenido.

Allí mantuvieron detenido al fotógrafo durante más de una hora. Eduardo les preguntó en varias ocasiones si estaba detenido, a lo que le respondían que no, pero al mismo tiempo no le dejaban salir. Incluso el guardia de seguridad privada se quedaba vigilando al fotógrafo por orden expresa de los policías cuando éstos salían alguna vez.

Tras tanto tiempo de espera, durante el cual no informaron de nada a los compañeros de DIAGONAL, requisaron a Eduardo la tarjeta de su cámara fotográfica y por fin le liberaron. En el acta levantada, señalan que la tarjeta ha sido “incautada”, sin señalar ningún motivo y formando parte del mismo atestado realizado por la detención del inmigrante.

Un guardia civil es detenido por un altercado en la Feria de Algeciras

22 de Jun de 2010 a las ::

La intervención de la Policía Nacional se salda con tres arrestos.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Algeciras detuvieron durante la celebración del Domingo Rociero a tres personas, una de las cuales es un guardia civil que iba de paisano y que estaba fuera de servicio.

El incidente se generó en el interior de una caseta, que en ese momento estaba llena de personas festejando el primer día oficial de la Feria Real. La Policía Nacional fue avisada porque había un joven que estaba molestando y no querían que fuera a más.

Los agentes que estaban de guardia y los más cercanos al lugar se pasaron por allí y le requirieron que se saliera para poder identificarlo. Es el protocolo que tienen establecidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para no producir alteraciones dentro. Tras él, fueron dos amigos, los que estaban con él, para acompañarlo. Según señalaron testigos, los que salieron no lo hicieron en una actitud precisamente dialogante. Según cuentan, incluso llegaron a negarse a que uno de ellos fuera trasladado.

Todo desembocó en una reyerta en la que se enfrentaron las dos partes. Los puñetazos dejaron secuelas en varios policías, que incluso han necesitado estar de baja por las lesiones. La pelea necesitó del servicio de efectivos de la Unidad Intervención Policial (UIP). Más tarde se supo que uno de los tres apresados era agente de la Guardia Civil. Al parecer, fue uno de los amigos del primer requerido.

El guardia civil condenado por asesinar a su mujer queda en libertad provisional

18 de Jun de 2010 a las ::

El guardia civil Jaime Maíz Sanmartín, declarado culpable de asesinato por el crimen de su mujer, Mari Luz Posse, ha quedado en libertad provisional aunque deberá comparecer tres veces al día en el juzgado de Ferrol, localidad en la que reside, hasta que la sentencia sea firme.

A primera hora de la tarde, el acusado de asesinar a Mari Luz Posse en la casa cuartel de Cambados, en el año 2007, salió por la puerta trasera del Palacio de Justicia de Pontevedra con la obligación de comparecer, esta misma tarde, en el juzgado de Ferrol.

De este modo, Maiz cumplirá las medidas cautelares solicitadas por la acusación y la Fiscalía, ya que el condenado se encuentra en libertad por un error judicial.

Esta medida cautelar dictada por la presidenta del tribunal, y que fue estudiada minutos después de hacerse público el veredicto, exige al asesino de Posse cumplir con un estricto régimen presencial.

Para garantizar el conocimiento de su paradero tendrá que firmar en el juzgado entre las 10 y 11 de la mañana, entre las 15 y las 16 horas de la tarde y entre las 21 y las 22 horas.

El letrado de la familia calificó de "insuficientes las medidas adoptadas", aunque considera que se aumenta el control del acusado para limitar sus posibilidad de fuga, uno de los principales temores de la familia.

Por su parte, la representante de la Fiscalía reconoció que esta nueva decisión se encuentra dentro de los criterios exigidos por su departamento.

Un guardia civil a prisi�n por poner multas falsas a su excu�ada en C�diz

13 de Jun de 2010 a las ::

Un guardia civil que estaba adscrito al puesto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tendrá que ingresar este domingo en prisión tras ser condenado por la Audiencia Provincial a seis años de cárcel y tres de inhabilitación por dos delitos de falsedad documental en documento oficial, al considerar que dos multas que puso en el año 2004 a la ex novia de su hermano eran falsas. El agente pidió el indulto al Consejo de Ministros, que le fue denegado.

La mujer del condenado, Vicenta Sellés, manifestó que "han ido a por él" y calificó los hechos como "algo surrealista", ya que defendió que su marido cuenta con una hoja de servicio "intacta, sin un correctivo ni un arresto".

"Ha estado 20 años en el cuerpo de la Guardia Civil, trabajando para su país, se ha jugado la vida por los españoles y ahora le piden seis años de cárcel por dos multas de tráfico. Es vergonzoso, simplemente han ido a por él", sentenció indignada.

Asimismo, lamentó "el calvario" que están pasando y que ahora se queda "sola" con su hijo, con 421 euros de ayuda familiar y teniendo encima una "enfermedad crónica que a raíz de todo esto ha empeorado".

"A mi hijo le van a quitar a su padre, a sus padres --haciendo referencia a los progenitores del Guardia Civil-- le van a quitar a su hijo y a mí me van a quitar a mi esposo. Me voy a quedar sola, con una enfermedad crónica que tengo. Me van a quitar una parte muy, muy querida de mi vida", comentó visiblemente afectada.

La esposa del Guardia Civil condenado calificó el juicio celebrado en 2007 contra su marido como "de vergüenza y bochornoso" y señaló que la ex novia del hermano "no presentó testigos ni pruebas y fue sin abogado". De hecho, afirmó que lo único que alegó es que hacía "muchos años" que no iba a Sanlúcar de Barrameda y no cogía por esa carretera, si bien no justificó ni siquiera con un papel el no haber estado en esas dos ocasiones que la multaron en otro sitio diferente.

Asimismo, manifestó que el indulto le iba ser concedido, "pero la Guardia Civil ha mandado una hoja lo más desfavorable posible", por lo que insistió en que "han ido a por él". Además, calificó de desproporcionada la condena, ya que recordó que hay otro tipo de delitos, incluso de sangre, en donde las condenas son menores.

Esta madre de familia, "indignada" pidió "Justicia" para su marido, ya que como dijo, "no ha cometido ningún delito, no ha matado ni violado, no ha traficado con drogas, no ha hecho nada, simplemente cumplir con su trabajo", al tiempo que se preguntaba "¿qué Justicia hay en España?".

Detenido un cabo de la Guardia Civil por ayudar a asaltar chal�s en Murcia

05 de Jun de 2010 a las ::

Un cabo de la Guardia Civil y otras ocho personas han sido detenidos por su supuesta implicación en varios robos con violencia e intimidación perpetrados en viviendas de Alicante y Murcia cuando sus moradores, principalmente empresarios, se encontraban dentro.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado hoy que "los objetivos preferidos" de la banda eran empresarios de alto nivel adquisitivo, a los que mantenían toda la noche maniatados para infundirles miedo y evitar denuncias.

La organización delictiva, cuyos integrantes fueron arrestados el pasado día 2, empleaba armas de fuego para intimidar a sus víctimas y también les sustraía sus vehículos para exigirles importantes cantidades de dinero en efectivo para su devolución.

La última de las actividades delictivas atribuidas a la banda es el secuestro ocurrido el 31 de mayo en Santiago de la Ribera (Murcia) de un hombre, a quien los delincuentes mantuvieron maniatado a un sillón hasta que su esposa entregó los 3.000 euros de que disponía para su liberación, comprometiéndose a pagar otros 20.000 al día siguiente.

Los arrestados -ocho hombres y una mujer- son de nacionalidades rumanas y españolas, y tienen entre 21 y 50 años, según las mismas fuentes.

A seis de ellos se les imputan los presuntos delitos de robo con violencia, secuestro, lesiones, detención ilegal y asociación ilícita.

Al séptimo, además de estos hechos, se le atribuye también un presunto delito de revelación de secretos debido a su condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que se trata de "un cabo de la Guardia Civil de Murcia", según fuentes próximas a la investigación.

El resto de los arrestados está acusado de los delitos de receptación al estar en posesión de un teléfono móvil sustraído en uno de los robos con violencia.

En cuatro registros practicados en sendos domicilios de la Región de Murcia, los agentes se han incautado de un vehículo de alta gama que había sido robado en Castellón y que era utilizado por la banda con las placas dobladas para desplazarse hasta el lugar donde cometía sus acciones delictivas.

También han recuperado varios efectos electrónicos y teléfonos móviles, dos pistolas y joyas.

Las investigaciones comenzaron a raíz de un robo registrado el pasado 17 de febrero en una urbanización de Orihuela-Costa, donde cuatro individuos cubiertos con pasamontañas golpearon, amenazaron y maniataron a las personas que se encontraban en el domicilio, tras lo cual sustrajeron dinero, joyas y efectos por un valor total de 110.000 euros.

Además, robaron un vehículo de alta gama que luego fue recuperado en la localidad murciana de Torre Pacheco.

La madrugada del pasado 25 de febrero y en la misma urbanización, cinco individuos armados con pistolas y cubiertos con pasamontañas, irrumpieron en una vivienda y amenazaron al propietario, de quien lograron que les facilitara dos tarjetas de crédito con sus correspondientes números secretos.

Mientras esta persona era retenida en su casa por parte de algunos de los delincuentes, otros de los ahora detenidos realizaron varias extracciones en cajeros automáticos de Torremendo y Orihuela.

Una vez que regresaron a la vivienda, los ladrones se apoderaron del vehículo y lo devolvieron al día siguiente a su propietario a cambio del pago de 10.000 euros.

El 17 de marzo y en otra vivienda cercana la citada urbanización, nuevamente cuatro personas con el rostro cubierto y armadas con pistolas amenazaron y retuvieron a una familia para que les facilitara la tarjeta de crédito con su correspondiente clave, con la que lograron 6.000 euros de un cajero cercano.

Igualmente, se apropiaron del vehículo de la familia, que lo recuperó al cabo de 24 horas en Dolores de Pacheco (Murcia) después de pagar 30.000 euros a los ladrones.

También se le atribuye al grupo otro robo con violencia producido el 13 de febrero en esa última población murciana, donde el encargado de una finca sufrió lesiones graves al negarse a facilitar las llaves para que los ladrones accedieran a la vivienda.

Condenado un polic�a nacional por abusar sexualmente de una detenida en Ciudad Real

04 de Jun de 2010 a las ::

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a cuatro años de prisión al policía nacional R.M.M. como autor de un delito de abuso sexual en la persona de una detenida.

Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), R.M.M. también es condenado a la inhabilitación especial para el ejercicio de la función de policía nacional o cualquiera otra relacionada con la seguridad y vigilancia pública o privada durante el tiempo de la condena.

El fallo recoge también la prohibición de aproximación a la víctima, C.A.E., a una distancia inferior a 400 metros, así como la prohibición de comunicación durante un periodo de cinco años.

En la sentencia se declara probado que el 26 de junio de 2008, el acusado, que se encontraba desempeñando sus funciones como agente del Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría Provincial de Ciudad Real, abusó sexualmente de C.A.E. en las dependencias de los calabozos de dicha Comisaría, abuso sexual que se cometió, según se recoge en los fundamentos de Derecho de la sentencia, con "prevalimiento-manifiesta superioridad-".

El delito, según se indica, ha quedado probado por la declaración de la víctima, considerada como "contundente, persistente, creíble, veraz y suficiente" y por elementos de prueba tales como: el reconocimiento por parte del acusado de la existencia de relaciones sexuales, aunque en el juicio negó que fueran completas.

No obstante, el resultado del examen de perfiles genéticos revela la existencia de contacto entre acusado y víctima, además de hallarse vello púbico del acusado en la celda donde la víctima dice que ocurrieron los hechos.

Asimismo, en la resolución judicial se tiene en cuenta la declaración de otra mujer que en el momento de los hechos se encontraba también detenida en los calabozos de la Comisaría de Policía de Ciudad Real.